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Crisis en Venezuela

La batalla legal entre EEUU y Venezuela por los miles de millones de dólares confiscados a funcionarios corruptos

El gobierno interino de Venezuela dice que quiere acceso a los fondos que se les confiscaron en Estados Unidos a funcionarios corruptos y alega que pertenecen al pueblo venezolano. Pero las autoridades estadounidenses tienen otros planes. El Departamento del Tesoro desvió $601 millones el año pasado de su fondo de confiscación para ayudar a construir el muro fronterizo del presidente Trump. (Read in English)
12 Jun 2020 – 01:31 PM EDT
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MIAMI, Florida.- Conforme Venezuela se hunde más en su crisis política y financiera, están acumulando polvo los miles de millones de dólares de activos públicos de funcionarios corruptos del gobierno venezolano y sus testaferros que han sido retenidos por gobiernos de todo el mundo, incluyendo el de Donald Trump.

Ahora, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por decenas de países y que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, está acelerando sus esfuerzos para intentar recuperar ese dinero con el fin de ayudar a su empobrecida población a combatir la pandemia de coronavirus, además de una crisis de salud pública de larga data.

En ese contexto, el gobierno estadounidense está librando una batalla en los tribunales para mantener el control de cientos de millones de dólares de esas ganancias ilegales y que forman parte de un tesoro de activos confiscados en todo el mundo.

"Hay una obligación moral de examinar detenidamente este tema. La necesidad en Venezuela está aumentando y la corrupción es de una magnitud industrial", dijo Michael Camilleri, quien está redactando un informe sobre los fondos confiscados para Diálogo Interamericano , un grupo de expertos de Washington DC que promueve la democracia en América Latina.

Estimó que más de 1,000 millones de dólares en dinero robado se encuentra actualmente retenido en Estados Unidos, ya sea en cuentas bancarias congeladas o en fondos de confiscación del gobierno. La cifra retenida en cuentas podría ser del orden de los 24,000 millones de dólares, principalmente en Europa.

"Incluso si se pudiera recuperar una pequeña fracción de este dinero, sería una suma mucho mayor que la asistencia humanitaria total que la comunidad internacional ha podido reunir para Venezuela", dijo Camilleri.

Las autoridades estadounidenses señalan que la administración Trump ha aportado más de 610 millones de dólares desde 2017 para asistencia humanitaria de emergencia a Venezuela, incluyendo a las agencias de las Naciones Unidas, para salud, nutrición y alimentación de emergencia.

"Durante mucho tiempo, Estados Unidos se ha comprometido a encontrar una solución a la crisis provocada por el gobierno de Venezuela", dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado en el que anunció los últimos esfuerzos de la administración para presionar al régimen de Nicolás Maduro.

"La urgencia de esto se ha vuelto aún más apremiante a la luz de la incapacidad del régimen de Maduro para prepararse y abordar adecuadamente la pandemia global de covid-19", añadió.

Casas de lujo, yates ...

Hasta ahora las autoridades estadounidenses parecen hacerse de la vista gorda ante la creciente cantidad de dinero procedente del enjuiciamiento por parte de autoridades federales de importantes figuras venezolanas acusadas de soborno y lavado de dinero. En el proceso, las autoridades estadounidenses han decomisado cientos de millones de dólares en cuentas bancarias, casas de lujo, automóviles, yates y relojes caros.

Pero nada de ese dinero, resultado de la corrupción oficial que incluye el comercio de divisas y la malversación de fondos públicos de la empresa petrolera estatal, PVDSA, se le ha devuelto a Venezuela, en este caso las autoridades del gobierno interino de Guaidó.

La mayor parte del dinero ha sido recaudado por los Departamentos de Justicia y Tesorería de Estados Unidos y se mantiene en fondos especiales de confiscación que se utilizan principalmente para financiar investigaciones policiales.

Una pequeña porción del dinero se comparte con gobiernos extranjeros en casos en los que pueden demostrar que brindaron asistencia y merecen una parte de los ingresos. Pero, hasta ahora, Venezuela no ha recibido nada.


El año pasado, se destinaron unos $601 millones de dólares el Fondo de Confiscación del Departamento del Tesoro a la construcción del muro fronterizo del presidente Donald Trump.

