Daniel Ortega ilegaliza las protestas en Nicaragua y amenaza con cárcel a quien las convoca

La policía nacional emitió un comunicado que prohíbe cualquier manifestación contra el gobierno sandinista y amenaza con encarcelar a quienes convocan las marchas. La decisión fue anunciada el mismo día en que agentes allanaron las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el principal 'think tank' de Nicaragua.
29 Sep 2018 – 12:30 PM EDT

MANAGUA, Nicaragua-. El gobierno de Daniel Ortega ilegalizó todas las marchas ciudadanas en su contra a través de un comunicado de la Policía Nacional que publicó este viernes. En medio de un creciente aislamiento político nacional e internacional, la administración sandinista prometió apresar y enjuiciar a quienes organicen nuevas manifestaciones pese a que los artículos 53 y 54 de la Constitución Política de ese país establecen el derecho a la reunión pacifica.

El comunicado de la policía, que fue emitido en la tarde del viernes, señala que “ante las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presentan en el desarrollo de estas actividades (marchas), los grupos que convoquen a movilizaciones ilegales responderán ante la justicia”.

El anuncio fue hecho por el comisionado general de la Policía, Jaime Antonio Vanegas Vega, en un momento en el que la protesta social en Nicaragua es asediada de forma permanente por oficiales y paramilitares armados. Los líderes ciudadanos sufren persecución y, muchos de ellos han sido capturados ilegalmente para luego ser acusados y procesados por los cargos de “terrorismo-golpismo” o “crimen organizado”, entre otros delitos. Según organismos de derechos humanos, son más de 500 presos políticos.

La Policía justifica la ilegalización de las marchas, entre otros casos, por el asesinato más reciente ocurrido en una protesta, el de Matt Andrés Romero. El joven de 16 años recibió un disparo en el pecho el pasado 23 de septiembre, cuando participaba en la marcha “Somos la voz de los presos políticos”.


La policía responsabilizó por su muerte a “delincuentes” que provocaron que el menor quedara en medio de “fuego cruzado”, pero las pruebas obtenidas por la prensa independiente y las versiones de los familiares de la víctima contradicen la versión policial. La madre del adolescente, Tania Romero, culpabilizó a los antimotines y los paramilitares que dispararon contra la población desarmada por la muerte de su hijo.

“La Policía Nacional reitera, que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la Justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales (sic)”, promulga el parte policial.

"Un estado de sitio policial"

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la abogada Vilma Núñez, le dijo a Univision Noticias que el comunicado de la policía es “grave y aberrante”: “De ninguna manera la institución policial puede coartar el ejercicio de un derecho contemplado constitucionalmente. Tampoco pueden criminalizar y tipificar ese derecho. Están instalando un estado de sitio policial”, dijo Núñez.

Según la veterana defensora de derechos humanos, esta medida tomada por la Policía Nacional, cuyo jefe supremo es el presidente Ortega, responde a que el mandatario “ya no tiene opciones legales para mantenerse en el poder”.


El comunicado policial causó inmediata reacción en Nicaragua y a nivel internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue de los primeros en condenar la decisión.

“Recibimos con preocupación nota de prensa de Policía Nacional de Nicaragua que califica de ilegal las manifestaciones y criminaliza su convocatoria. Esto es contrario a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática”, expresó el organismo interamericano. Mientras que Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la CIDH, dijo que requerir autorización previa para manifestarse “es una restricción incompatible con los derechos de expresión, reunión y asociación. Una marcha pacífica no puede declararse ilegal previamente con el fin de criminalizarla”.

El exviceministro de Gobernación, José Pallais, advirtió a Univision Noticias que esta decisión estrecha más las libertades en Nicaragua, un país donde manifestarse cuesta muerte o cárcel. El exfuncionario contrastó el comunicado policial con las marchas afines al gobierno, que desde hace dos semanas son realizadas a diario con trabajadores públicos y simpatizantes del Frente Sandinista. Esas marchas y plantones obstaculizan la vía pública y son fuertemente resguardadas por la Policía Nacional, contrario a las opositoras que son asediadas y atacadas, según ha podido constatar Univision Noticias en reiteradas ocasiones.

Allanan centro de pensamiento

El comisionado Vanegas Vega insistió en que responsabilizarán “a los organismos y personas que han convocado y convocan a estas actividades ilegales, y nada pacíficas, de cualquier amenaza, daño, o riesgo, a la vida, a la dignidad de la persona, o daño a bienes particulares o Estatales”. Tras la advertencia policial, la misma tarde del viernes, las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) fueron allanadas por oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial.

El Ieepp es el principal centro de pensamiento de Nicaragua y se especializa en promover y analizar temas de políticas públicas y gobernabilidad. La organización es dirigida por el politólogo Félix Maradiaga, quien ha sido perseguido, y agredido fisicamente por turbas del gobierno de Ortega. La semana pasada, las autoridades giraron una orden de captura en su contra. La Fiscalía lo acusa de encabezar una red que “financia el terrorismo en Nicaragua”.

Maradiaga es un prominente politólogo nicaragüense quien, durante la crisis sociopolítica que deja más de 325 muertos, ha denunciado la represión oficial en distintos foros internacionales. La acusación en su contra ocurre después de que Maradiaga compareció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) el pasado cinco de septiembre, donde señaló a Ortega de perpetrar una aguda crisis de derechos humanos.

El director del Ieepp se encuentra desde esa fecha en el exilio en Estados Unidos. Según la acusación actual, Maradiaga “gestionó a nivel nacional e internacional, al servicio y con el apoyo de grupos delictivos nacionales e internacionales, recursos financieros que captó y canalizó utilizando como medio en la ruta del financiamiento al Ieepp”.

Sin embargo, ante la orden de allanamiento firmada por el juez quinto del distrito penal de Nicaragua, Julio César Arias Roque, la junta directiva del Ieepp decidió entregar este viernes toda su documentación administrativa y contable a las autoridades.

“¡Transparencia total, puertas abiertas. Frente en alto. No tenemos nada que ocultar!”, expresó el Ieepp en un comunicado en el que respaldó a su director. Maradiaga le dijo a Univision Noticias que el allanamiento al Ieepp es “un ataque a la sociedad civil y la ciudadanía en general”.

“Cuando hay una persecución a un centro que promueve el fortalecimiento de la ciudadanía y el acceso a la información, están violentando libertades civiles más amplias”, aseguró Maradiaga. “Lamento que el régimen Ortega-Murillo continue obsesionado en fabricarme cargos como supuesto cabecilla de un golpe de Estado… eso demuestra el estado de negación que tiene el gobierno, que continúa ciego ante la realidad que se les vino encima. La ciudadanía ha despertado en su afán de libertad”, enfatizó el politólogo.

📷 Las historias de los refugiados que llegaron a Costa Rica huyendo de la persecución en Nicaragua

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