En primera línea de la resistencia: cómo los estudiantes se convirtieron en la esperanza de la democracia en Nicaragua

En cuatro días de protestas, la policía los atacó con balas y gases lacrimógenos. Decenas de ellos murieron. Muchos de los que sobrevivieron se atrincheraron en una universidad de Managua y, pese al temor de ser perseguidos, se pusieron al frente de las demandas de la población para exigir la salida de la pareja presidencial. A las puertas del diálogo con el gobierno, los estudiantes tienen el reto de organizarse para canalizar el descontento de su país.

MANAGUA, Nicaragua.- Un enjambre de jóvenes se arremolina en el portón blanco de acceso a la Universidad Politécnica (Upoli). Muchos tienen sus rostros cubiertos con pañoletas, gorras o camisetas que solo dejan al descubierto sus ojos. Es el último punto de acceso a una fortaleza protegida por barricadas y anillos de seguridad conformados por estudiantes y muchachos de la colonia Rafaela Herrera de Managua que están armados con piedras y morteros.

Es lunes, 23 de abril, el sexto día de las protestas que han puesto en jaque al presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Los adoquines levantados en el suelo, las cenizas de llantas quemadas, los restos de botellas de agua, basura y cócteles molotov caseros dan fe de la batalla que se vivió la noche anterior, cuando la policía reprimió a los estudiantes de diferentes universidades que llevan días atrincherados en la Upoli plantándole cara al gobierno. El ataque dejó un estudiante muerto y una decena de heridos.

"Ayer estuvimos peleando desde las 2 de la tarde hasta aproximadamente las 3 de la mañana. Yo estaba en el portón y gritaban: '¡Médico, médico!', cuenta Carlos Alberto, un estudiante de diseño gráfico de 21 años convertido en uno de los responsables de la seguridad del edificio que durante días se convirtió en el principal bastión de la resistencia en Nicaragua.


El joven moreno y delgado que cubre su pelo con una gorra de los Chicago Bulls camina a paso ligero por el patio de la universidad, donde decenas de jóvenes se resguardan del sol bajo un techo metálico y organizan las provisiones recibidas. En una de las salas del edificio que el día anterior hizo las funciones de enfermería con varias mesas dispuestas como camillas para atender a los heridos, varios estudiantes con los rostros cubiertos muestran los cartuchos de las balas que recogieron tras el ataque.

"Él (Daniel Ortega) mandó a la policía orteguista a matarnos. Hubieron (sic) muchos heridos", lamenta un estudiante de Ingeniería Agraria que se identifica como 'Verde'. El joven lleva una bata quirúrgica y guantes y cubre su rostro con camiseta gris a modo de burka. "Hay compañeros que han muerto y eso nos duele a cada uno de nosotros", dice tratando de evitar las lágrimas. "Esta mierda no va a quedar así. Daniel Ortega y Rosario Murillo se tienen que ir. Es una dictadura que nos tiene oprimidos a nosotros como estudiantes y al pueblo como nación".

El día anterior, el 22 de abril, en un gesto inédito en sus 11 años consecutivos en la Presidencia, Daniel Ortega prometió dar marcha atrás al polémico decreto de reforma a la seguridad social que había provocado las protestas y llamó a un diálogo nacional. Pero, tras días de represión y muertos, sus declaraciones no fueron suficientes para una población que ha perdido el miedo y que desde hace casi dos semanas no ha dejado de salir a las calles ni un solo día para pedir la renuncia de la pareja presidencial y que les garanticen sus libertades democráticas.

El discurso de Ortega tampoco hizo que acabara la violencia policial. Solo horas después de que hablara de paz a los nicaragüenses, varios agentes cargaron contra los estudiantes atrincherados en la Upoli. Y aunque ese fue el último acto de la terrible represión registrada en Nicaragua entre el 19 y el 22 de abril, desde entonces no han parado de subir las cifras de víctimas en el conteo que hacen dos organizaciones independientes que tratan de confirmar la identidad de los cadáveres llegados a las morgues y los hospitales durante esos días.

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), ya hay 43 fallecidos, entre ellos dos policías, mientras que la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) sitúa esa cifra en 63. También está por determinar el número final de heridos, desaparecidos y las personas que siguen detenidas por las protestas, pero estos números convierten a esta matanza en la peor en Nicaragua desde el final de la guerra en la década de 1990.

Los estudiantes aceptaron la semana pasada unirse a la mesa de diálogo con el gobierno en la que también participarán el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y que tendrá a la iglesia católica como garante. Pero son los jóvenes quienes tienen ahora el reto de canalizar el descontento de la población de Nicaragua. Ellos fueron quienes se pusieron al frente de las protestas y de la resistencia al gobierno de Ortega, se llevaron lo peor de la represión y se ganaron el cariño de los ciudadanos que los abastecieron con comida, agua y medicinas y salieron masivamente a las calles para pedir que dejaran de reprimirlos.

