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Desde que EEUU lo acusó de fraude hace 34 días, nadie ha visto a este magistrado nicaragüense

Roberto Rivas Reyes lleva desaparecido más de un mes, desde que EEUU congelara sus bienes el pasado 20 de diciembre a través de la ley Magnitsky. Ahora, la administración Trump apunta a los nexos de Nicaragua con PDVSA.
24 Ene 2018 – 1:40 PM EST

MANAGUA, Nicaragua-. El presidente del Poder Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas Reyes, está desaparecido. No se la ha visto ni ha comparecido públicamente desde que Estados Unidos lo sancionó por fraude y corrupción el pasado 20 de diciembre, a través de la Ley Global Magnitsky. El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 13818 que congela todos los activos del controvertido magistrado, señalado de perpetrar reiterados fraudes electorales en favor del mandatario Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

La decisión golpea directamente la tensa relación del gobierno sandinista con Washington y aplica presión a la exigencia surgida de diferentes sectores de depurar “el colapsado sistema electoral” que ha consolidado el “poder absoluto” al Ejecutivo Ortega-Murillo desde hace una década.


Las sanciones Magnitsky están contempladas en una ley aprobada en 2012 por Estados Unidos. En principio, la normativa fue creada para castigar a funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, investigados por el crimen del abogado Sergei Magnitsky, quien denunció actos de corrupción en Rusia. Sin embargo, en 2016, su ámbito de aplicación fue ampliado para que afectara a individuos de todo el mundo involucrados en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Rivas Reyes es para la oposición y diversos organismos de la sociedad civil “la cara del fraude” en Nicaragua, pero también de los onerosos privilegios que un funcionario fiel puede obtener a la sombra del poder: su patrimonio personal ha crecido de forma desproporcional a sus ingresos. Posee condominios de lujos en San José, Costa Rica, donde se alojaban los hijos de la pareja presidencial, ha comprado tres aviones, un Porsche, Mercedes Benz, BMW o yates, entre otros lujos, de acuerdo a investigaciones periodísticas. Quizá uno de los excesos más visibles del magistrado es una mansión blanca, erigida sobre la loma de San Juan del Sur, el principal balneario de Nicaragua.

El presidente del Poder Electoral es protegido del Cardenal Emérito Miguel Obando y Bravo, un prelado fiel al comandante Daniel Ortega, quien tuvo una reconversión: dejó de ser enemigo del político a quien llamó serpiente a través de una parábola bíblica. Antes de ser magistrado electoral, Rivas Reyes dirigió la Comisión de Promoción Arquidiocesana, entre 1981 al 2000, instancia desde la cual introdujo vehículos de lujo y otros bienes sin pagar impuestos al país. La Contraloria lo investigó pero las pesquisas fueron engavetadas tras un acuerdo político entre el cardenal Obando y Bravo y el comandante Ortega. A partir del año 2000, Roberto Rivas asumió la presidencia del Poder Electoral. Desde entonces, la aureola de la corrupción es asociada a él y su entorno.

Ahora, como consecuencia de las sanciones de EEUU, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, adscrita al Departamento del Tesoro, congeló los activos de Rivas Reyes. Lo incluyó en una lista de trece personas “cuyos activos dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos (…) están bloqueados". Además, las personas de ese país tienen prohibido realizar transacciones con él.

“Rivas ha sido descrito por un Contralor General de Nicaragua como ‘por encima de la ley’ y las investigaciones sobre su corrupción han sido bloqueadas por funcionarios del gobierno nicaragüense. También ha perpetrado un fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua”, dice el comunicado de la Oficina de Control de Activos, por sus siglas en inglés OFAC.

Las sanciones también tuvieron una consecuencia indirecta: la desaparición de Rivas Reyes del panorama público en Nicaragua. El magistrado se ausentó el 4 de enero de la juramentación y acreditación de alcaldes electos en los comicios municipales de 2017, un acto que usualmente ha presidido en el pasado. El Poder Electoral y el gobierno de Ortega guardaron silencio sobre su ausencia y su paradero.

El único que rompió el silencio sobre las sanciones a Rivas Reyes fue Bayardo Arce, asesor presidencial en temas económicos. “¿Cuáles son los actos de corrupción y de violación de los derechos humanos con los que acusaron a Roberto Rivas?”, espetó Arce, tras ser abordado por periodistas.

