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El presidente de Guatemala expulsa al jefe de la misión de la ONU que pidió investigar financiación electoral ilícita en su partido

Jimmy Morales justificó su decisión por lealtad con Guatemala y no por cuestiones personales y dijo que desconoce el amparo que le dio al colombiano Iván Velásquez la Corte Consitucional del país. Este movimiento del presidente generó rechazo fuera y dentro del país y provocó una cadena de renuncias de colaboradores del mandatario.
27 Ago 2017 – 11:06 AM EDT



El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró este domingo "no grato" al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez, y le ordenó abandonar de manera inmediata el país.

La decisión, anunciada por un video que el mandatario publicó en las redes sociales, se produce sólo dos días después de que esa misión de la ONU y el Ministerio Público (MP) solicitaran el pasado viernes ante la Corte Suprema de Justicia que se le levante la inmunidad al mandatario para que sea investigado por el delito de financiación electoral ilícita.

"En el ejercicio de mis facultades constitucionales y de conformidad con el Artículo 183 Inciso C de la Constitución, declaro non grato a Iván Velásquez en su calidad de comisionado de la Cicig y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala", dijo el presidente en su mensaje.

El presidente guatemalteco explicó que su decisión la adoptó basándose en la Constitución Política, la Convención de Viena y el acuerdo firmado en 2006 entre el Gobierno de Guatemala y la ONU para la creación de la Cicig, que se estableció en el país centroamericano en 2007.

Pese a que en un inicio no aclaró el motivo por el que decidió expulsar al funcionario del país, más tarde afirmó que lo hizo por la injerencia de Velásquez en asuntos internos y no porque pidió que le levanten la inmunidad.

En un mensaje a la nación a través del canal de Gobierno, el mandatario argumentó que el colombiano "se excedió en sus funciones" y presionó a diputados por diferentes medios para que aprobaran reformas constitucionales usurpando las funciones del Congreso contempladas en la Constitución.

"También se excedió al hacer acusaciones a guatemaltecos utilizando los medios para presionar a los encargados de impartir justicia para resolver de manera contraria a lo que establece el ordenamiento jurídico", añadió.

La Corte Constitucional no reconoce la expulsión

Poco después de hacer el anuncio de la expulsión de Velásquez, la Corte de Constitucionalidad dio un revés al mandatario al otorgarle un amparo provisional al jefe de la Cicig, lo que deja en suspenso su expulsión del país.

El presidente de ese organismo, Francisco de Mata Vela, fue el encargado de comunicar la decisión del mayor ente jurisdiccional del país.

"Esta corte otorga el amparo provisional solicitado y se deja en suspenso la decisión que profirió el presidente", proclamó, y pidió notificar de inmediato a varios ministerios, entre ellos Interior y Exteriores, para que "se abstengan de ejecutar la decisión del presidente, que quedó en suspenso".

No obstante, en su intervención posterior Morales afirmó que "ningún tribunal nacional" puede injerir en sus decisiones de política exterior y ratificó su decisión.

El anuncio de Morales llevó a miles de ciudadanos a manifestarse en la plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura con mensajes de "Jimmy a los Tribunales", "Iván se queda" o "Yo apoyo a la CICIG" animados con gritos y consignas.

En un momento de la protesta, un grupo de seguidores de Morales apareció en el lugar y hubo un intercambio de palabras entre ambos grupos que no llegó a mayores.

Cadena de renuncias en el gobierno de Morales

La decisión del mandatario de expulsar a Velásquez motivó la renuncia de su ministra de Salud, Lucrecia Hernández, y sus dos viceministros por considerar que el presidente está "a favor de la impunidad y de los sectores corruptos del país", según su carta de dimisión.

Antes había sido removido fulminantemente el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, y su viceministro, Carlos Martínez, supuestamente por no acatar la orden presidencial de expulsar a Velásquez.

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, que amenazó con renunciar si se expulsa al comisionado de la Cicig, se mantiene en el cargo esperando la decisión final de la Corte de Constitucionalidad, mientras la Unión Europea y Estados Unidos han advertido que tendrá consecuencias para Guatemala si se llega a ese extremo.

EEUU, "profundamente preocupado"

La decisión de Morales también generó la condena de EEUU. El Departamento de Estado dijo estar "profundamente preocupado" por el anuncio de la expulsión del funcionario de la ONU. "El señor Velásquez ha sido un líder efectivo de la Cicig en su lucha contra la corrupción en Guatemala", se lee en un comunicado firmado portavoz de ese departamento, Heather Nauert.

"La Cicig ha jugado y debe seguir juntando un importante papel en el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas y en el derribo de la corrupción que socava la seguridad y la prosperidad en Guatemala", añadió Nauert.

El pasado viernes durante una entrevista con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Nueva York, Morales le solicitó que la Cicig se circunscriba a su mandato.

La Cicig fue creada para contribuir con Guatemala en la investigación y desarticulación de estructuras clandestinas de seguridad.

La decisión de Morales de expulsar a Velásquez hace que resuenen los ecos de la crisis de 2015 que acabó con el gobierno de Otto Pérez Molina.

Entoces, una ruta similar llevó a la renuncia del entonces presidente luego de que el Congreso, donde su partido era mayoría, votara porque se le retirara el derecho a antejuicio. En aquella ocasión tras la revelación de un caso de contrabando y corrupción conocido como La Línea, el 16 de abril, en el que estaba incrada la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.

En el caso de Morales, la tensión entre el presidente, el Ministerio Público y la Cicig comenzó a crecer en enero de este año cuando el hijo del mandatario, José Manuel Morales, y su hermano, y socio comercial, Sammy Morales, fueron capturados por un caso de corrupción en el cual se les acusa de falsificar facturas para facilitar una adjudicación de productos para el Estado.

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