Estudiantes sorteando balas

En Nicaragua, muchos coinciden en señalar que las protestas por las reformas a la seguridad social que comenzaron la semana pasada fueron solo la "gota que rebasó el vaso", como señala Carlos Tünnerman, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAM) y exembajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tünnerman afirma que, pese a que las organizaciones estudiantiles han estado tradicionalmente aliadas al sandinismo desde el fin de la guerra, en los últimos 11 años del gobierno de Ortega "se fueron acumulando atropellos, abusos y violaciones de derechos humanos" que, a su juicio, han hecho que sistemáticamente se haya "derrumbando la constitucionalidad democrática".

Los chavalos, como les llaman a los jóvenes en Nicaragua, comenzaron a manifestarse a mediados de abril por la que consideraban la negligente respuesta del gobierno ante el incendio de la reserva biológica de Indio Maíz, en el sur del país. El 12 de abril, un grupo de estudiantes convocados a través de las redes sociales con la etiqueta #SOSIndioMaiz salió a protestar y fue reprimido por la policía antimotines y las turbas sandinistas, jóvenes afines al gobierno que actúan como grupos de choque.


Cuatro días más tarde, el anuncio de la polémica reforma de la seguridad social echó más gasolina al descontento de la población e incomodó al Cosep, la principal patronal nicaragüense que durante años había consensuado sus decisiones con el gobierno de Ortega. El miércoles 18, el presidente oficializó la propuesta con un decreto presidencial, lo que desató mayores protestas y lo peor de la represión.

El 19 de abril, grupos de antimotines y turbas sandinistas cargaron contra los estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) que protestaban pacíficamente. Tras ser atacados con balas de goma y gases lacrimógenos, los jóvenes comenzaron a defenderse con palos, piedras y morteros de fabricación casera.

"Al primer momento, lo que sentimos era susto porque era la primera vez que había pasado algo así en mi vida. Lo había visto en historia, lo había visto en video pero nunca esperé verlo yo y menos porque mi papá es periodista y tengo fotos de la guerra que había pasado mi país", cuenta Isabel Orozco, una estudiante de Derecho de la UCA de 18 años que fue alcanzada por dos balas de goma en la espalda y un glúteo.

Aquella noche, la joven pasó unas horas escondida en una colonia aledaña a su universidad protegiéndose del gas lacrimógeno, donde los vecinos acogieron y defendieron a los estudiantes que estaban siendo atacados. "Ya no era por la reserva de Indio Maíz, ya no era por la reforma del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), era porque nos estaban atacando. Estaban atacando al pueblo", afirma. "Estábamos cansados de lo que estaba haciendo el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su señora, Rosario Murillo. Sentíamos la represión y no entendíamos el porqué del ataque. No estábamos haciendo nada malo, nos estábamos levantando para una protesta, una manifestación, las cuales no están prohibidas".


Por eso, Orozco decidió regresar al día siguiente a la protesta, esta vez a la UNI. Pero aquel día, de los gases y las balas de goma, la represión pasó a otro nivel y los estudiantes fueron atacados con munición real. Según la estudiante, las balas salieron de las armas de miembros de la Juventud Sandinista, afines al gobierno, que se habían infiltrado entre los universitarios y comenzaron a dispararles por la espalda cuando construían una barricada para tratar de defenderse. "Llegaron a disparar a lo descosido. Nos atacaron como matadero de ganado. Lastimaron a varios muchachos, mataron a varios", afirma.

Según el registro del Cenidh, al menos un joven murió alcanzado por tres disparos el 20 de abril en las intalaciones de la UNI. Otros dos fallecieron por impactos de bala en las inmediaciones de Metro Centro, un área cercana a esa universidad.

Al día siguiente, el 21 de abril, Orozco se trasladó junto a una amiga a la Upoli, el último bastión de los estudiantes, donde cientos de ellos se refugiaron para defenderse de los ataques de los antimotines y plantarle resistencia al gobierno de Ortega. En medio de la batalla, los jóvenes atrincherados no tardaron en organizar una estructura para sobrevivir y se dividieron en brigadas: la médica, la de seguridad, la de limpieza, la de alimentación, la de municiones y la directiva.

También habilitaron las instalaciones del campus para diferentes funciones: el auditorio se convirtió en el área de comida y varias aulas pasaron a ser salas médicas: una de observación, otra para casos críticos y otra para quienes llegaban con intoxicaciones alimentarias. Además, asignaron otros salones como farmacias y bodegas, donde recibían las múltiples donaciones de comida, agua y medicinas que les hacía llegar la población.

