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Univision Investiga

Políticos y empresarios mexicanos figuran en cuentas congeladas por supuestos vínculos con cartel de Jalisco

Univision Investiga obtuvo en exclusiva 20 solicitudes de congelamiento de cuentas bancarias a más de 1,000 personas y empresas en México, sospechosas de participar en una red financiera que opera el cartel de Jalisco Nueva Generación o ligadas a casos de corrupción oficial.
15 Jul 2020 – 12:51 PM EDT
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El 26 de junio, el jefe de la policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue atacado con armas de alto calibre. Dos de sus escoltas murieron y él quedó herido. Las autoridades identificaron como autor intelectual del ataque a Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, encargado de las operaciones del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta.

Vallarta es una ciudad turística en el Pacífico mexicano, enclave del cartel. Montero Pinzón goza de la confianza del líder del CJNG, Nemesio 'El Mencho' Oseguera, según las autoridades y la prensa mexicana.

Él no era un desconocido para el gobierno mexicano. Tres semanas antes del ataque a García Harfuch, el 2 de junio, sus cuentas bancarias habían sido congeladas. Su nombre es parte de una amplia operación de congelamiento de cuentas que incluye a personas y negocios presuntamente vinculados con actividades financieras del CJNG. Están en esa lista también los nombres de algunos políticos.

Univision Investiga obtuvo en exclusiva 20 solicitudes de congelamiento de cuentas que forman parte del operativo Agave Azul, que denunció a casi 2,000 personas y empresas como sospechosas de lavar dinero para el CJNG.

"No hay antecedentes de algún mapa tan grande sobre la ruta de operación del CJNG. No recuerdo una operación de este tamaño antes desde México", dijo Salvador Mejía, experto en lavado de dinero, consultado por Univision sobre los documentos.

De acuerdo con la legislación mexicana, una vez que las cuentas son congeladas continúan las investigaciones, para establecer si hay elementos suficientes para presentar denuncias penales. Las autoridades anunciaron que muchos señalados ya se investigan penalmente, pero no especificaron cuántos ni quiénes.

"Faltará que estos bloqueos lleguen a denuncias y se investigue cada caso", dijo Mejía.

Entre los individuos con cuentas congeladas está Tarek Abdala, extesorero de la secretaría de Finanzas de Veracruz y señalado como operador de un multimillonario desvío de dinero público en ese estado, por el que ahora está preso su exgobernador, Javier Duarte.

El abogado de Abdala, Eduardo Amerena, confirmó a Univision que las cuentas de su cliente están congeladas, pero rechazó categóricamente que él haya estado vinculado con el narcotráfico. Dijo que pocas horas antes de que Abdala fuera incluido en la lista, una persona de la Fiscalía federal trató de extorsionarlo. "Este es el costo de no haber aceptado", declaró vía telefónica a Univision.

El megaoperativo en México tuvo ayuda estadounidense, gracias al creciente interés de Washington en el CJNG, dijeron fuentes familiarizadas con la investigación. Este grupo criminal es considerado por Estados Unidos como el cartel con mejor capacidad de armamento en México y uno de los más poderosos del mundo.


Durante meses, según las fuentes, la unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de México colaboró con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para detectar a personas y empresas, desde políticos locales hasta compañías, relacionadas con el CJNG.

Los documentos indican que el cartel opera sus finanzas legales principalmente a través de empresas de construcción, alimentos y consultorías, desde los estados de Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz y Guanajuato.

Uno de los operadores que aparece en los registros de más compañías –cuyas cuentas fueron congeladas– es Rubén Flores Alejo. Él viajaba constantemente entre varios estados para inscribir empresas, según pudo confirmar Univision Investiga en una búsqueda en los registros públicos estatales. Flores fue detenido en 2017. La prensa lo identificó entonces como "consultor financiero para el CJNG". Univision no pudo localizarlo para una entrevista, ni confirmar si aún se encuentra en prisión.

"Para ellos es muy importante dispersar el dinero obtenido de manera ilícita e ingresarlo al sistema financiero con empresas legales. Esto lo sabíamos. Lo que nunca habíamos visto era exactamente cómo funcionaba ni a través de quiénes", dijo Mejía.

Univision Investiga obtuvo los documentos de dos fuentes confidenciales, una en un banco y otra en la Comisión Nacional Bancaria de México. Muestran que el 2 de junio desde Hacienda se ordenó el congelamiento inmediato de las cuentas. Al día siguiente, los bancos recibieron la orden, clasificada como "reservada y confidencial".

