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Denuncian un "estado de excepción de facto" en Nicaragua: cárcel para quienes protesten

A través de la Policía Nacional, el gobierno sandinista ha prohibido las marchas. Apresa y condena por “terroristas-golpistas” a quienes las convocan. La última redada masiva ocurrió este domingo y dejó al menos 38 personas tras las rejas, liberadas este lunes tras la presión nacional e internacional.
15 Oct 2018 – 7:15 PM EDT

MANAGUA, Nicaragua.- Un contingente de al menos 500 policías antimotines salió muy temprano de sus cuarteles la mañana del domingo 14 de octubre con un solo objetivo específico: evitar a toda costa otra protesta contra el gobierno de Daniel Ortega.

Para lograrlo, vapulearon a media centena de ciudadanos. Las imágenes de la represión policial abundaron. Jóvenes, adultos y ancianos siendo arrastrados hacia las patrullas policiales a punta de golpes y empujones, en medio del estruendo de bombas lacrimógenas y aturdidoras. Protestar en Nicaragua fue decretado ilegal desde el 28 de septiembre. Para hacer cumplir la orden, los organismos de derechos humanos coinciden en que el gobierno sandinista ha impuesto “un estado de excepción de facto”, que trae aparejada persecución, redadas masivas de detención, y penas de cárcel de hasta 30 años.

La represión de este domingo 14 de octubre sucedió en el centro comercial Camino de Oriente, en Managua, el mismo sitio donde hace seis meses la represión combinada de la Policía y turbas sandinistas provocó el estallido social contra el gobierno de Ortega. Pero hace medio año todo era distinto. Las masivas protestas -que arrebataron el control de las calles al oficialismo- han sido menguadas a través de la represión sostenida por oficiales y paramilitares, ocasionando el peor baño de sangre en Nicaragua desde la postguerra en la década de 1980: más de 350 asesinados, según la cifra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las “marchas azul y blanco” han disminuido notablemente desde el 28 de septiembre, cuando la Policía Nacional decretó la ilegalidad de las mismas. Desde esa fecha, al menos en Managua, los ciudadanos y las organizaciones sociales organizadas en la Unidad Nacional Azul y Blanco han desafiado dos veces la decisión policial. El resultado ha sido el mismo: una fuerza represiva que se lanza con ferocidad sobre los manifestantes.


Permiso previo y represión selectiva

La Policía emitió otro comunicado antes de la marcha de este 14 de octubre. Afirmaba que para protestar se necesita “permiso previo”, pese a que la Constitución Política de Nicaragua consigna en sus artículos 53, 54 y 32 “el derecho a reunión pacífica sin previo aviso”. La institución amenazó con “tomar todas las medidas necesarias” contra aquellos que desobedecieran la orden. Y cumplió: Arrestaron de forma violenta a 38 ciudadanos, entre ellos las líderes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), el partido ilegalizado al que el gobierno de Ortega acusa de promover “un golpe de Estado”.


De los 38 detenidos, los oficiales liberaron a ocho el mismo domingo. En especial a los ancianos. El resto serán enjuiciados por “terrorismo”, “crimen organizado” y otra serie de delitos que les han imputado a los más de 400 reos políticos que hay en Nicaragua, según la oposición.

Este lunes, avalancha de críticas dentro y fuera del país, el gobierno sandinista liberó a unos 30 opositores, noticia recibida con alivio por organizaciones de derechos humanos, que sin embargo aseguraron no olvidar que otros 500 manifestantes están "injustamente" presos por protestar.

Varios de los liberados al salir de la cárcel de máxima seguridad de El Chipote, en Managua, gritaron con el puño en alto: "Viva Nicaragua libre" y se abrazaron a amigos y familiares que estaban a las puertas del penal.

"Es evidente que no se encontró indicio de ningún delito y aquí estamos en libertad, ojalá así sea para otros presos políticos. Vamos a seguir luchando para que no haya presos en este país", dijo la dirigente del disidente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Ana Vigil, al salir de la prisión.

Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, dijo previamente que apelando a "inaceptables actitudes represivas y autoritarias" en Nigaragua, el estado de Excepción !se va consolidando con medidas estatales incompatibles con la democracia y los derechos humanos”.

Este mismo domingo, en el aeropuerto internacional de Managua, la defensora de derechos humanos Haydée Castillo fue bajada de un vuelo de American Airlines cuando viajaba hacia Estados Unidos. La detuvieron y la trasladaron a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAD), mejor conocidas como El Chipote.

Antonia Urrejola, relatora especial de la CIDH para Nicaragua, criticó la “represión selectiva” que ejerce el gobierno de Ortega, así como la criminalización de la protesta.

“Las detenciones selectivas y la criminalización de la protesta contra defensores de derechos humanos y líderes de la disidencia política no es propio de un Estado democrático”, alertó la relatora. En conversación con Univision Noticias, Urrejola enfatizó que las protestas sociales deben considerarse siempre legítimas y no una amenaza, salvo excepciones muy calificadas.

“La declaración de que las protestas antigubernamentales son ilegales por haberse producido en ellas hechos violentos y la atribución a priori de responsabilidad a convocantes y organizadores -además de ser una clara violación del principio de inocencia- implica una limitación arbitraria del derecho a la protesta social y por ello vulnera los estándares internacionales de derechos humanos”, dijo Urrejola.

Sofocar rebelión

Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, dijo a Univision Noticias que la lógica tras este “Estado de Excepción de facto” pretende “eliminar cualquier expresión de insatisfacción de la ciudadanía contra el gobierno”.


“Con la fase de represión violenta no lograron desarticular a la gente, así que cada día elevan el nivel de violencia y radicalización con medidas que irrespetan los derechos humanos y ciudadanos”, aseguró Cuadra.

Univision Noticias ha recabado decenas de testimonios en ciudades como Masaya y Jinotepe (dos de las más golpeadas por la represión) sobre redadas de detención selectivas. El nivel de hostigamiento ha impactado directamente en la afluencia de manifestantes en las calles.

“La dictadura de Ortega se convirtió ya en un Estado policiaco en el que persiguen a los ciudadanos por ejercer su derecho legítimo a manifestarse que quiere convertir al país en una enorme cárcel”, dijo Azahálea Solís, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco.


El gobierno de Ortega ha recuperado su presencia en las calles echando mano de los trabajadores públicos, quienes son obligados a poblar las rotondas de Managua con enormes parlantes mientras bailan la canción de moda del gobierno: “El Comandante se queda”, en respuesta a la demanda de los opositores de que la pareja presidencial abandone el poder. Los trabajadores públicos son acompañados por antimotines armados con fusiles, quienes brindan protección todo el tiempo. Cualquier atisbo de protesta opositora, es desarticulado por las fuerzas armadas y los paramilitares que operan ahora en motocicletas.

“Están erigiendo un Estado de Excepción por la vía de los hechos que es un absurdo jurídico”, dijo a Univision Noticias Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). “El régimen de Ortega pretende sofocar, controlar y aplastar la resistencia cívica con la misma brutalidad de cuando empezó a matar en abril”.

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