La ley de protección a la familia, la respuesta ultraconservadora al aborto y la diversidad sexual en Guatemala

El Congreso de Guatemala discute una iniciativa de ley que endurecería las penas para las mujeres que aborten, restringiría la educación sexual únicamente a la heterosexualidad e imposibilitaría que personas del mismo sexo se unan o contraigan matrimonio.
4 Sep 2018 – 6:07 PM EDT

CIUDAD DE GUATEMALA. - Este domingo miles de personas se congregaron en la Plaza de la Constitución de Guatemala. Agrupaciones religiosas, organizaciones sociales y ciudadanos formaron parte de una marcha llamada “Guate por la vida y la familia”, una consigna que agrupó a los opositores al aborto en el país. La manifestación, que se realizó con la Catedral Metropolitana luciendo dos enormes mantas con fetos, es apenas una muestra de la reacción de los sectores más conservadores de la sociedad en relación con las discusiones sobre el aborto y la diversidad sexual.

El trasfondo y la ruta a dónde se dirige la discusión política sobre estos temas en Guatemala es la propuesta 5272, la ley para la protección de la vida y la familia. La iniciativa fue presentada por el congresista Aníbal Rojas del partido Visión con Valores el año pasado acompañado por 30,000 firmas recogidas, según el diputado, por organizaciones de la sociedad civil e iglesias cristianas de diferentes denominaciones. Visión con Valores fue la agrupación por la cual se postuló a la presidencia en 2015 Zury Ríos, hija del gobernante de facto Efraín Ríos Montt, juzgado por genocidio en 2011 y fallecido este año.


“Somos una sociedad totalmente conservadora que cree que a la vida y a la familia hay que protegerla”, explicó el diputado sobre el origen de la iniciativa. Según el congresista, en el país se producen más de 65,000 abortos clandestinos y, aunque la legislación actual prohíbe esta práctica, castigándola con prisión de entre dos y cuatro años, considera que es necesaria una pena mayor. “En nuestro país se pueden conmutar las penas de hasta cinco años, por lo que hay que penarlo más drásticamente -la iniciativa lo eleva de cinco a diez años para la madre-, penando no solo a la mamá, a las clínicas, a los médicos y al mismo Estado u organizaciones que quieran meter este tipo de ideas, hay que blindar a la sociedad guatemalteca”, aseguró el congresista.


Sin embargo, organizaciones de sociedad civil locales han advertido que la ambigüedad de la reforma al código penal podría llevar a la cárcel incluso a mujeres que sufran abortos espontáneos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que “la criminalización absoluta del aborto”, incluyendo los escenarios en los que el embarazo es resultado de una violación, incesto o el embarazo, amenaza la vida de la mujer al crear "un contexto facilitador de abortos inseguros y de altas tasas de mortalidad materna”.

Guatemala es el país con la mayor tasa de fecundidad de América Latina, según registros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. De hecho, el 20.7% de las mujeres entre 15 y 19 años ya eran madres o estaban embarazadas al momento de realizar la última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil en 2015, por lo que la falta de salud sexual y reproductiva, especialmente en menores de edad, es un grave problema de salud pública.

Contraria a la propuesta del diputado Rojas, este año fue presentada la iniciativa 5376, por la diputada Sandra Morán, del partido Convergencia, conocida como Ley de Protección a las Niñas que buscaba volver legal el aborto en niñas menores de 14 años cuando fuera resultado de una violación sexual o de explotación sexual. La propuesta, sin embargo, fue rechazada desde la misma comisión de la Mujer del Congreso, donde era discutida, una sala legislativa presidida por el diputado del conservador Visión de Valores.

Según la diputada Morán, propuestas como las del congresista Rojas claramente siguen una lógica de prohibición, castigo y control alrededor de los derechos sexuales y reproductivos y son parte de una reacción conservadora.

Morán, la primera congresista abiertamente homosexual de Guatemala, indicó que en esta iniciativa, además, se reúne la oposición de diferentes sectores opuestos al avance de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ).

"Prohibido educar sobre la diversidad sexual"

La controversial propuesta “Ley para la protección de la vida y la familia” también tiene un componente que prohíbe incluir en los programas de educación sexual la diversidad sexual. Textualmente, su artículo 15 dice: “Se prohíbe a las entidades educativas públicas o privadas, promover en la niñez o adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.


