El 'autogolpe' en Venezuela sacude la unidad chavista

La fiscal general, exministros de Hugo Chávez y aliados de siempre del oficialismo se desmarcan de la sentencia del Tribunal Supremo que anula a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
1 Abr 2017 – 1:07 AM EDT

CARACAS, Venezuela.- Resultaba absolutamente previsible que la decisión emitida el miércoles por la mayoría chavista en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en la práctica anula a la Asamblea Nacional, levantara voces de protesta en la comunidad internacional y la oposición venezolana. Pero lo que nadie esperaba era que esta sentencia abriera una grieta en la hasta ahora monolítica revolución.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sorprendió al país al señalar que en los recientes fallos del TSJ “ se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución”. No solo fue lo que dijo, sino cómo lo dijo.

Apelando a los gestos y la narrativa histórica del oficialismo, Ortega Díaz blandió en pantalla una pequeña edición de la Carta Magna para recordar que el difundo comandante Hugo Chávez fue el “impulsor” del texto que estaría violando su sucesor, el presidente Nicolás Maduro.

La declaración de la jefa del Ministerio Público sacudió a la opinión pública. Los rumores se esparcieron en las redes sociales como la pólvora. Se especuló sobre su destitución fulminante. Otros aseguraron que bandas paramilitares asediaban su despacho en el centro de Caracas. Unos pocos ensalzaban a su nueva heroína y la mayoría sospechaba que se trataba de un ardid para favorecer al régimen socialista y convencer al mundo de que en el país sí existe autonomía de poderes.

En estos 18 años de revolución chavista, pocas veces se han registrado fisuras en el seno del Gobierno y ya los venezolanos no saben cómo interpretar o reaccionar frente a estos hechos realmente insólitos.

Maduro se presenta como “el hijo de Chávez”, depositario de un “legado” que incluye a una fuerza política sólida e indivisible. Sin embargo, en las últimas semanas las tensiones internas han llevado al mandatario a exclamar en cadena de radio y televisión: “¡Alerta, bolivariano, que a Nicolás Maduro le quieren meter una puñalada por la espalda traidores de nuevo cuño para asumir un proyecto reformista!”.

Rojos críticos

La abogada estadounidense Eva Golinger, reconocida militante del proceso bolivariano, secundó en Twitter las críticas lanzadas por Ortega Díaz. “La separación e independencia de los poderes del Estado es un fundamento inalienable de la democracia”, sostuvo Golinger, rechazando la embestida del Poder Judicial que de un plumazo eliminó la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la Asamblea Nacional.


“Estamos frente a la preocupante degradación de la institucionalidad y de los principios de la democracia. La preocupación de la Fiscal General es la de millones de venezolanos. Retomemos la senda democrática y atendamos las necesidades de la gente”, manifestó el antiguo titular de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, el mismo que ofreció un discurso ante el féretro de Chávez el 15 de marzo de 2013.


Otros tres exministros del Gobierno, Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio y Gustavo Márquez, así como el diputado a la Asamblea Constituyente de 1999, Freddy Gutiérrez, y el mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones, agrupados en la Plataforma en Defensa de la Constitución, saludaron la “valentía y determinación” de Ortega Díaz, y condenaron “el golpe de Estado en desarrollo que puede alterar las reglas de juego de la República”.

Marea Socialista, escisión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), afirma en su editorial de esta semana que el Gobierno “decidió profundizar su curso totalitario (…) por su propia debilidad y dramática pérdida de apoyo social; y porque pretende de manera preventiva cortar los síntomas crecientes de reacción de los trabajadores y los sectores populares que ya se empiezan a manifestar”.

En la misma línea de sus viejos compañeros del gabinete ejecutivo, el exministro Andrés Izarra compartió en Twitter un mensaje del sociólogo Javier Bierdeau que reza: “Venezuela= país donde su clase política (Gobierno y oposición) se unen para destruirlo”.

Polo convulsionado

Antes de que la pelea entre el TSJ y Ortega Díaz caldeara los ánimos en el país, una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) –también controlado por Maduro– que obliga a los partidos a renovar su inscripción, sacudió los cimientos de la alianza chavista.