El 3 de junio, el gobierno mexicano anunció que se habían congelado casi 2,000 cuentas. A los bancos consultados por Univision llegaron un poco más de 1,000. Univision no pudo confirmar cuáles son las otras cuentas, a quiénes pertenecen, ni por qué hay una diferencia de casi mil cuentas entre lo que anunció el gobierno y lo que solicitaron a los bancos.

Con los documentos obtenidos, Univision Investiga elaboró una base de datos y analizó quiénes eran las personas y empresas mencionadas en las solicitudes de congelamientos de cuentas bancarias.

Las órdenes de congelamiento fueron incluidas en el acuerdo 74/2020 y se dividieron en varios oficios, que abarcan grupos de personas por distintos temas. Unos incluyen a familiares de los jefes del cartel, otros a políticos, unas más a empresarios y supuestos operadores de menor rango.

"Si las cuentas forman parte del mismo acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que interpretarían los bancos es que se tratan del mismo caso, esta vez, de operaciones posiblemente relacionadas con el cartel de Jalisco", dijo Mejía, quien fue Oficial de Cumplimiento de un grupo financiero, antes de tener su propia consultoría para temas antilavado.

La tarde del 3 de junio, Santiago Nieto anunció que el operativo había sido exitoso. Nieto es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de México y uno de los funcionarios mexicanos que trabaja en mayor colaboración con el gobierno de Estados Unidos, dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Nieto dijo a la prensa que aparecían en la lista "desde sicarios hasta servidores públicos". Él no respondió a una solicitud de entrevista para este artículo.

Entre los políticos con cuentas personales bloqueadas está Eduardo Cervantes Aguilar, alcalde del municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco. Aparece también su hermano Alberto, director jurídico del mismo ayuntamiento y tres hermanos más.

A principios de junio, el joven Giovanni López fue asesinado por la policía de Ixtlahuacán, luego de que lo detuvieron por no usar cubrebocas. El caso provocó protestas en varias ciudades de México, como parte del movimiento iniciado en Estados Unidos #BlackLivesMatter.

Tres policías fueron detenidos y el gobierno estatal tomó el control de la seguridad pública del municipio. El alcalde, que en un principio pidió que no se politizara el caso, nunca acudió a declarar.
La prensa local reportó que Cervantes estaba entre los investigados por Hacienda, pero se desconocía que también a cuatro miembros de su familia les habían bloqueado las cuentas. Ni en el municipio ni en el celular del alcalde respondieron llamadas ni mensajes de Univision.


En los documentos se mencionan a 28 personas y empresas que antes habían sido señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En la mayoría de los casos, sus cuentas y operaciones en México se mantuvieron intactas en los últimos años.

En administraciones anteriores, funcionarios mexicanos declararon a Univision Investiga que México es un país soberano y por tanto no debe acatar como propia una investigación estadounidense.

Extesorero en Veracruz niega vínculos

La mayoría de los señalados desde la política fueron funcionarios locales. Uno de los de mayor rango es Abdala, quien fue tesorero de la secretaría de Finanzas de Veracruz y señalado por la fiscalía local como operador de un multimillonario desvío de dinero público en ese estado, por el que ahora está preso su exgobernador, Javier Duarte.

“Nunca habíamos podido vincular periodísticamente a Abdala, ni a nadie del círculo cercano de Duarte, con el narcotráfico, esto es algo nuevo”, dijo Arturo Ángel, reportero de Animal Político, que descubrió la trama de corrupción que llevó a Duarte a la cárcel y autor del libro Duarte, el priista perfecto.

Entre 2012 y 2015, Abdala fue tesorero en Veracruz. Luego fue diputado. Ahora, su nombre está incluido en más de 40 investigaciones locales y federales que indagaron la malversación de más de 3,000 millones de dólares del erario en ese estado del sureste mexicano.

Abdala se convirtió en testigo colaborador de la fiscalía federal y declaró que la exesposa de Duarte, Karime Macías, le ordenó transferir unos 42 millones de dólares a empresas de papel y medios de comunicación locales. Ella lo denunció, aludiendo que esas declaraciones eran falsas. "Esa denuncia no nos ha sido notificada, no conocemos sus detalles", dijo el abogado de Abdala.

