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Crisis en Venezuela

Los presos políticos están en el centro de la negociación entre Maduro y la oposición

Pese a que para el gobierno de Maduro no hay presos políticos y dice que quienes están detenidos es por transgredir las normas, la ONG Foro Penal Venezolano contabiliza 109 arrestados por motivos políticos. Con el proceso de diálogo se abre una puerta a su liberación.
17 Nov 2016 – 4:27 PM EST

CARACAS, Venezuela.- Mónica Santamaría nunca olvidará la llamada telefónica que recibió aquella madrugada del 25 de julio de 2014. “Hermana, estoy en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la avenida Urdaneta, en la capital de Venezuela. Me están deteniendo por terrorista, nada de esto es verdad, ayúdame, busca una abogado”. No alcanzó a responder, solo escuchó y, de inmediato, todo fue silencio.

A partir de ese instante, la vida de esta docente de 52 años cambió para siempre. “No sabía qué hacer”, recuerda compungida. Por un momento pensó que se trataba de una broma. Pero no. La voz era la de José Luis, su hermano. Un tipo absolutamente desconocido, soltero, padre de un adolescente, que un mal día terminó en una mazmorra acusado de terrorismo, fabricación de explosivos y asociación para delinquir.


José Luis Santamaría, técnico electrónico de profesión, ni siquiera milita en un partido. No es dirigente, es masa. Uno más entre esas miles y miles de personas que en los últimos años han salido a las calles de Venezuela a manifestar su rechazo al Gobierno chavista. Sin embargo, ahora figura en el registro de 109 presos políticos que contabiliza la ONG Foro Penal Venezolano (FPV).

En esa lista destacan el fundador del movimiento opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, el ex alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, y el antiguo gobernador del estado Zulia y candidato presidencial, Manuel Rosales. Junto con ellos aparecen, entre otros, un administrador, una jueza, estudiantes, abogados, policías, comerciantes, editores de medios digitales y hasta tuiteros. Personajes anónimos que solo comparten una característica con sus líderes: adversar a la revolución socialista del presidente Nicolás Maduro.

El director del FPV, Alfredo Romero, divide a los presos políticos en tres categorías. “En primer lugar, están los dirigentes como López y Ledezma, que son detenidos para sacarlos del juego político”. López fue condenado a 13 años de prisión por convocar las protestas callejeras que demandaban la salida de Maduro a principios de 2014, al tiempo que Ledezma cumple arresto domiciliario señalado de conspirar contra el régimen.

En segunda instancia, existen castigos que son utilizados por el poder para intimidar a todo un colectivo, según explica Romero. En esta clasificación entraría la jueza María Lourdes Afiuni, cuyo encarcelamiento en diciembre de 2009 envió un claro mensaje a los miembros del sistema judicial venezolano.

“A la jueza esa deberían meterle 30 años de cárcel. Simón Bolívar hizo un decreto: aquel que tome un centavo del Tesoro público será pasado por las armas, es decir, fusilado y el juez que no lo hiciera será también pasado por las armas”, declaró en 2009 el presidente Hugo Chávez tras la detención de Afiuni. La jueza había firmado la liberación del empresario Eligio Cedeño, tachado de “bandido” por el Gobierno venezolano.

El portavoz del FPV completa el cuadro con aquellos que, a su juicio, son aprehendidos para justificar la propaganda o el discurso del régimen y cita el ejemplo de los comerciantes que caen tras las rejas en medio de la “guerra económica”. En esta celda particular también tiene un espacio el propio José Luis Santamaría, quien lleva dos años esperando por un juicio que le permita demostrar su inocencia, aunque ya el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, adelantó sentencia en su programa de televisión al vincularlo con un supuesto plan “desestabilizador”.

Justicia roja

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) incluyó la liberación de todos los presos políticos en la agenda del proceso de diálogo que desarrolla con el Ejecutivo nacional desde el 30 de octubre, y que cuenta con el apoyo del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El chavismo niega que persiga a la disidencia y aclara que en Venezuela solo hay “políticos presos” por transgredir las normas.


Romero cree que el Jefe de Estado “utiliza a los presos políticos como rehenes para una negociación”. El hecho de que las partes iniciaran sus acercamientos en mayo con el acompañamiento de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), no evitó que el Gobierno apresara a representantes de la oposición como Yon Goicoechea y Delson Guarate, y al periodista chileno-venezolano Braulio Jatar por difundir a través de las redes sociales el video del cacerolazo que recibió Maduro el 2 de septiembre en la isla de Margarita.

La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Amnistía en marzo pasado, honrando así una de las promesas electorales ofrecidas por la MUD en la campaña que la condujo al triunfo en las elecciones del 6 de diciembre de 2015. Atendiendo una solicitud de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló este instrumento por considerarlo inconstitucional.

