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Crisis en Venezuela

Las claves del juicio político de la Asamblea Nacional contra el presidente Nicolás Maduro

La mayoría opositora en la Asamblea Nacional de Venezuela se juega este martes una de sus últimas cartas para ejercer control legislativo sobre el Ejecutivo chavista. Aquí, lo que hay que saber para entender qué llevó al mandatario a este escenario y lo que podría pasar a partir de ahora.
1 Nov 2016 – 1:12 AM EDT

Caracas, Venezuela. - La Asamblea Nacional de Venezuela inició este martes el proceso para activar un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro. A continuación se exponen las claves de un proceso que agudizará el choque de poderes que estremece el tablero político del país.

¿Qué hecho provocó el enfrentamiento definitivo entre la mayoría opositora del Parlamento y el gobierno chavista?

Cinco tribunales penales provinciales admitieron las denuncias de "fraude" que presentó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y ordenaron el jueves 20 de octubre al Consejo Nacional Electoral (CNE) la suspensión de la recolección de firmas que permitiría activar el referendo revocatorio, impulsado por la oposición para defenestrar al presidente Maduro este mismo año. Luego de que el CNE decidiera paralizar el proceso, que debía llevarse a cabo del 26 al 28 de octubre, la oposición anunció que desarrollaría acciones de calle y un juicio político desde el Poder Legislativo para sancionar al Jefe de Estado venezolano.

¿Cuáles son los argumentos que esgrime la MUD para adelantar este juicio político contra Maduro?

En una sesión especial celebrada el domingo 23 de octubre, que se vio interrumpida por más de media hora luego de que militantes chavistas asaltaran el Palacio Federal Legislativo, el Parlamento acordó "iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República".


La mayoría planteó la figura de "abandono del cargo", una de las causales de "falta absoluta" que establece el artículo 233 de la Carta Magna bolivariana. El diputado Luis Emilio Rondón aclaró que este principio "no se trata simplemente del abandono físico del gobierno", sino que guarda relación con el "no cumplimiento de la Constitución".

Igualmente, la legisladora Dennis Fernández señaló que evaluarán el tema de la nacionalidad de Maduro. Fernández asegura que la madre del mandatario venezolano "es ciudadana colombiana" y que el líder chavista también lo sería. El artículo 227 del texto fundamental estipula que "para ser elegido Presidente de la República se requiere ser venezolano por nacimiento (y) no poseer otra nacionalidad".

¿El tema de la nacionalidad puede hacer caer a Maduro?

No. El Tribunal Supremo de Justicia sentenció el viernes 28 de octubre que Maduro "nació en la ciudad de Caracas, para entonces, Departamento Libertador del Distrito Federal, Parroquia la Candelaria, el 23 de noviembre de 1962". De esta manera, trató de zanjar el debate sobre la verdadera nacionalidad del Jefe de Estado.

¿Cuáles son los artículos de la Constitución que sustentan esta acción de la Asamblea Nacional?

Además de los artículos 227 y 233, el diputado y abogado constitucionalista Juan Miguel Matheus recuerda que el 222 apunta que "la responsabilidad política es un procedimiento sancionatorio de control parlamentario que ejerce la Asamblea Nacional sobre cualquier funcionario público", incluido el Jefe de Estado.

El parlamentario agrega que "la declaratoria de responsabilidad política encuentra fundamento constitucional en el principio general de responsabilidad jurídica de los funcionarios públicos contenido en el artículo 25 de la Constitución, así como en el principio de responsabilidad individual de los funcionarios públicos por abuso o desviación de poder y por actuaciones contrarias a la Constitución y a la ley (artículo 139 de la Constitución)".

¿La declaración de responsabilidad política por parte de la Asamblea Nacional implica la destitución de Maduro?

No. Matheus expone que "la declaratoria de responsabilidad política es una sanción moral, que no implica destitución ni remoción del Presidente de la República. En el constitucionalismo venezolano se asume que el Presidente tiene origen democrático al ser electo por el voto popular, y solo puede ser revocado a través del derecho político al referendo revocatorio consagrado en el artículo 72 de la Constitución".

Para que procediera un antejuicio de mérito contra Maduro deberían intervenir la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, poderes absolutamente dominados por el chavismo.

¿Responsabilidad política es lo mismo que "abandono del cargo"?

No. Matheus explica: "El abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional crea la falta absoluta del Presidente. Si dicha falta absoluta se produce dentro de los primeros cuatro años del período presidencial, el vicepresidente de la República asume temporalmente la Presidencia y deben realizarse elecciones presidenciales dentro de los 30 días consecutivos siguientes a la declaratoria de abandono del cargo que causa la falta absoluta. Si la falta absoluta por declaratoria de abandono del cargo ocurre dentro de los dos últimos años del período presidencial (a partir del 11 de enero de 2017), el período debe ser terminado por el vicepresidente".

El "abandono del cargo" este año tendría un efecto similar al del revocatorio, que ya ha sido bloqueado por el Gobierno.

¿Puede Maduro ejercer su derecho a la defensa ante la plenaria del Parlamento?

Sí. El Presidente ha sido convocado por la Asamblea Nacional para que comparezca ante la plenaria durante la sesión de este 1 de noviembre a las 3:00 de la tarde.

¿Existe la posibilidad de que esta decisión del Parlamento sea acatada por el Ejecutivo nacional y el resto de los poderes públicos?

No. El Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea Nacional, determinando que todas sus actos son "manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica". El máximo juzgado ha dictado 28 sentencias contra el Poder Legislativo, limitando sus competencias y facultades constitucionales.


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