El caso de Imelda Cortez: violada por su padrastro desde los 12 años y hoy está presa en El Salvador acusada de querer matar a su bebé

Imelda Cortez tiene 20 años y durante el último año medio ha estado presa, acusada de intento de homicidio: la hija que tuvo de su padrastro no murió, pero aún así insisten en señalarla de quererla matar, mientras ignoran las pruebas del abuso que ha sufrido. A horas de su próxima audiencia este 17 de diciembre, explicamos por qué abogados de derechos humanos y activistas le piden a la fiscalía que desista de llevar su caso a juicio.
17 Dic 2018 – 7:59 PM EST

Se trata de otro caso que evidencia la terrible violencia institucional que existe en El Salvador en contra de las mujeres más pobres. De una niña que resultó embarazada después de ser violada por su padrastro de 70 años y aún así es ella quien se encuentra presa, en el penal de San Miguel, de San Salvador, desde hace apróximadamente año y medio acusada de homicidio agravado.

Imelda Cortez vivía con su mamá y dos hermanos y su padrastro en una casita rural, bastante pobre en abril de 2017, cuando sufrió un fuerte dolor abdominal y fue al baño. Sin entender qué pasaba, sintiendo ganas de defecar, se fue a la letrina y allí se le salió la bebé. Salió de la habitación como desfalleciendo, antes de desmayarse, todavía con la placenta dentro del vientre.

Gritó por ayuda antes de caer inconsciente. Su madre, con la ayuda de un vecino, la llevó al hospital. Cuando los médicos la interrogaron, ella explicó que no sabía que estaba embarazada, que su padrastro "la usaba" desde los 12 años y que la había amenazado con que no dijera nada o la mataría a ella y a su mamá. Además, le dijo que no se preocupara porque él "no podía embarazar mujeres".

Aún así, los médicos del hospital la reportaron con la policía: por la forma en la que llegó, la acusaron de querer abortar a su hija. Pero la bebé vive e Imelda –que ahora tiene 20 años– sigue en la cárcel.

Una audiencia crucial se esperaba para el 12 de noviembre y fue pospuesta para este lunes 17 de diciembre. Allí se espera que la fiscalía desista de llevarla a juicio, o al menos ese es el pedido de los activistas. Pero no está claro qué pasará, por lo que existe la posibilidad de que Imelda sea sentenciada hasta a 20 años en prisión.

Considerado el país con la prohibición más estricta del aborto, El Salvador es el único país del mundo que acusa y encarcela a mujeres con regularidad, por causas relacionadas con la restricción del procedimiento. Las penas por abortar son de ocho años, pero como a las mujeres terminan acusándolas de homicidio, terminan recibiendo condenas de mucho más tiempo.

A pesar de la presión nacional e internacional, en abril de 2018 la Asamblea Legislativa se negó a discutir la ley que hubiese permitido el aborto cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo o en casos de violación de una menor.


"A la niña no le creían"

La activista feminista Morena Herrera fue una de las que ayudó a que se practicara una prueba de ADN que demostrara que el padrastro era el padre de la bebé. "A la niña no le creían porque no había denunciado antes, pero con la prueba se logró demostrar que el progenitor de la criatura es el padrastro, y a partir de eso, se puso una denuncia y ha sido detenido. Allí se abrió un segundo proceso judicial, en el que Imelda es víctima", explica a Univision Noticias.

"Pero aunque salió embarazada cuando todavía era menor de edad, esa condición de adolescente no está contando para la fiscalía. Y tanto ellos como el juez de intrucción se niegan a incorporar la información de la condición de víctima de violencia sexual de Imelda y una categoría de miedo insuperable", dice Herrera.


“En el caso de Imelda, a pesar de tener evidencia suficiente –que es la prueba de ADN– que prueba que fue violada y que la hija es de él, el juez dice que no va a admitir esos hechos dentro del juicio porque para él son irrelevantes”, afirma a Univision Noticias la abogada de derechos humanos, Paula Ávila Guillén.

Se trata de una práctica sistemática del estado salvadoreño y el riesgo es simple, dice la experta. "Si Imelda va a juicio con un juez que ha mostrado ser arbitrario, que sabemos que no es justo, que no ha permitido que las acusaciones de violación entre en el juicio, ya sabemos que no va a ser imparcial. Frente a una situación así, creemos que va a ser sentenciada de 10 a 20 años de cárcel. Y ya lleva un año y medio en la cárcel esperando ese juicio".


Para Ávila Guillén, el Estado le sigue fallando a Imelda. "Le falla un sistema en el que no hay educación, crece con mucha pobreza, con un acceso a la salud limitado. Le falla el sistema cuando ella habla y pide ayuda médica porque la acusan de haber abortado. Y cuando encuentran a la niña viva, la acusan de intento de homicidio. Le falla al no acusar formalmente al padrastro, cuando le retrasan las audiencias. Esto es violencia institucional contra las mujeres pobres, no tiene ningún otro nombre".

"Estamos hablando de niñas", hace hincapié la abogada.

A pesar de que el aborto en casos extremos no fue despenalizado este año, el movimiento feminista en El Salvador se ha visto energizado por lo que pasó en Argentina. "Esa ola verde le dio mucha fuerza a los otros movimientos latinoamericanos para seguir luchando. El debate ha cambiado: hay cuatro candidatos para elecciones presidenciales y solo uno ha salido abiertamente a defender la prohibición total, no tiene posibilidades de ganar (partido cristiano). El resto ha tenido posturas mucho más diplomáticas y mesuradas, eso no hubiese pasado en las elecciones de unos años", explica Ávila Gillén.


Ella asegura haber visto a muchos más jóvenes debatiendo en las universidades, por ejemplo. "Hay otra forma de ver la situación de las mujeres y la prohibición total del aborto. No se ha llegado al punto de entender de que las mujeres tienen derecho a decidir, no estamos ni cerca, pero sí hay un entendimiento de que hay situaciones en las que las mujeres deberían tener ayuda médica para interrumpir el embarazo, sobre todo en los contextos de vida y salud".

Aún así, los casos de denuncias de mujeres siguen ocurriendo: los hospitales siguen denunciando a las mujeres, sobre todo si no están en la capital, sino en ciudades mucho más pequeñas e intermedias porque la fiscalía sigue decidiendo presentar casos. "Hay una situación donde otras ramas del poder han cuestionado y al menos mesurado algunas de sus posiciones, pero la fiscalía y el sistema judicial sigue insistiendo en presentar cargos a pesar de que muchas de las sentencias han sido revertidas. Mientras tanto las mujeres están pasando 5 y 10 años en la cárcel que es lo que se demora un proceso de apelación en El Salvador", concluye la abogada.


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