En junio de 2019, el gobierno estatal de Veracruz acusó nuevamente a Abdala, esta vez por desvíos de otros 25 millones de dólares. Él no ha declarado en esos casos y dijo que su compromiso como testigo era únicamente con la investigación federal.

Horas después de la entrevista de Univision con su abogado, Abdala presentó un escrito a la fiscalía federal, alegando que nunca ha tenido vínculos con el narcotráfico y denunciando que fue extorsionado. En el mismo, solicitó saber si se encuentra incluido en alguna investigación por narcotráfico.


"Que me informe si existe al día de hoy alguna imputación en mi contra (…) si cuentan con documento alguno que me relacione con alguna asociación criminal", escribió Abdala en el documento que su abogado envió a Univision. La fiscalía aún no ha respondido.

Su escrito a la fiscalía tiene sello de recibido el 8 de julio, horas después de que Univision Investiga habló con su abogado. Abdala escribió que había quedado "inquieto" con la noticia de que su nombre había sido incluido en el mismo acuerdo de congelamiento de cuentas donde están varios jefes del CJNG.

Añadió que los datos que había aportado como colaborador de las autoridades fueron clave para que Duarte “admitiera su responsabilidad por el delito que se le imputaba, y consintiera la aplicación de un procedimiento abreviado, por el que recibió una condena de nueve años”.

Al haber colaborado, sigue el escrito, Abdala ha seguido teniendo que atender "las consecuencias de mi actuar" ya que su dicho "impactó negativamente a terceros, cuyos intereses se vieron afectados por el contenido de mis declaraciones y datos de prueba aportados".

Su abogado afirmó que Abdala continúa siendo testigo colaborador de la Fiscalía y que están combatiendo legalmente la orden de aprehensión en su contra, girada por la fiscalía veracruzana.

Su inquietud actual proviene, dice el documento, de que un alegado involucramiento con el crimen organizado "podría demeritar mi credibilidad ante los inminentes juicios respecto de los cuales estoy obligado a comparecer".

Las cuentas bancarias de Abdala fueron congeladas en junio. Él y su abogado tenían entendido "que se debía a la investigación por el caso de Veracruz y no a vínculos con el narcotráfico", dijo Amerena.

Justamente a principios de junio, añadió el litigante, una persona relacionada con la Fiscalía federal le pidió dinero para retirar, supuestamente, una foto de Abdala de un expediente de un caso de narcotráfico.

"Nos negamos, dijimos que no pagaríamos un centavo, y sabíamos que negarnos tendría un costo", dijo.

Como prueba de sus dichos, envió a Univision capturas de pantalla de la foto que le dijeron estaba incluida en la indagatoria y comprometía a su cliente. La foto era de la campaña de Abdala en 2015 para diputado por Veracruz.

"En esa foto no hay ningún narcotraficante, son personas de Veracruz que no están relacionadas con el crimen", dijo Amerena.

El abogado consideró que la inclusión de su cliente en una lista de cuentas congeladas por supuestos vínculos con el CJNG puede ser una consecuencia de no haber pagado la extorsión. "Ese fue el precio, y es muy triste tener que enterarnos por la prensa que mi cliente está en esa lista".

Las solicitudes de congelamiento de cuentas que incluyen a Abdala y a los narcotraficantes forman parte del mismo acuerdo 74/2020 de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Están divididas en varios oficios. En el que se menciona el nombre de Abdala están también varios integrantes y parientes políticos de la familia González Valencia, conocidos como Los Cuinis y señalados por las autoridades de ser el brazo financiero del CJNG.

En el oficio no se menciona cuál sería la alegada participación de Abdala con el CJNG. Únicamente, se solicita que se bloqueen sus flujos bancarios y los bancos informen de cualquier movimiento que pretenda realizar.

Funcionarios locales, señalados

Otros exfuncionarios, principalmente de Jalisco, fueron añadidos en la solicitud del 2 de junio. Entre los políticos locales con cuentas bloqueadas está Jesús Gallegos, exsecretario de Turismo de Jalisco, asesinado en 2014.

"Aunque una persona esté muerta, se pueden seguir utilizando sus cuentas bancarias, por eso es importante que se bloqueen también", explicó Mejía, el experto en lavado de dinero.

Una de las familias con más miembros en la lista de las personas con cuentas bloqueadas fue la de los Galindo Sahagún, familiares del expresidente de la Comisión de Justicia de Jalisco, Saúl Galindo. Él fue asesinado en 2017, unos días después de registrarse como aspirante a la presidencia municipal de Tomatlán. Saúl no aparece entre las personas con cuentas congeladas.