Para colmo, la situación se complica por la batalla pendiente por el control político en Venezuela, que enfrenta al régimen de Nicolás Maduro al gobierno interino encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el cual cuenta con el reconocimiento de Estados Unidos y la mayoría de las democracias occidentales.

Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, al cual el Departamento de Justicia ha acusado de corrupción masiva y narcotráfico. El gobierno de Guaidó, por otro lado, no tiene acceso al poder y no controla ninguna de las agencias de aplicación de la ley del país que puedan proporcionar asistencia en la aplicación de las leyes de Estados Unidos.

"¿Por qué Estados Unidos querría compartir algo con Maduro si él no coopera y el dinero lo robaron sus funcionarios gubernamentales en primer lugar?", dijo David Weinstein, un ex fiscal federal en Miami.

"En cuanto al nuevo gobierno, sería bueno ayudarlos, pero ¿por qué recompensarlos si no han participado en ninguna de estas investigaciones o no han hecho nada para ayudarnos?", añadió.

"Una plaga de langostas"

En el proceso, Venezuela ha pasado de ser un rico país petrolero a uno de los más endeudados del mundo y donde se ha desatado una devastadora crisis financiera que ha llevado a más de cuatro millones de venezolanos a abandonar el país.

"Al pueblo venezolano lo han jodido por todos lados. Estos malandros son como una plaga de langostas que descendió sobre las ricas y fértiles tierras venezolanas bendecidas por el petróleo y ha devorado todo, sin dejar nada", dijo Russell Dallen, un abogado radicado en Florida que sigue atentamente los asuntos financieros venezolanos.

Tan solo en un caso, una corte de Palm Beach condenó al exjefe del tesoro de Venezuela, Alejandro Andrade, a 10 años de prisión por lavar 1,000 millones de dólares procedentes de sobornos. Sus activos confiscados incluyen jets, una mansion de 4 milliones de dólares en Wellington, Florida, junto con una granja de caballos con 17 caballos de salto, una flotilla de vehículos de lujo y nueve cuentas bancarias.

En Europa, principalmente en España y Andorra, también se han congelado sumas incluso más grandes, de entre 2,000 millones y 4,000 millones de dólares, producto de la presunta corrupción en la empresa estatal de electricidad.

"Esta es una caja de Pandora y no lo sabremos todo hasta el final", dijo Miguel Pizarro, comisionado especial para la ayuda humanitaria de Guaidó.

" Compraron los Ferrari y los Rolex, las mansiones y los palacios con el dinero del pueblo venezolano. Tenemos la legítima intención de recuperar ese dinero nuevamente", añadió.

Pizarro dijo que el gobierno interino de Guaidó ha comenzado el proceso legal para recuperar los activos saqueados mediante una propuesta de ley de recuperación de activos en la Asamblea Nacional. "Lo vamos a necesitar para la reconstrucción del país después de Maduro. Pero, para eso, necesitamos construir el marco institucional para poder interactuar con el resto del mundo y lo estamos construyendo ahora. Si no hacemos eso, otros países van a quedarse con nuestro dinero", dijo.

Fondos de confiscación

Las autoridades estadounidenses dicen que las confiscaciones ordenadas por la corte se envían a uno de dos fondos, uno administrado por el Departamento de Justicia y otro por el Departamento del Tesoro. La mayoría de los bienes incautados durante una investigación terminan en el Departamento de Justicia, mientras que los bienes sancionados, las multas impuestas por la corte y los impuestos adeudados, van al Departamento del Tesoro.

"Los fondos confiscados pueden devolvérsele a un país extranjero solicitante. Sin embargo, esa determinación se realiza caso por caso y en base a hechos específicos", dijo un portavoz del Departamento de Justicia.

El fondo del Departamento de Justicia acumuló 323 millones de dólares en 2019, de los cuales $73 millones se compartieron con países extranjeros, casi 53 millones de dólares que se destinaron a Malasia, así como pequeñas cantidades que se enviaron a otras naciones, entre ellas Panamá, República Dominicana, Bahamas, Ghana e Islandia.

El Departamento del Tesoro dijo que anota formalmente los activos que ingresan al Fondo de Confiscación del Tesoro por país, nombre del acusado o nombre del caso judicial. Los fondos se utilizan para pagar investigaciones y gastos como dinero para recompensas, contratistas externos y almacenamiento de bienes incautados, como drogas, así como el pago de salarios de horas extras, viajes, combustible, capacitación y equipo.

