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Senadores estadounidenses proponen sanciones al gobierno de Ortega para detener la violencia

Un grupo bipartidista de senadores busca medidas más duras para castigar a los funcionarios nicaragüenses por "graves abusos contra los derechos humanos" durante las protestas antigubernamentales.
12 Jun 2018 – 06:36 PM EDT
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Policemen fire rubber bullets to engineering students who took to the streets to protest the government's reforms in the Institute of Social Security (INSS) in Managua on April 19, 2018. (Photo by Inti Ocon / AFP) (Photo credit should read INTI OCON/AFP/Getty Images) Crédito: Getty Images

WASHINGTON, DC.- A medida que aumenta la presión sobre el presidente nicaragüense Daniel Ortega, el Congreso de Estados Unidos está considerando una nueva legislación para castigar los abusos contra los derechos humanos por parte de su gobierno durante la reciente ola de protestas callejeras que ha cobrado 130 vidas.

Una enmienda presentada el martes en el Senado a un proyecto de ley de presupuesto del Departamento de Defensa busca bloquear los bienes y prohibir el ingreso a Estados Unidos de cualquier funcionario o persona que actúe en nombre del gobierno de Nicaragua, "que haya perpetrado o sea responsable de ordenar (...) graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua contra personas asociadas con las protestas", según una copia de la protesta obtenida por Univision Noticias.

Las sanciones también se aplicarían a cualquier persona responsable de socavar instituciones democráticas en Nicaragua o actos importantes de corrupción, "incluida la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal".

La semana pasada, los obispos del país le presentaron a Ortega una propuesta para un fin negociado de la crisis que depende de su aceptacion de elecciones anticipadas el próximo año, apenas a la mitad de su actual mandato de cinco años.

Ortega también se reunió el fin de semana con la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, y un alto funcionario del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Caleb McCarry, en un encuentro donde también se discutió el tema de las elecciones anticipadas, según informaciones de los medios locales.

Las protestas estallaron en abril después de que Ortega decretó una reforma impopular al sistema de seguridad social que elevó los impuestos y redujo los beneficios, sin ninguna discusión política previa. Cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes, incluidos los jubilados, la crisis rápidamente se convirtio en un movimiento que busca la renuncia de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Organismos de derechos humanos han documentado tiroteos por parte de la policía y colectivos armados progubernamentales, lo que indica un patrón de tácticas de "disparar a matar", incluido el uso de rifles de francotirador para apuntar a los manifestantes en la cabeza y el tórax.

La escala y la crueldad de los asesinatos han conmocionado a los nicaragüenses y a los observadores externos de un país que, hasta abril, había estado relativamente estable durante años e incluso se había convertido en un popular destino turístico para los jubilados estadounidenses.

"Es difícil comprender que están matando a la gente en las calles a sangre fría. Es escandaloso y atroz", le dijo un funcionario del Senado a Univision Noticias. "Tiene que haber alguna forma de responsabilidad. Esta enmienda es una gran señal de que estamos enfocados en este tema y que este tipo de acción tiene repercusiones ".

La propuesta tiene un largo camino por recorrer

La enmienda es una de las muchas que se debatirán esta semana en el Senado en relación con el presupuesto militar. Si se aprueba, aún necesitaría un voto en la Cámara de Representantes y es poco probable que llegue a una votación final antes de julio como muy pronto o en septiembre después de que el Congreso regrese de su receso de verano.

El liderazgo de Ortega está ahora seriamente amenazado y la imagen pacífica del país está hecha pedazos, con la actividad económica paralizada a raíz de más de 125 'tranques' (barricadas) por las carreteras del país. Las comisarías de policia de varios pueblos y ciudades también están bajo el asedio de las fuerzas antigubernamentales, dirigidas por estudiantes universitarios armados con morteros caseros.

La enmienda del Senado no cita nombres, pero llega solo unos días después de una carta de miembros de ambas cámaras del Congreso instando a la administración Trump a usar su autoridad bajo la llamada Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos para responsabilizar a funcionarios en Nicaragua por abusos contra los derechos humanos y actos de corrupción.

La carta expresó específicamente su preocupación con respecto a las acciones de la Policía Nacional en la represión y citó la corrupción asociada con Albanisa, una subsidiaria de la compañía petrolera estatal venezolana PdVSA, que tiene grandes propiedades en Nicaragua bajo el control de Ortega. La carta nombró a dos funcionarios, Francisco López, vicepresidente de Albanisa, y Francisco Díaz, comisionado adjunto de la Policía Nacional y su director de facto.

La enmienda del Senado fue propuesta por el demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey, con el apoyo bipartidista de otros cuatro senadores, incluidos los republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, además del demócrata Bill Nelson.

La enmienda acusa al gobierno de Ortega de responder a las protestas antigubernamentales "con fuerza excesiva y asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad pública".

Agrega que un informe del Departamento de Estado de EEUU sobre prácticas de derechos humanos en Nicaragua el año pasado encontró que, después de 11 años en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) gobierna de forma "concentrada de facto en un solo partido" con "carencia casi total" de independencia judicial, "así como amenazas y acoso contra periodistas y medios independientes".

La semana pasada, el Departamento de Estado de los EEUU también anunció restricciones de visas para policías y funcionarios del gobierno municipal, así como un empleado no nombrado del Ministerio de Salud considerado responsable de "dirigir o supervisar la violencia" contra los manifestantes pacíficos.

"La violencia política de la policía y los matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, en particular los estudiantes universitarios, muestra una flagrante falta de respeto por los derechos humanos y es inaceptable", dijo.

"Estos funcionarios han operado con impunidad en todo el país, incluso en Managua, León, Estelí y Matagalpa", agregó.

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