La prensa local lo identifica como primo de Moisés Galindo Sahagún y a este como principal operador del CJNG en Tomatlán, un municipio a nueve millas de la costa del Pacífico, enclave del cartel. Univision no pudo localizar a Moisés.

Entre los señalados hay ocho personas más con los mismos apellidos. De la mayoría de ellos no hay algún rastro público. El único con un puesto conocido es Guillermo Galindo Sahagún, secretario de un juzgado penal en Puerto Vallarta, uno de los municipios de mayor influencia del cartel.

Guillermo Galindo no respondió llamadas de Univision. En el juzgado, confirmaron su puesto y dijeron que no se ha presentado a trabajar en los últimos seis meses y no saben por qué. El poder judicial local ha iniciado un proceso administrativo en su contra por abandono de su puesto, dijo a Univision un vocero de ese organismo.

La alcaldesa del municipio de El Grullo, Mónica Marín, informó a la prensa que las cuentas de su ayuntamiento también habían sido congeladas, como parte del operativo Agave Azul. En los documentos obtenidos por Univision aparece que no solo el ayuntamiento, sino Marín, de manera personal, con cuentas congeladas por Hacienda.

"A nosotros no se nos ha informado de manera oficial nada (…) No se nos requirió información. No podemos dar contestación, si no sabemos qué requieren", dijo Marín a la revista Proceso.

Una colaboradora de Marín dijo a Univision que las cuentas bancarias del ayuntamiento ya habían sido descongeladas, pero que ella no tenía información sobre el estatus de las cuentas personales de Marín. La alcaldesa no respondió a una solicitud de entrevista.

Un alto funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto dijo que desde hace al menos seis años el gobierno federal tiene focalizado a El Grullo como un municipio bajo la total influencia de 'El Mencho'.

"Hicimos una investigación que nos llevó a que él (El Mencho) estaba en El Grullo. Llegamos con el Ejército, pero ya se había fugado. Siempre sospechamos que la filtración vino desde los militares. El Grullo era su territorio, un pueblo a las órdenes del Mencho", dijo esta fuente, quien pidió omitir su nombre.

En 2019, el magistrado Isidro Avelar fue denunciado por tener vínculos con el CJNG y detenido, después de que la Fiscalía federal halló que en 2011 había recibido depósitos por más de un millón de dólares, que no tenían una explicación.

Durante años, este magistrado concedió amparos judiciales a Rubén Oseguera 'El Menchito', hijo del líder del CJNG. Ahora, sus cuentas fueron también congeladas.

El Menchito fue detenido por el Ejército mexicano en 2015 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020. Se le acusa de narcotráfico en una corte en Washington, D.C., donde se declaró inocente.

Bloqueados por la OFAC

En México, según funcionarios federales de la administración actual y la anterior, se realizaron investigaciones nuevas y se retomaron pistas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchas provenían de un hecho que en su momento no derivó en mayores indagatorias oficiales: estas personas ya estaban incluidas en la lista de la OFAC.

Es el caso de Abigael González Valencia, El Cuini, considerado como el líder del ala financiera del cartel, ocho de sus hermanos, su esposa, Jennifer Camacho y varios familiares políticos, como Wendy Amaral, esposa de Gerardo González Valencia, y Ana Barajas, esposa de Ulises González Valencia. Ninguno de ellos hizo algún comentario público, tras ser señalados por la OFAC.

Por parte de 'El Mencho' congelaron sus cuentas, las de su hermano Antonio, su cuñado Julio Rodríguez, arrestado en Guadalajara y de su colaborador Gonzalo Mendoza, conocido como El Sapo, y quien la prensa mexicana considera su mano derecha. Las cuentas de Liliana Rosas, pareja de Gonzalo, también fueron bloqueadas.

Los hermanos Omar y Efraín Caro Urías, familiares del capo Rafael Caro Quintero, igualmente resultaron señaladas como artificios utilizados por el CJNG para lavar las cuantiosas ganancias de sus negocios.

Vinculados a este mismo grupo también están, según la lista de la OFAC, Mario Fernández, representante de artistas gruperos, Alfonso Corona, chef del restaurante Kenzo Sushi en Guadalajara, e Irma Damián, operadora de una empresa vinícola en Jalisco. Todos estuvieron previamente en la lista de la OFAC.