Los ingresos también se comparten con otras agencias federales, agencias policiales estatales y locales y países extranjeros, según su nivel de participación en la investigación.

"Parece ser la forma en que esto funciona", dijo Dallen. " Para ser justos, los estamos ayudando al limpiar las cosas allá. Están los costos del litigio y de mantenerlos a todos en la cárcel", añadió.

Un portavoz del Departamento de Justicia proporcionó un organigrama parcial de las sentencias financieras a los acusados condenados en casos relacionados con Venezuela en Nueva York, Miami y Houston por un total de hasta 1,500 mil millones de dólares, aunque las cantidades recaudadas no están disponibles públicamente.

Andrade y El Aissami

Andrade ha pagado hasta ahora 250 millones de dólares de una cuenta bancaria suiza. Según autoridades federales, se recaudaron otros 40 millones de dólares de la subasta de sus casas, incluyendo una granja de caballos en el centro de Florida y relojes y coches de lujo.

Pero no está claro cuándo, o si, se entregarán los 700 millones de dólares restantes.


Los alguaciles estadounidenses también han confiscado decenas de cuentas bancarias, yates, aviones y hogares por valor de miles de millones de dólares de otros procesados venezolanos acusados en tramas de soborno y cohecho. Eso incluye 270 millones de dólares en una cuenta bancaria propiedad de un presunto representante del exvicepresidente venezolano Tarek El Aissami, así como una colección de relojes de lujo, incluyendo un Hublot LaFerrari de 250,000 de dólares.



"Puedo ver literalmente el fraude"

En marzo, cuando el Departamento de Justicia presentó cargos de terrorismo y drogas contra Maduro, la fiscal federal para el Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan, dijo que funcionarios corruptos del gobierno venezolano habían " saqueado sistemáticamente miles de millones de dólares de Venezuela".

"Muy a menudo, estos funcionarios corruptos y sus cómplices han utilizado bancos y propiedades inmobiliarias del sur de Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal", dijo, señalando la incautación de aproximadamente 450 millones de dólares.

"Mientras conduzco desde mi casa en Miami hacia la Fiscalía Federal en el centro de Miami, puedo ver literalmente el fraude y la corrupción del régimen de Maduro —desde condominios multimillonarios en Fisher Island, propiedad de ejecutivos y generales venezolanos corruptos, hasta yates de lujo en Key Biscayne y aviones privados propiedad de funcionarios venezolanos", añadió.


Sin embargo, cuando se trata de quién puede quedarse con el dinero de esos activos saqueados, Estados Unidos parece no querer renunciar al dinero.

PDVSA como "víctima"

En documentos legales, los abogados que representan al gobierno de Guaidó en un caso de prueba han alegado que la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, que alimentó gran parte de la corrupción, es una "víctima" de la codicia de los funcionarios del gobierno y, por lo tanto, merece la restitución de sus activos confiscados.

En virtud del derecho internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003, es posible que Estados Unidos no tenga mucho derecho a los fondos, según algunos expertos.

" El dinero no le pertenece a Estados Unidos. Es dinero de Venezuela", dijo José Gonzáles, un asesor financiero corporativo en Nueva York que está familiarizado con el caso de Venezuela.

Pero los fiscales federales de Miami respondieron en mayo diciendo que la PDVSA "no califica como víctima" debido a su " complicidad en las tramas de soborno y lavado de dinero" y porque una entidad soberana no se puede considerar víctima de delito.

Los fiscales alegaron que la ley de indemnización a las víctimas de delitos solo se aplica a las personas directamente perjudicadas. No se aplica donde "el número de víctimas identificables es tan grande que hace que la indemnización sea inviable", añadieron, señalando que Venezuela era una nación de casi 28 millones de personas.

$601 millones para el muro

El año pasado, Trump declaró una emergencia nacional después de perder una batalla con el Congreso por la financiación del muro que provocó el cierre del gobierno durante 35 días. Utilizó la emergencia para desviar 8,000 millones de dólares de otras cuentas del gobierno para la construcción del muro, incluyendo $600,993,368.26 del Fondo de Confiscación del Tesoro.

La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP por sus siglas en inglés) utilizará el grueso de los fondos del Tesoro para proyectos de barrera fronteriza en el sector del Valle del Río Grande, según documentos judiciales.