"Estados Unidos, también en otro arrebato imperial, decide que hay unas 13 personas en el mundo de que son corruptos y violadores de derechos humanos”, dijo Arce, el último de los comandantes históricos de la Revolución que queda leal a Ortega. “¿No te das cuenta que ellos hacen todo lo que quieren en el mundo? ¿No te das cuenta que estás viviendo en un 'agujero de mierda', como dijo Donald Trump? Así nos ven”, justificó.

Ante la presión por investigar a nivel nacional los presuntos actos de corrupción del magistrado electoral, el contralor Luis Ángel Montenegro se negó iniciar proceso alguno. “Si gana 60,000 dólares y si tiene otros negocios, no nos compete (...) No tengo por qué andar especulando si gana 60,000 y si tiene mansiones, yates, aviones, no me llama la atención”, dijo el contralor a un canal local.

Sin embargo, el exembajador de Nicaragua en Washington Carlos Tünnermann, señaló a Univisión Noticias que la ley orgánica de la Contraloría obliga de oficio a investigar a cualquier funcionario sospechoso de corrupción. “Roberto Rivas debe renunciar de inmediato y las estructuras del Poder Electoral deben ser renovadas”, pidió el Tünnermann.

Congresistas y senadores detrás de sanciones

Las sanciones a Rivas y otros funcionarios fueron promovidas por un grupo de congresistas republicanos y demócratas, en los que sobresalen Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires.

La avanzada bicameral es la misma que promueve en el Capitolio de Washington la aprobación de la Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), que busca castigar la deriva autoritaria del régimen de Ortega y Murillo. Aunque la iniciativa ha sido aprobada de forma unánime en el Congreso, y otra versión fue presentada en el Senado por Ted Cruz, la Nica Act se ha empantanado en la tubería legislativa.

La posible aprobación de la Nica Act causó temor entre en el empresariado nicaragüense y el gobierno de Ortega, a tal punto que, cada uno por su parte, contrataron firmas lobistas para disuadir la aprobación. Fuentes de la Cámara Nicaragüense de Comercio Americana (AmCHAM) aseguraron a Univisión Noticias que la Nica Act no será aprobada por lo pronto, y que los congresistas y senadores encontraron en la Magnitsky una forma más expedita para aplicar sanciones a elementos claves de la nomenclatura del régimen.

Maraña de PDVSA en Nicaragua

Cuando los congresistas y senadores pidieron a Trump sancionar a Rivas a través de una carta, también incluyeron a Francisco ‘Chico’ López Centeno, vicepresidente de Albanisa, la empresa binacional que ha administrado de forma discrecional la mayor parte de la cooperación venezolana en Nicaragua: 4,000 millones de dólares desde el año 2007.

Según la carta, PDVSA está plagada de corrupción y Albanisa no es la excepción. “No ha contabilizado públicamente el gasto de asistencia significativa fuera del presupuesto de Venezuela”, asegura el documento.
López Centeno es otro leal al comandante Ortega. Es el tesorero de su partido, el Frente Sandinista, y uno de sus ases en los negocios. “Es posible que López Centeno sea directamente responsable, o sea cómplice, de ordenar, controlar o dirigir actos de corrupción significativa a través de Albanisa”, refieren los legisladores.

Venezuela ha estado bajo la mira de la administración Trump. En agosto de 2017, el hermano del expresidente Chávez, Adán, el vicepresidente Tarek El Aissami, y otros miembros del círculo íntimo de Nicolás Maduro fueron sancionados. Washington decidió además que las operaciones de PDVSA, “relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones por una persona de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos”, quedaban prohibidas.


El 7 de septiembre, la embajada de Estados Unidos citó a los empresarios de la cámara de comercio estadounidense AmCHAM para advertirles sobre sus negocios con Albanisa. William Muntean, consejero económico de esa legación diplimática, pidió revisar los acuerdos comerciales “para no cometer una ilegalidad” de cara a las sanciones impuestas por Trump.

Analistas políticos han interpretado las sanciones Magnitsky como un fuerte golpe de mesa a Ortega y a la regresión democrática que ha implantado. Las sanciones a Rivas Reyes fueron publicadas un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) avalara los cuestionados resultados de las elecciones municipales. La sanción es considerada por el exembajador Carlos Tunnermann como “una señal” para que Ortega enderece el rumbo, o, de lo contrario, Albanisa “ya queda advertida”.

Estados Unidos también notificó a Costa Rica las sanciones contra el magistrado y el 9 de enero la Fiscalía tica abrió una investigación bajo la sospechas de legitimación de capitales en ese país. Roberto Rivas copa titulares en Nicaragua y Costa Rica, pero sigue desaparecido.

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