“O votan o están botados”: la amenaza del chavismo para que los funcionarios vayan a la elección de una Asamblea Constituyente que gobernará con poderes plenos

El gobierno venezolano amenaza con bloquear el acceso a programas sociales o despedir de cargos públicos a quienes no participen en la elección de este domingo.

CARACAS, Venezuela.- Lejos de mencionar las bondades del socialismo, un director de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) apeló a un discurso mucho más persuasivo para convencer a sus subalternos de la importancia de participar en las elecciones de este domingo para escoger la Asamblea Constituyente impuesta por el presidente Nicolás Maduro para reescribir la Constitución y liquidar todos los poderes vigentes.

“Independientemente del cargo, de la jerarquía que tengan en la industria, quien no vaya a votar, ténganlo por seguro, camaradas, se lo aseguro que el día 31 está botado”, expresó el gerente de Pdvsa.

Su discurso, captado en un video, se viralizó en las redes sociales como evidencia de las presiones a las que son sometidos los funcionarios públicos para que respalden los planes de Maduro de reescribir la Constitución, cerrar el Parlamento de mayoría opositora y diseñar un Estado a su medida.

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, aseguró este martes que ha recibido “96 denuncias de funcionarios públicos que han sido amenazados” con el objeto de que sufraguen este domingo en el proceso de escogencia de los 545 miembros de la Constituyente.

“Se amenaza a las personas para que vayan a votar por la Constituyente, cuando el voto debe ser libre, se amenaza con que se va a quitar la bolsa CLAP (alimentos a precios subsidiados que reparte el gobierno), el carnet de la Patria (documento para tener acceso a los programas sociales), las casas, las misiones (programas sociales)”, censuró Ortega Díaz, figura emblemática del chavismo que se distanció de Maduro a finales de marzo tras señalar la “ruptura del orden constitucional”.

La oenegé Provea informó que ha recogido “denuncias de víctimas de coerción por parte de instituciones del Estado para obligarlos a participar en las fraudulentas elecciones de la Asamblea Constituyente”.

Las tácticas de intimidación no se limitan a un eventual despido por abstenerse de sufragar, sino que los superiores exigen a sus empleados llenar planillas con los nombres de otros 10 o 15 votantes que se comprometen a movilizar el domingo.

“Nos piden la dirección exacta de dónde estaremos ese día, nos solicitan que enviemos fotos cuando estemos votando”, confesó un trabajador de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora a Provea.

Los directivos de las instituciones públicas registran los números telefónicos y las redes sociales de sus trabajadores para seguir sus pasos y evitar que burlen la orden de sufragar por la iniciativa presidencial.

Un funcionario de Cancillería relata que este lunes 24 tuvo que asistir junto con sus compañeros a una reunión “donde comenzaron diciéndonos que no había que ‘obligar’ a votar sino explicar, que el gobierno era la paz y la oposición, la guerra. Pero, luego nos pidieron que precisáramos la nómina de cada dirección y cuántos íbamos a votar. Como el jefe del despacho consideró que eran muy pocos los ‘comprometidos’ con la revolución, se alteró y advirtió que botaría a los abstencionistas”.
Entre la espada que supone perder el puesto y la pared que levantan sus principios, este empleado público comenta que sí acudirá a su centro electoral, pero para marcar nulo.


Para ejercer legalmente la medicina en Venezuela, los doctores deben prestar un año de servicio en una comunidad rural. Una joven ya completó este requisito en un ambulatorio del municipio Brión, estado Miranda, en el centro del país; sin embargo, ahora ha surgido otra condición inesperada. “La responsable del Ministerio de Salud nos dijo que si no votábamos por la Constituyente, no nos firmaba el acta”, revela la muchacha.

Los médicos que trabajan con ella tuvieron que facilitar sus números de cédula de identidad y teléfono para que el comando de campaña chavista verifique en una base de datos su participación en los comicios del domingo.

La línea que bajan los gerentes a sus subordinados fue trazada por el mismo Maduro. “ Si tenemos 15,000 trabajadores (en una entidad pública), deben votar los 15,000 trabajadores sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía. Tomen la nómina de todas las instituciones, empresas, y organicemos desde ya”, dispuso el pasado 6 de julio el mandatario en una asamblea de trabajadores realizada en el sur del país.

Aunque llegó en 1999 con la promesa de reducir el tamaño del Estado venezolano, el régimen chavista ha engordado la nómina estatal hasta ubicarla cerca de los 3 millones de empleados. Solo el Ejecutivo nacional cuenta con 31 ministerios y por medio de las expropiaciones y confiscaciones, el gobierno se ha hecho dueño de decenas de empresas que antes estaban en manos privadas.

Maduro confunde su maquinaria proselitista con la burocracia estatal, exacerbando las prácticas clientelares y ventajistas. En esta oportunidad, el oficialismo incorporó a su comando de campaña a los encargados de distribuir las bolsas de comida subsidiada, en un país azotado por la escasez de alimentos y una inflación de tres dígitos.

De cualquier modo, el chavismo tiene el triunfo garantizado en una elección donde solo ellos se han mostrado dispuestos a participar. La oposición, que se declaró en desobediencia civil, no competirá en estos comicios por considerar que la Constituyente es un “fraude” a la Carta Magna que profundiza la “ruptura del orden constitucional”.

Prohibido burlarse de Hugo Chávez

Maduro ha empapelado los despachos públicos de todo el país con un eslogan que reza: “Aquí no se habla mal de Chávez”. Ahora esos afiches se han convertido en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que acaba de justificar el despido de un trabajador de la estatal telefónica Cantv por supuestamente burlarse de la muerte del “comandante eterno”.

La Sala Civil del máximo juzgado apuntó que el funcionario removido “efectuó burlas y se alegró de la noticia” del deceso de Chávez estando en su oficina el 5 de marzo de 2013, fecha de la defunción del Presidente. De acuerdo con la cúpula del Poder Judicial, esto representa “injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono”.

El régimen chavista ha colonizado la estructura del Estado venezolano. En 2004, creó una lista con los datos de los firmantes del referendo revocatorio que fue utilizada para identificar y perseguir a los militantes de la oposición. El propio Chávez reconoció los abusos cometidos con ese registro.

“Todavía en algunos espacios tienen la lista en la mesa para determinar si alguien va a trabajar o no va a trabajar”, admitió en abril de 2005 el difunto Presidente, que demandó “enterrar la lista” tras ganar aquella consulta electoral.

Quizás la cuestionada lista fue sepultada, mas la práctica de exclusión sigue vigente. En mayo de 2016, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, advirtió que echarían de la administración pública a quienes rubricaran la solicitud de revocatorio que impulsaba la oposición contra Maduro.

“Si en esas firmas encontramos, por ejemplo, a un director de un organismo, ese tiene que irse, no puede estar en ese cargo (…) Pueden llamarme como quiera, pero si ahí hay ‘escuálidos’ (término despectivo usado contra los opositores) infiltrados y quedan al descubierto, van a tener que irse”, enfatizó Cabello.

La presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Delsa Solórzano, atendió en julio de 2016 más de mil denuncias de despidos de funcionarios públicos por suscribir la petición de revocatorio contra Maduro, proceso que ni siquiera se llegó a convocar por la negativa del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.