“Nadie puede perfumar el hedor, el estiércol, de esta ley nauseabunda, de esta ley criminal (…) si se aprobara esta ley, Venezuela entraría en un ciclo de guerra civil”, aseveró el Jefe de Estado, que posteriormente celebraría el fallo judicial que impidió abrir las puertas de las cárceles donde están recluidos dirigentes y militantes opositores.

La decisión del TSJ no sorprendió a Theresly Malavé. Mucho antes de que la comunidad internacional encendiera sus alarmas para criticar la represión en el país, la directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela sintió en sus propias carnes el comienzo de la partidización del Poder Judicial venezolano.

Malavé asumió la defensa de los efectivos de la extinta Policía Metropolitana que la revolución chavista culpó por los hechos de violencia que desembocaron en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Durante el juicio, la abogada observó cómo todos sus argumentos eran desechados, mientras que el Ministerio Público repetía la misma versión que el oficialismo difundía a través de su aparato propagandístico.

La jueza que condenó en abril de 2003 a los funcionarios policiales, Marjorie Calderón, ingresó al TSJ en diciembre de 2014 y preside actualmente la Sala Social del máximo juzgado. “Desde que Chávez llegó al poder en 1999, empieza a transformar nuestra estructura republicana, toma el control del Poder Judicial, nombra a sus magistrados y liquida la independencia de poderes”, sostiene la activista de Derechos Humanos.

Con Maduro, la situación no ha mejorado. Al contrario. Así como aumentan los precios y la escasez de productos básicos y medicinas, se incrementa la persecución, según el Foro Penal Venezolano. “Cuando Chávez abandonó el poder, había 11 presos políticos. En este momento registramos 109, pero en este periodo que comenzó en 2013 hemos tenido hasta 420 presos políticos y más de 6,000 arrestos con fines políticos por participar en manifestaciones de diverso tipo”, apunta Romero. Muchos de estos casos ocurrieron en 2014, cuando un sector de la oposición encabezado por López llamó a protestar contra Maduro para removerlo del palacio de Miraflores.

Las condiciones de reclusión se convierten en un castigo adicional. Algunos disidentes son obligados a convivir con asesinos, violadores y miembros de bandas criminales en cárceles de alta peligrosidad. Otros están encerrados en centros militares y en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en cuyos sótanos funcionan unas celdas de 2x3 metros, que se mantienen a bajas temperaturas e iluminadas permanentemente con luces blancas las 24 horas del día. Por su particular crueldad, esos calabozos son conocidos con el mote de "la tumba".

En manos del régimen chavista, los presos políticos denuncian que son víctimas de torturas físicas y psicológicas. No solo se trata de golpes, insultos, restricciones a las visitas familiares, amenazas y requisas violentas, sino hasta de vulnerar su derecho a recibir una adecuada y oportuna atención médica para evitar que el agravamiento de alguna patología ponga en peligro sus vidas.


Malavé resalta que el régimen chavista incorporó una nueva modalidad para hostigar a sus adversarios: el uso de los llamados “patriotas cooperantes”, especie de agentes encubiertos que delatan o incriminan a opositores. “Son los ‘sapos’ del Gobierno, que se sirve de estas personas no identificadas para levantar actas con la finalidad de encarcelar a la disidencia”, alerta la experta legal.

¿Ahora sí?

María Isabel Bolívar confiesa que sufre un calvario interminable. “Es un dolor inmenso, una herida que no cierra”, describe con la voz entrecortada. Carga con esta cruz desde hace 14 años y cada vez la siente más pesada. Esta jubilada de 59 años es la tía de Erasmo Bolívar, policía que purga una pena de 30 años de prisión por los sucesos de 2002.


Erasmo cumplió 41 años el 19 de octubre y tiene tres hijos. La menor, de 11 años, solo ha jugado con su padre en la cárcel. La señora María Isabel comenta que por estos días su sobrino no duerme. En realidad, la familia tampoco. Los rumores de próximas liberaciones de presos políticos avivan la llama de una esperanza que intenta no extinguirse.

“Primero fue la Ley de Amnistía. Ahora, es la mesa de diálogo. Nos dicen que hay una lista de presos políticos que resultarán beneficiados, pero parece que allí no están los policías. Esto es algo muy cruel, uno ya no sabe qué debe pasar para que termine esta pesadilla”, exclama aferrada a los restos de su fe.

Aunque la MUD da por hecho que pronto un grupo de presos políticos recuperará su libertad, las ONG dudan de la voluntad de Maduro. Estiman que el chavismo no soltará fácilmente una de las bazas que esconde para presionar a sus rivales en la mesa de negociación. Al margen de esta discusión, María Isabel Bolívar, agotada, sigue esperando un milagro. “El problema es que esta gente es mala y aquí la justicia también está privada de libertad”, lamenta.

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