Aunque se ha advertido que el mecanismo diseñado por el CNE intenta liquidar a las organizaciones que integran la opositora Mesa de la Unidad Democrática, los miembros de la coalición oficialista denuncian que esa guillotina también cortará sus cabezas y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) ya anunció que no cumplirá el requisito.

“El CNE deberá asumir las consecuencias políticas e históricas de ilegalizar el PCV”, han enfatizado los voceros del socio más importante del PSUV en el llamado Polo Patriótico. Así, mientras el Presidente bloquea al Parlamento bajo la excusa de que se encuentra en “desacato”, los comunistas expresan que “nosotros no vamos a acatar, no nos vamos a subordinar a las normas que con base a una sentencia del TSJ ha decidido aplicar el CNE”.

El exalcalde metropolitano, Juan Barreto, fundador del partido chavista Redes, elevó el tono de la disputa intestina. “En estas condiciones nos ilegalizarán. Pasamos a la clandestinidad. Nos encapucharemos, pero vamos a dar la pelea legal”, sostuvo Barreto, al tiempo que Patria Para Todos (PPT) –otra ficha del Polo Patriótico– ha impugnado las condiciones del proceso por considerar que vulneran la Carta Magna.

Los analistas indicaban que con esta iniciativa el CNE pretendía dividir a la oposición; no obstante, al final la mayoría de las organizaciones de la MUD aceptaron participar en estas jornadas. En cambio, las contradicciones se agudizaron en el bando chavista, donde el PSUV es acusado de buscar convertirse en el “partido único” de la revolución.

Un vicepresidente poderoso, rodeado de militares

Hay un grupo de traidores que fueron de la revolución bolivariana, algunos ya viven en Estados Unidos, otros están aquí tratando de dividir al movimiento bolivariano, al movimiento revolucionario, les voy a sacar sus pruebas, después van a sudar frío y les va a dar diarrea cuando les saque la prueba”, espetó Maduro el 14 de marzo en una reunión con el “alto mando político” que le acompaña.

En medio de aquel discurso, el Jefe de Estado salió en defensa de quien se ha erigido en su principal colaborador: el vicepresidente Tareck El Aissami, sancionado el 13 de febrero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con capos del narcotráfico.

Maduro le ha encomendado a El Aissami desde combatir la criminalidad y dirigir el “comando nacional antigolpe”, para desmontar los supuestos planes conspirativos de la oposición, hasta coordinar el Consejo Nacional de Economía Productiva, con la finalidad de superar una crisis caracterizada por la escasez de alimentos y medicinas, y un alto nivel de inflación que en 2016 superó 500%.

La influencia del abogado de 42 años en el tren ministerial no deja lugar a dudas. Piezas de su confianza ocupan las carteras de Relaciones Interiores, Finanzas, Educación Universitaria, Energía Eléctrica y vicepresidencias de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), entre otros puestos clave. A la diestra del mandatario venezolano, destaca sobre otras figuras históricas del chavismo como el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, el ministro Elías Jaua y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.

El otro soporte fundamental de Maduro está en los cuarteles. Once de sus 32 ministros son militares, encabezados por el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, quien además comanda la Gran Misión Abastecimiento Seguro.

Los uniformados administran despachos que manejan ingentes presupuestos como Alimentación, Obras Públicas, Agricultura y Vivienda. El alto mando suele proclamar que la Fuerza Armada es “chavista” y hasta el momento su proceder lo ratifica.

Para medir la salud de la revolución socialista, muchos suelen alzar la mirada hacia la cúpula, donde episodios como el protagonizado por la fiscal Ortega Díaz son una rareza. Pero, en realidad, el problema está en la base.

La encuesta de Venebarómetro de febrero pasado arroja que siete de cada diez venezolanos evalúa negativamente el desempeño de Maduro y que 26,3% de quienes se identifican como “chavistas” opinan que el país necesita un cambio de Gobierno. Ambas cifras impensables en los tiempos del “comandante eterno”.

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