De qué hablan EEUU, México y Centroamérica en la cumbre de Miami (y de qué no)
MIAMI, Florida.- La cumbre organizada por Estados Unidos y México en la que participan los presidentes de Honduras, Guatemala y el vicepresidente de El Salvador, entre este jueves y viernes en Miami, se centra en los aspectos económicos y de seguridad en los que, según los gobiernos anfitriones, debería basarse la recuperación del Triángulo Norte.
La apuesta de Estados Unidos y México es mostrarse como aliados frente a un problema común: la pobreza, la violencia y el narcotráfico que cada año expulsa a miles de centroamericanos hacia sus países. Sin embargo, la agenda no contempla ningún debate sobre migración, uno de los temas que más preocupa a la diáspora centroamericana en Estados Unidos y México.
Entre otros altos funcionarios estadounidenses y mexicanos, asisten el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Rex Tillerson, el secretario de Seguridad Nacional John Kelly, el canciller Luis Videgaray, y los secretarios de Gobernación y Hacienda, Miguel Osorio Chong y José Antonio Meade.
En el primer día del encuentro, la conversación gira en torno a cómo mejorar el ambiente de negocios para Estados Unidos y México en los tres países centroamericanos, a través de reformas fiscales, reducción de controles aduaneros e inversión en infraestructura.
“Es una oportunidad para que nuestros socios del Triángulo Norte demuestren su compromiso para crear condiciones que promuevan un crecimiento económico sostenible y mejoren la seguridad y la gobernanza”, adelantó este lunes John Creamer, subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Cuba, México, Centroamérica.
El vicepresidente Mike Pence tiene previsto ofrecer un discurso durante el almuerzo en el que “reafirmará el compromiso de Estados Unidos con los países del Triángulo Norte”, aún a pesar de que la administración Trump anunció un drástico recorte en la ayuda exterior a México y Centroamérica para el próximo año fiscal.
En la propuesta de presupuesto enviada al Congreso, el gobierno propone una reducción del 45% en ayuda a México comparado con lo desembolsado en 2016. También prevé cortar fondos para Guatemala (un 40% menos) y para Honduras y El Salvador (cerca de un 30% menos), dentro del objetivo de la Casa Blanca de recortar el gasto público en 3.6 billones de dólares (trillions, en inglés) en la próxima década.
En su discurso, Pence promoverá la idea de que estimular el desarrollo en la región es una responsabilidad compartida, frente a empresarios e invitados del Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial, y los gobiernos de Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y la Unión Europea. Las grandes ausentes en el auditorio serán las organizaciones de la sociedad civil, que no fueron invitadas a la conferencia.
Recortes para todo, menos para seguridad
A pesar de los recortes en el presupuesto, la Casa Blanca asegura que concentrará sus recursos en la lucha contra organizaciones criminales en la región, en el incremento de seguridad en las fronteras y la persecución de la corrupción. En esos tres aspectos se basarán las discusiones a puerta cerrada del segundo día de la cumbre.
El punto de partida no es malo, en opinión de William Bronwfield, asistente del Secretario de Estado para asuntos internacionales de narcóticos y cumplimiento de la ley. En vísperas de la cumbre, Brownfield recordó que, desde 2009, EEUU ha destinado 1.5 mil millones de dólares en la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (Carsi, por sus siglas en inglés) y que los resultados de esa inversión comienzan a ser visibles.
“Las tasas de homicidios, violencia y tráfico aéreo de drogas han caído en Centroamérica, particularmente en el Triángulo Norte, durante los últimos 12 a 24 meses”, aseguró el funcionario, sin citar cifras concretas.
Brownfield también señala como positivo que las fiscalías generales y las fuerzas de seguridad de Honduras, El Salvador y Guatemala hayan comenzado a coordinar acciones, y espera que esta cooperación se afiance en la reunión del viernes.
Aún a pesar de ello, la violencia de las pandillas y el crimen organizado sigue expulsando a familias y niños solos por miles. Solo en 2016, 164,000 hondureños, salvadoreños y guatemaltecos se movilizaron a través de la región en busca de asilo, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Esta cifra de solicitantes de refugio es diez veces mayor que hace cinco años.
El TPS, fuera de la agenda
El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite que unos 354,794 centroamericanos sin documentos permanezcan legalmente en el país, no será abordado oficialmente en la reunión, a pesar de que ser una de las mayores preocupaciones de la comunidad y uno de los asuntos que los presidentes centroamericanos quieren poner sobre la mesa.
“No, no está en la agenda de la conferencia. Obviamente, es importante para los países del Triángulo Norte y esperaría que el tema salga a flote en las reuniones bilaterales. Pero en este momento, no hemos tomado una decisión todavía en cuanto al TPS”, explicó el lunes el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Cuba, México, Centroamérica, John Creamer.
“El proceso está en curso. Tomaremos decisiones más tarde este año”, aseguró el funcionario.
Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), a finales de 2016 había 263,282 salvadoreños protegidos por el TPS que obtuvieron tras los terremotos de 2001; y 86,163 hondureños y 5,349 nicaragüenses que tuvieron acceso tras el paso del Huracán Mitch por Centroamérica en 1998. El plazo del TPS de los salvadoreños vence el 9 de marzo de 2018, mientras que el de hondureños y nicaragüenses expira el 5 de enero próximo. Por esa razón, las comunidad centroamericana en EEUU ha iniciado una campaña para pedir su renovación.
“Esta es una preocupación muy fuerte entre la población centroamericana, especialmente los salvadoreños”, señala Kay Andrade, asesora técnica de la organización Catholic Relief Services, con sede en El Salvador. “ El temor a la división de las familias es muy fuerte. Además, podrían deportar a personas que llevan largo rato en Estados Unidos y al llegar a Centroamérica, eso podría generar otro tipo de crisis aquí”, agrega Andrade.
Sin hablar claro, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, sí ha lanzado mensajes que han puesto en alerta a la comunidad centroamericana. Desde Haití —el tercer país con más nacionales con este estatus especial— Kelly dijo este mes que este permiso no debería ser indefinido, que los inmigrantes que han vivido y trabajado en Estados Unidos con el TPS durante años quizá deberían empezar a pensar sobre volver a casa.