De envenenamientos de comida a amenazas

Al poco de llegar a la Upoli, Isabel Orozco decidió anotarse en la brigada médica porque se dio cuenta que era la mejor manera de ayudar. "Me uní al cuerpo de medicina y aprendí los conocimientos de cómo suturar, cómo atender una herida, cómo limpiarme las manos antes de atender a un herido", explicaba la joven el miércoles 25 en las instalaciones de la Upoli, donde el ambiente estaba más distendido tras el fin de la represión.

Pero, los primeros días, los universitarios tuvieron que adaptarse rápido a la situación y sortear algunos temores que fueron surgiendo. Cuando salían a defender sus instalaciones y, para evitar que, si los capturaban, los identificaran y reprimieran a sus familias, no llevaban su cédula, su carnet estudiantil ni teléfono. En su lugar, se pintaban unas señas de identificación en el brazo. También empezaron a pedir donaciones sólo de comida enlatada por miedo a ser envenenados después de haber identificado varios casos de intoxicación.

"Han pasado un sinnúmero de cosas. Nos han traído comida envenenada, nos han infiltrado comida con vidrios molidos. Hace un día se infiltró un médico y andaba inyectando con una aguja las aguas y una noche se infiltró un señor con una joven y le andaba dando pastillas a los jóvenes que tenemos en los retenes (...) Atendimos a 20 pacientes intoxicados para relajarse", contó Freddy Martínez, un estudiante de márketing de 25 años con conocimientos de fisioterapia que también se unió a la brigada médica.

Con el paso de los días, y con el fin de la represión y la apertura al diálogo, algunos de los estudiantes se fueron quitando los pañuelos, las gafas o las camisetas con los que cubrían sus rostros, dejando de lado sus motes y dando sus verdaderos nombres.

Sin embargo, para otros, el miedo sigue vigente. Temen que, si el gobierno los identifica como manifestantes, puedan perder sus trabajos en puestos públicos o sus becas. "A compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN -pública-) amenazaron con quitarles las becas de estudio y aquí los que estudian medicina nos tuvieron que apoyar clandestinamente. Los tuvimos que ir a traer y a dejar a los refugios porque esos chavalos pelean tanto por el cupo y los amenazan con sacarlos", cuenta Valeska Valle.

El reto del diálogo

Valle, alumna de último año de contaduría de la UCA, ejerció como auxiliar médica durante durante lo peor de la represión y ahora se ha convertido en portavoz de los estudiantes. De cara al establecimiento de la mesa de diálogo, los universitarios exigen que se garantice su seguridad y que el gobierno se comprometa a no perseguir a los jóvenes que participaron en las protestas.

"Estamos aquí para rechazar el autoritarismo, la demagogia, la división y la mentira. Estamos aquí para dar inicio a una revolución ciudadana en la que los estudiantes juramos defender la democracia y los derechos de cada nicaragüense. Estamos aquí para rescatar la autonomía universitaria a través de la organización de elecciones libres y transparentes en cada recinto, con el objetivo de elegir a nuevos representantes estudiantiles que defiendan los intereses de la comunidad universitaria y no los intereses de un partido político", se puede leer en un manifiesto firmado por la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia este sábado.

El grupo, que aglutina a jóvenes de distintas universidades del país, ha pedido una 'prórroga' hasta mediados de mayo para decidir quiénes los representarán y consensuar una agenda. Además, han presentado unas condiciones que consideran que deben darse para establecer el diálogo. Entre otras cosas, los estudiantes piden que se haga justicia a las víctimas, que los medios de comunicación tengan acceso a las conversaciones, que haya representación de los familiares de los fallecidos, que se libere a los detenidos durante las protestas, que se castigue a los responsables de la represión y que se cree una comisión independiente para investigar los crímenes.


Mientras los jóvenes se organizan, el país tiene los ojos puestos en ellos de cara a un diálogo con el que un sector de la población teme que el gobierno solo quiera ganar tiempo. El arzobispo auxiliar de la Diócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, un religioso crítico con el gobierno de Ortega y una de las voces que se ha escuchado con más fuerza en el país durante las protestas, los ha definido como "la reserva moral de Nicaragua".

Por su parte, el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez dijo de ellos la semana pasada, tras recoger el premio Cervantes, que le están "devolviendo al país la moral perdida, o silenciada por el miedo, despertándolo de un sueño anestesiado”.

En las últimas semanas, los estudiantes han dejado claras sus prioridades al mantenerse firmes con sus demandas. "Parte de mí siente que mi educación se ha desperdiciado", reconoce Carlos Antonio, el estudiante de diseño gráfico que resguardaba la Upoli el día después del último ataque. "Pero estoy luchando por algo que vamos a lograr. Cuando esto acabe, Nicaragua va a estar en tranquilidad y paz, Nicaragua va a ser libre".

En fotos: Las pancartas y los símbolos de los manifestantes en Nicaragua

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