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El Parlamento sandinista creará una cuestionada comisión para investigar las muertes en Nicaragua

Frente a las exigencias de diferentes sectores de una investigación independiente a las más de 40 muertes durante la represión a las protestas en Nicaragua, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, anunció este domingo la creación una 'comisión de la verdad'. “No podemos creer en una Comisión hecha a medida por (Daniel) Ortega”, lamenta la oposición.
29 Abr 2018 – 03:59 PM EDT
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MANAGUA, Nicaragua-. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este domingo la creación de una “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz” para “esclarecer” los crímenes ocurridos durante las protestas nacionales a causa de la represión de la Policía Nacional y las turbas del Frente Sandinista que, según el recuento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), ya va por 43 fallecidos.

Se trata de la peor matanza ocurrida en Nicaragua desde que finalizaron las hostilidades entre el Ejército Popular Sandinista y la Contra en el año de 1990. Aunque la peor parte de la represión ha pasado, e l número de víctimas fatales sigue en aumento. Los organismos de derechos humanos trabajan para verificar los casos de los cadáves no contabilizados llegados a las morgues y los hospitales durante las protestas.

El Parlamento convocó este domingo a una sesión especial en la que participaron 75 legisladores, todos leales al gobierno del comandante Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta ha sido una de las respuestas del gobierno sandinista para responder a la demanda nacional de justicia luego de deslegitimar la protesta nacional encabezada por los universitarios bajo los apelativos de “vándalos”, “delincuentes” y “pandilleros”.

“Hoy es un día histórico que le permite a este Poder del Estado actuar con la consecuencia que demandan los acontecimientos, y lo más importante, la necesidad que ha expresado el pueblo de que se establezca la paz social y la justicia", dijo el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez.

Mientras la Asamblea Nacional aprobó la “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz”, las protestas ciudadanas siguen. Este sábado decenas de miles de personas se congregaron en la Catedral Metropolitana de Managua tras el llamado de los obispos de la Conferencia Episcopal a una peregrinación para honrar a las víctimas de la represión. La invitación de la iglesia católica fue rebasada: Los creyentes marcharon con feministas, miembros de la diversidad sexual, universitarios y ciudadanos de todo tipo. Confluyeron bajo una pancarta enorme que citaba el versículo Éxodo 20:13: “No matarás”.


Pero la nota más emotiva en la peregrinación católica fue la llegada de los campesinos del movimiento anticanal, quienes desde hace cinco años protestan contra esta megaobra que pone en peligro de expropiación sus tierras. Los campesinos viajaron más de 350 kilómetros hacia Managua en camiones y buses para unirse a la manifestación. Antes del liderazgo universitario, los campesinos eran el único colectivo que le habían plantado de forma tajante la cara al régimen. “¡Qué vivan los campesinos!”, gritaban los estudiantes en la catedral. “¡Qué vivan los estudiantes!”, contestaban los campesinos.


Otras ciudades como Matagalpa, Estelí, León y Granada siguieron movilizadas este sábado con vigilias y marchas multitudinarias en rechazo al régimen autoritario de los Ortega-Murillo. Para este domingo, varios artistas nicaragüenses protagonizarán un concierto en Managua por los “caídos”.

Una comisión cuestionada

Gustavo Porras, presidente del Parlamento y quien fue visto durante la madrugada del sábado 21 de abril junto junto al director de la Seguridad Social dirigiendo a efectivos del Ejército de Nicaragua, dijo que la Comisión “estará integrada por notables nicaragüenses", si bien no reveló los nombres de los posibles integrantes de la Comisión que será elegida por la directiva del Parlamento.

La Asamblea Nacional tiene “un plazo de 7 días” para conformar la aprobada Comisión.

Sin embargo, para Ana Margarita Vijil, miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD), un grupo opositor ilegalizado por el gobierno de Ortega, las muertes deberían ser investigadas por un árbitro imparcial. “Nicaragua necesita una investigación real, con peritos internacionales creíbles. Demandamos la participación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), quienes deberían coordinar una investigación real y creíbles cuyo resultados y condenas deben ser de obligatorio cumplimiento”.

La creación de un grupo de investigación independiente es uno de los requisitos de los estudiantes agrupados en el movimiento 19 de abril que en un manifiesto recientemente publicado exigen el "establecimiento de una Comisión contra la Impunidad en la que participen el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas" para "investigar, condenar y sancionar a todos los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión".

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“No podemos creer en una Comisión hecha a medida por (Daniel) Ortega”, que debería estar destituido y procesado. No tiene credibilidad. El régimen quiere ganar tiempo”, lamentó Vijil en declaraciones a Univision Noticias.

Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos continúan trabajando para hacer recuento de las víctimas de las protestas, una cifra aún sin esclarecer.

Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh, informó a Univisión Noticias que el último recuento de muertos es de 43, pero trabajan en la confirmación de tres víctimas fatales más. “Hemos expresado que es tan monstruoso el crimen que no hemos dimensionado el daño, en muertos, detenidos, desaparecidos, torturados, heridos y lesionados, más la represión que continúa”, dijo Carrión.

Aunque el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo puja por entablar un diálogo moderado por la iglesia católica —que incluiría al sector privado, los universitarios, y otros sectores no especificados — , la demanda de justicia por los muertos es uno de los principales dificultades para realizarlo.

“No podemos ir a un diálogo con la mesa manchada de sangre”, dijo  Jessica Rivas, madre de Jesner Rivas, un adolescente de 16 años asesinado el domingo 22 de abril.

Los obispos de la Conferencia Episcopal reafirmaron su disponibilidad de asistir al diálogo, pero con una nueva condición: “Si en un mes no vemos interés del Gobierno, no funcionará. Los obispos nos retiraremos”. “No más misas negras, no más arreglos debajo de la mesa, no más arreglos de cúpula… El pueblo va a estar informado de lo que ocurra”, dijo monseñor Silvio Báez, la voz critica de la iglesia.

El cardenal Leopoldo Brenes recomendó que debería “de haber representación de todos” los sectores en la mesa de diálogo. Los universitarios han demandado, además de la justicia y castigo a los responsables de los castigos, la realización de elecciones anticipadas para sacar del poder a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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