En 2017, el futbolista mexicano Rafael Márquez y el cantante grupero Julión Álvarez fueron incluidos igualmente en la lista de la OFAC, como parte de una red de lavado asociada con el capo Raúl Flores, detenido en Jalisco poco después.

Tanto Álvarez como Márquez han negado que participaran en actividades delictivas. Sus cuentas no fueron congeladas ahora, según los documentos obtenidos por Univision, como parte de la operación Agave Azul. Pero sí fue incluida la compañía G Factory.

La compañía no tiene una relación directa con Álvarez ni Márquez, sino a través de Mauricio Heredia Horner, quien fundó y aparece como socio de G Factory en Guadalajara. En 2016, cuando Heredia creó la empresa, también dirigía la Fundación Rafa Márquez, y renunció después de que lo incluyeran en la lista del gobierno estadounidense. Heredia no está incluido en el congelamiento actual de cuentas, solo la compañía.

La operación sí congeló los movimientos bancarios de Víctor Carranza y Diego Ayala, ambos vinculados con la organización de Flores desde los señalamientos del Departamento del Tesoro en 2017.

El propio Raúl Flores y su hija, Sendy Flores, fueron bloqueados, al igual que la empresa FC Grupo Empresarial, mencionada en la trama Márquez desde 2017.

La acusación penal contra Flores en Estados Unidos señala que operaba de manera independiente, con vínculos con el CJNG. Estaba activo desde 1983 y traficaba desde Colombia, Perú y Ecuador, Ciudad de México y Guadalajara. Se encuentra aún en México, enfrascado en una batalla legal para impedir su extradición a Estados Unidos.

Autodefensas, señalados en red que habría movido dinero para el CJNG

Al exlíder de las autodefensas Juan José Farías, conocido como El Abuelo, y un grupo de sus familiares, también les fueron congeladas cuentas bancarias como parte de la operación Agave Azul contra el CJNG.

Durante años, Farías ha dicho que es perseguido precisamente por ese cartel. En un video que el cartel difundió en 2019, lo amenazan directamente. En mayo de 2020, llamó a levantarse en armas contra el cartel, según publicó el diario La Jornada.

Él no pudo ser localizado por Univision. Una persona cercana, que pidió omitir su nombre, dijo que era "absurdo" que se le vinculara con el cartel.

" Aquí nos tienen diario con amenazas y no podemos tener una vida normal. Entonces, ¿cómo hacen esa acusación?", dijo.

Uriel y Manuel Farías, incluidos en los oficios de congelamiento, coordinaron el grupo de autodefensas en Michoacán, que surgió como una iniciativa popular para enfrentar al cartel de La Familia Michoacana, que extorsionaba, secuestraba y desplegó un ambiente de terror y extrema violencia durante años en Michoacán.

Los Farías fueron durante años colaboradores cercanos del líder de las autodefensas José Manuel Mireles, hoy subdelegado del Seguro Social para funcionarios federales en Michoacán.

Entre quienes fueron bloqueados también está Everardo Damián, candidato a alcalde en 2011 en Michoacán y quien coordinó en 2015 el grupo Fuerza Purépecha, un conjunto de lugareños que más tarde se integró a las autodefensas. Univision no pudo localizar a los otros miembros de la familia Farías ni a Damián.

La lista de los individuos y personas bloqueadas está integrada también por cientos de personas de quien no hay registros públicos, ni siquiera en redes sociales. Las empresas mencionadas son, en su mayoría, compañías sin transacciones públicas, creadas en los últimos tres años y cuyos socios también son personas sin ningún rastro público como empresarios.

Fuentes familiarizadas con la operación Agave Azul dijeron que es la contraparte mexicana del Proyecto Python, una operación de desmantelamiento de mandos medios del CJNG que realizó la DEA en Estados Unidos entre septiembre de 2019 y marzo de 2020.

El objetivo no fue capturar a los principales líderes, sino a los operadores medios que intervienen en el tráfico diario de metanfetaminas y fentanilo, los principales productos que comercializa el CJNG en ese país, de acuerdo con la información que difundió la DEA.

En ese periodo, la DEA detuvo a más de 700 personas asociadas al CJNG, decomisaron más de 20,000 kilogramos de drogas y 22 millones de dólares y activos, dijo al Washington Post su jefe interino, Uttham Dhillon.

La DEA anunció que Python es el operativo más grande realizado en Estados Unidos contra las finanzas en suelo estadounidense de una organización de narcotráfico.

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