“Nuestra sociedad guatemalteca es muy diferente a todas, es muy conservadora”, justificó el diputado Rojas al argumentar que la “ideología de género” es ajena a Guatemala. “Viene de Norteamérica, Europa, Países Bajos y América del Sur. Incluye el matrimonio entre personas del mismo sexo y la identidad sexual de los movimientos trans que pretenden que se les acepte su condición”, afirmó.

Por su parte, la diputada Morán lamenta que una consecuencia directa de la aprobación de una iniciativa como esta sería definir a la familia heterosexual integrada como el único tipo de familia. “Esto violaría otras normas como la Ley de Desarrollo Social. Hay una definición más amplia de familia incluyendo las familias monoparentales o ampliadas, así como una serie de políticas de inclusión”.


Los alcances de la propuesta de ley podrían ir incluso más lejos. En su artículo 18 'Libertad de Conciencia y Expresión, la iniciativa señala que estos derechos implican “no estar obligado a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales”, lo cual normalizaría la discriminación por preferencia sexual.

Esta justificación desde la “libertad de conciencia y expresión” de prácticas discriminatorias se han puesto en marcha en otras partes del mundo, señala Luis Barrueto, del colectivo Visibles, como una reacción al avance del reconocimiento de los derechos de la comunidad LBGTIQ. “Se está utilizando la misma receta y el problema no es la libertad de credo de las personas, si no que las personas gay, lesbianas y trans son víctimas frecuentes de exclusión en sus familias, trabajo y las mismas instituciones del Estado”.

“Esto puede resultar en forma indirecta en un recrudecimiento de la violencia, porque se entiende que no hay una consecuencia a la discriminación”, comenta el activista por los derechos de la comunidad LBGTIQ.

La última arista del combo conservador del proyecto de ley es una reforma que busca cerrar a futuro cualquier posibilidad de un matrimonio igualitario. La propuesta de ley prohíbe en un artículo “expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo” y en otro la unión de hecho entre parejas del mismo sexo. Esto pese a que el marco legal guatemalteco ya define el matrimonio como una unión entre una mujer y un hombre.

“Nuestra propuesta de ley dice que el matrimonio será entre un hombre y una mujer, así nacidos, porque hay personas que se cambian de sexo y podrían cometer un fraude de ley, estamos haciendo prevalecer nuestra Constitución” defiende el diputado Rojas.

El uso político

La dimensión política del proyecto de ley ha cobrado relevancia en las últimas semanas. Para el activista Barrueto, hay un uso malicioso del tema por parte del Congreso al reunir en un solo paquete tres temas controversiales que necesitarían una discusión más detallada: educación sexual, las normativas sobre el aborto y la diversidad sexual.


“Cuando se plantean de forma conjunta, se impide que haya una discusión razonada, el uso más reciente es el que le da el presidente Jimmy Morales, al incluir el pasado viernes su respaldo a la definición del matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, en el mismo mensaje donde anunciaba la no renovación de la Cicig -Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala-” comenta Barrueto.

Para el activista, esta acción es parte de “un oportunismo político” del mandatario, que reunió la decisión de frenar el ente investigador anticorrupción de Naciones Unidas, a la vez que respaldaba propuestas populares conservadoras que se corresponden con su electorado más fiel.

No es la primera vez que el presidente Morales, del derechista Frente de Convergencia Nacional, FCN-Nación, se refiere a estos temas. Sin embargo, en esta ocasión lo realizó mientras anunciaba la no renovación de la Cicig, la cual terminará su mandato en septiembre de 2019. La entidad inició una investigación por financiamiento electoral ilícito que tiene en estos momentos al mandatario enfrentando su segundo proceso de antejuicio en el Congreso, mientras que su partido se encuentra en proceso de cancelación por este delito.

En este marco, la propuesta del diputado Rojas llega a su última fase para aprobación. Según el congresista, la iniciativa cuenta con los apoyos necesarios entre las distintas bancadas para ser aprobada cuando sea sometida a votación.

Mientras tanto, este martes se produjo un plantón convocado por organizaciones de la comunidad LBGTIQ frente al Congreso en oposición al proyecto de ley. “O nos levantamos hoy o después lamentaremos el haber sido apáticos” concluye una de las convocatorias. La decisión queda en manos de una de las legislaturas más cuestionadas por la legitimidad de sus decisiones y a cuatro meses del arranque de un nuevo proceso electoral.


Activistas luchan por el acceso al aborto seguro en El Salvador

Loading
Cargando galería
Publicidad