Loren Flossman, gerente de adquisiciones para el Programa del Muro de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, declaró en un testimonio en enero en una corte federal de California que los fondos se utilizarían para construir barreras fronterizas en el condado de Hidalgo y el condado de Cameron, y para “planificación para la construcción de barreras en el futuro en los puestos de la Patrulla Fronteriza de EEUU a lo largo de la frontera suroeste", afirmó.

Se realizaron varios esfuerzos fallidos en el Congreso y las cortes para intentar evitar que Trump utilizara los activos confiscados para el muro. Un proyecto de ley en la Cámara de Representantes intentó incluir una disposición que "prohíba el uso de fondos del Fondo de Confiscación del Tesoro para planificar, diseñar, construir o realizar un proyecto para construir un muro, barrera, cerca o camino a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos".

Pero se descartó la redacción en la aprobación final del proyecto de ley debido a la oposición republicana.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) también impugnó la declaración de emergencia en una corte de California, pero las autoridades estadounidenses insistieron en que estaban siguiendo la letra de la ley con respecto al manejo de activos en dichos casos.

" Estos gastos no tienen que estar relacionados con la incautación y la confiscación; simplemente tienen que estar relacionados con la aplicación de la ley", le dijo John Farley, director de la Oficina Ejecutiva para la Confiscación de Activos del Departamento del Tesoro, a la corte, diciendo que el muro encajaba con esa descripción, pues estaba diseñado para evitar el paso de drogas y delincuentes.

No reveló si los casi 601 millones de dólares incluían alguno de los activos venezolanos saqueados.

Pero algunos dicen que el gobierno estadounidense debería tomar en cuenta el colapso económico de Venezuela y el impacto devastador en su población hambrienta, lo cual ha provocado un éxodo de más de cuatro millones de refugiados.

El año pasado, republicanos y demócratas promovieron la legislación para brindarle ayuda al pueblo de Venezuela, la llamada Ley VERDAD, que le exige al Departamento de Estado "establecer una estrategia para identificar, bloquear y recuperar los activos arrebatados a personas e instituciones de Venezuela mediante el robo, lavado de dinero u otros medios ilícitos".

El Departamento de Estado pondrá en práctica su estrategia el 15 de junio.

"Ideas creativas"

"Hay ejemplos en los que se han utilizado ideas creativas", dijo Camilleri, especialista en materia de derechos humanos.

En 2015, Estados Unidos pudo devolverle 115 millones de dólares a Kazajstán producto de la corrupción en ese país mediante una Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia. En ese caso, los fondos se devolvieron mediante la creación de una fundación benéfica supervisada por el Banco Mundial para proporcionar becas y asistencia financiera a familias pobres.

El gobierno venezolano también tiene un estimado de 11,500 millones de dólares en activos legítimos congelados en el extranjero, principalmente los ingresos procedentes de las ventas de petróleo que la administración Trump hasta ahora ha rechazado entregarle a Guaidó. El gobierno venezolano tiene tanta deuda internacional, incluso con los tenedores de bonos estadounidenses, que sus activos probablemente estarán inmovilizados durante años como consecuencia de las batallas judiciales.

Por ahora, el gobierno de Guaidó sólo tiene acceso a 80 millones de dólares en cuentas congeladas del Banco Central de Venezuela que se pusieron bajo su control después de que la administración Trump le retiró su reconocimiento a Maduro el año pasado.

En lo que representa una rara señal de cooperación, los gobiernos rivales de Maduro y Guaidó acordaron la semana pasada canalizar la asistencia humanitaria para abordar la pandemia de coronavirus. El gobierno de Guaidó planea dedicar 15 millones de dólares a pagarles a miles de médicos y enfermeras $100 por mes durante tres meses, a través de la Cruz Roja Internacional y la Organización Panamericana de la Salud, según Pizarro.

Al menos es un comienzo, dice Pizarro. Pero es un proceso burocrático dolorosamente lento que requiere sortear obstáculos en la Asamblea Nacional, así como negociar las reglas de las sanciones estadounidenses en Estados Unidos.

"Tenemos que demostrar que este dinero no va a terminar utilizándose para la corrupción", dijo Pizarro. "No queremos vernos envueltos en ningún escándalo".

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