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De conventos a carreteras: el escandaloso problema de corrupción en América Latina

Juan Jiménez Mayor, el ex primer ministro peruano que encabezó una misión anticorrupción en Honduras, considera que para controlar la corrupción en la región es necesaria una reforma urgente en la financiación de partidos políticos y elecciones en la región.
15 Abr 2018 – 1:44 PM EDT

En 2016, el exministro argentino de Obras Públicas José López fue sorprendido entregando maletas y bolsas con 9 millones de dólares a las monjas del convento de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, cerca de Buenos Aires en un intento de ocultar su fortuna ilicita.

Hilberto Mascarenhas, exdirector de la conocida como 'división de sobornos' de la constructora brasileña Odebrecht confesó el año pasado a fiscales brasileños que arrojó su computadora portátil al mar con todos los detalles de pagos ilegales durante una visita a Miami.

Esos son solo algunos ejemplos recientes de lo descarada que puede llegar a ser la corrupción política que continúa golpeando a América Latina con un enorme costo político, económico y social para la democracia.


Precisamente la corrupción es el tema central de la Cumbre de las Américas de Lima (Perú), una reunión de dos días de jefes de estado regionales que termino este sábado.

A pesar de la dimensión del problema y de una lista creciente de expresidentes y exministros tras las rejas, los analistas no tienen grandes expectativas de que se encuentren soluciones políticas, especialmente no por parte de los líderes políticos que asisten a la cumbre, muchos de los cuales han estado vinculados a investigaciones de corrupción.

"El gran problema es la forma en que se financian los partidos políticos y las elecciones. Esa es la clave", dijo este viernes Juan Jiménez, ex primer ministro de Perú en una conferencia sobre corrupción celebrada en Miami. La "gran pregunta" que él se hace es si se van a mantener las mismas reglas del juego.


En Guatemala, los nombres de las empresas privadas raramente aparecen en los informes financieros oficiales del partido y los obsequios generalmente se hacen en especie. "Les gusta permanecer en el anonimato", afirma Arturo Aguilar, director de la Fundación Seattle International, que trabaja en Centroamérica para reducir la pobreza. "No estás haciendo una donación, estás haciendo una inversión", agregó. "Así es como funciona en mi país al menos".

Jiménez, quien fue hasta hace poco el jefe de la misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras, conocida como MACCIH, duda que la cumbre aborde la reforma de las finanzas de los partidos por la sencilla razón de que los políticos y el sector privado tienen demasiado que ganar con la actual falta de reglas.


En el caso de la MACCIH, el Congreso hondureño se movió rápidamente a principios de este año para bloquear los esfuerzos de Jiménez para investigar un fondo de sobornos parlamentarios después de que acusó a cinco legisladores. Él renunció poco después de quejarse de la falta de apoyo del Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

Aunque se limite la participación del sector privado en las contribuciones políticas, Jiménez teme que un débil sistema judicial podría permitir que el crimen organizado entre en un vacío.

A pesar de esa sombría imagen, Jiménez ve algunos rayos de esperanza como los recientes procesamientos de ex presidentes y primeros ministros, una veda que se abrió en Perú con Alberto Fijimori en el año 2000.

"En el pasado, nadie fue a la cárcel. Hubo investigaciones que no llegaron a ninguna parte", dijo y relató una lista de nombres que van de Alan García en Perú a Fernando Collor de Mello en Brasil, Ernesto Samper en Colombia o Abdalá Bucaram en Ecuador.


A su juicio, el cambio ha venido en parte gracias al periodismo y a una "revolución" en las investigaciones financiera y la contabilidad forense. Eso explica el éxito parcial de la Maccih en Honduras y el trabajo de investigación de una década de la Cicig, (Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala) respaldada por las Naciones Unidas, que ha descubierto altos niveles corrupción de nivel que involucran a varios presidentes y decenas de ministros, políticos y hombres de negocios del país centroamericano.

"Continuamos pasando de escándalo a escándalo, pero al menos ahora hay más intolerancia pública", dijo. En ese sentido, señaló las marchas públicas espontáneas de los "indignados" en lugares como Honduras, después de un escándalo de seguridad social en 2015, las protestas contra la corrupción en Guatemala en 2017 y contra los escandalosas contratos de estadios para el Mundial en Brasil en 2014.

El apoyo público a la Maccih y la Cicig es prueba del deseo popular de cambio a pesar de la apatía tradicional hacia la corrupción, según Frank Mora, director del Centro Latinoamericano y del Caribe (Lacc) de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y organizador de la conferencia titulada: 'Los efectos corrosivos de la corrupción: un análisis de su impacto en la gobernanza y las empresas'.

"Para mucha gente, la corrupción es el problema número uno en la región", dijo en la conferencia. "Es el talón de Aquiles de la mayoría de las democracias en las Américas", agregó.

Mora, quien se desempeñó como el jefe del Departamento de Defensa para América Latina y el Caribe bajo el gobierno del presidente Barack Obama entre 2009-2013, destacó el notorio escándalo brasileño de "Lava Jato" que implica a numerosos gobiernos de la región en sobornos multimillonarios pagados por Odebrecht. Entre los países salpicados por la trama están Perú, Brasil, México, Venezuela, Panamá, Colombia y la República Dominicana.


Un estudio realizado por Transparency International en 2017 encontró que una de cada tres personas en América Latina dijeron que habían pagado un soborno por servicios públicos: desde la policía hasta las escuelas. Otro estudio de AmericasBarometro encontró que el 61% de los latinoamericanos cree que la mayoría o todos los políticos son corruptos. En primer lugar de la lista aparece Brasil seguido de cerca por México, Perú, Colombia y Venezuela, con Uruguay en el último lugar.

El veterano periodista de la afiliada de NPR en Miami Tim Padgett describió el problema como el dilema del huevo y la gallina. "Hay una falta de instituciones, pero la corrupción impide que las instituciones sean reformadas", explicó.

Con copias del Diccionario de la Corrupción en Venezuela, un manual de tres volúmenes, señala que el estudio exhaustivo solo se extende hasta 1992 y no incluye las dos décadas "catastróficamente corruptas" del chavismo desde la elección de Hugo Chávez en 1998.


Padgett también citó cómo Estados Unidos a menudo sirve de refugio a funcionarios acusados de corrupción. Por ejemplo, el expresidente panameño Ricardo Martinelli está languideciendo en una cárcel de Florida a la espera de su extradición por cargos de haber desviado dinero de un programa de comidas escolares para financiar una operación de espionaje ilícito contra sus rivales.

Otros son más afortunados como el empresario peruano Gustavo Salazar, quien vive en un condominio frente al mar de $1.5 millones en Miami Beach, mientras en su país enfrenta cargos por facilitar un soborno multimillonario que Odebrecht pagó a un gobernador a cambio del proyecto de una carretera. Para empeorar las cosas, Padgett señala que el presupuesto de esas obras viales ya supera los $100 millones.

En Argentina, el caso de López resultó ser solo la punta del iceberg de la corrupción durante la presidencia de 12 años de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner. Él es uno de los 18 exfuncionarios que acabó en la cárcel. También hay otros 30 en espera de sentencia, entre ellos el ex 'superministro' de Kirschner Julio De Vido.

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