EEUU sigue cercando al gobierno de Maduro: prohíbe transacciones con la criptomoneda venezolana Petro

Este lunes Estados Unidos cerró nuevamente el paso al gobierno de Venezuela. El presidente Donald Trump prohibió el uso de la criptomoneda Petro, recién creada por Nicolás Maduro, al considerar que con ella buscan esquivar las sanciones económicas impuestas desde Washington.

"A la luz de las recientes acciones tomadas por el régimen de Maduro para intentar eludir las sanciones de los EEUU mediante la emisión de una moneda digital en un proceso que la Asamblea Nacional democráticamente electa de Venezuela ha denunciado como ilegal, ordenaremos que (...) todas las transacciones relacionadas con (...) cualquier moneda digital o ficha digital, emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018, están prohibidas", dice la orden ejecutiva dictada por la Casa Blanca que entró en vigor este lunes a mediodía.

El documento incluye a personas, entidades bancarias o empresas radicadas en Estados Unidos, según explicaron funcionarios del gobierno en una llamada con periodistas. Ahora, corresponde al Departamento del Tesoro promulgar las leyes y regulaciones para implementar la disposición del presidente.

Venezuela tiene actualmente la inflación más alta del mundo, que el Fondo Monetario Internacional calcula se trepará hasta 13,000% para fines de 2018. Eso hace que cualquier salario sea insuficiente para afrontar los gastos básicos de servicios y comida en el país. Paralelamente, los venezolanos batallan a diario con la escasez de casi cualquier producto de primera necesidad, como la carne, el pollo, la leche, el pan, las toallas sanitarias y medicinas tan básicas como un ibuprofeno.

En ese contexto –empujado por las medidas económicas de Maduro, el control cambiario y la caída abrupta de la producción petrolera–, Estados Unidos sumó una presión adicional al restringir en agosto pasado a ciudadanos estadounidenses comprar nuevas emisiones de deuda y bonos del Estado venezolano y de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Limitó además la negociación de bonos que se encontraban en manos del sector público venezolano y el pago de dividendos al gobierno chavista.

Aunque Estados Unidos ya ha sancionado a más de una ventena de funcionarios venezolanos, esas fueron las primeras sanciones económicas implementadas por Washington desde que empezó el quiebre de las relaciones bilaterales con la llegada al poder en 1999 de Hugo Chávez Frías.

Así, acorralado y con una crisis económica y humanitaria, en diciembre de 2017 Maduro sorprendió al país con el lanzamiento del Petro. Dijo entonces que con él avanzaría "en materia de soberanía monetaria" y vencería "el bloqueo financiero de Estados Unidos". Lo puso en el mercado también como una forma de reestructurar su enorme deuda externa, una parte en default, estimada en unos 150,000 millones de dólares.

El Petro está respaldado por 5,324 millones de barriles en reserva de la Faja Petrolífera del Orinoco –la más importante del país y del mundo–, por oro y gas. Su valor inicial sería equivalente al del precio del barril de crudo venezolano y cada unidad de esta criptomoneda tendrá como respaldo, dijo el gobierno, un contrato de compra-venta por un barril de petróleo cada vez más devaluado.

Solo la primera noche de venta, la del 20 de febrero, Maduro aseguró que habían recaudado más de 700 millones de dólares. Desde que se lanzó, dicen haber recibido pedidos de compra por unos 5,000 millones de dólares.

Nuevos sancionados

Este lunes por la tarde, Estados Unidos también anunció nuevas sanciones económicas contra cuatro funcionarios y exfuncionarios venezolanos, "como parte de los esfuerzos del Departamento del Tesoro para resaltar la mala gerencia económica y la corrupción endémica que han definido el desempeño del régimen de Maduro", según señala una nota de prensa del Departamento del Tesoro. "El presidente Maduro diezmó la economía venezolana y estimuló una crisis humanitaria", agrega.

Entre los nuevos sancionados está Carlos Alberto Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de Seguro Social, encargado entre otras cosas de dotar a los pacientes crónicos con medicinas. Estados Unidos considera que el colapso en la economía venezolana contribuyó a que el país dejara de comprar medicinas y vacunas necesarias para controlar la reaparición de enfermedades como la difteria y que dejó a los enfermos de cáncer o diabetes a expensas de esta escasez.

Otro de los sancionados es Américo Mata García, quien fue jefe alterno del directorio del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. La sanción en su contra es por haber pedido y recibido pagos de la constructora brasilera Odebrech, implicada en un escándalo de corrupción que involucra a distintos gobiernos de América Latina, durante la campaña presidencial de Maduro en 2013.

Los otros dos son William Antonio Contreras, quien está al frente de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Lo responsabilizan de mantener un control de precios y con eso, ralentizar la producción en Venezuela. Y Nelson Lepaje Salazar, quien hasta mediados de marzo actuó como jefe de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. Aseguran que contribuyó con la corrupción en el país al autorizar la apertura de cuentas bancarias con fondos del tesoro venezolano tanto en bolívares como en monedas extranjeras.

Estos cuatro nombres se suman a una lista que incluye a funcionarios de alto perfil sancionados, como la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el hermano del fallecido expresidente Hugo Chávez, Adán Chávez; el exvicepresidente Elías Jaua; el defensor del pueblo, Tareck William Saab, entre otros.

La Administración Trump mantiene la idea de imponer sanciones contra la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (Pdvsa), aunque aún evalúan cuándo será el mejor momento para hacerlo y qué implicaría.