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Aumenta la presión sobre Nicaragua: la OEA pide adelantar elecciones y en EEUU proponen más sanciones

En una resolución aprobada este miércoles, los países miembros de la OEA piden a Daniel Ortega el adelanto de elecciones como salida a la crisis que ya se ha cobrado más de 300 muertos en el país. Por otra parte, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses promueve más sanciones a los responsables de la muerte de civiles.
19 Jul 2018 – 8:03 PM EDT

La comunidad internacional va subiendo el tono de sus mensajes de condena a la represión en Nicaragua. Un día después que policías y paramilitares llevasen a cabo una operación masiva para levantar las barricadas de los ciudadanos que se rebelan al gobierno de Daniel Ortega en la ciudad de Masaya que dejó al menos tres muertos, la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la violencia y pidió que se adelanten elecciones.

Por otra parte, un grupo bipartidista de senadores, entre los que están los demócratas Bob Menéndez (Nueva Jersey) y Bill Nelson (Florida) y los republicanos Ted Cruz (Texas) y Marco Rubio (Florida), entre otros, presentó un proyecto que contempla nuevas sanciones "para funcionarios del gobierno nicaragüense responsables por la muerte de civiles, la violación de derechos humanos y la corrupción", así como la exigencia de la convocatoria de elecciones anticipadas.

En una sesión en la sede de la OEA en Washington que fue seguida con gran interés en el país centroamericano, se aprobó un proyecto de resolución titulado “La Situación en Nicaragua” en el que se pide a Daniel Ortega que "apoye un calendario electoral" acordado en el diálogo nacional y mediado por la iglesia católica para adelantar elecciones como vía para salir de la crisis, que se ha cobrado más de 300 muertos en tres meses.

La iniciativa urge al gobierno de Ortega a que participe "activamente y de buena fe" en el diálogo nacional con el sector privado y la sociedad civil y condena al "hostigamiento" a los obispos que participan en el diálogo y los "actos de violencia".


La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo del diálogo en Nicaragua, solicitó el 7 de junio a Ortega que adelantara los comicios al 31 de marzo de 2019; pero Ortega lo rechazó alegando que hay un "tiempo para las elecciones tal y como lo manda la ley", refiriéndose a 2021, cuando están marcados las próximas presidenciales.

La resolución fue aprobada con el voto a favor de 21 de los 34 países miembros activos de la OEA, mientras que Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas votaron en contra. También se registraron siete abstenciones, así como tres ausentes, entre ellos Bolivia.

Por su parte, el canciller nicaragüense Denis Moncada y las delegaciones de Venezuela y Bolivia trataron sin éxito de promover un proyecto de resolución alternativo denominado “Restitución de la Paz en Nicaragua” que reclamaba a la comunidad internacional respeto a su "autodeterminación" y culpaba a "grupos internacionales terroristas" de instigar la violencia.

El canciller aseguró ante los países miembros que Ortega enfrenta una intento golpista, la ruptura del orden constitucional por opositores que piden el adelanto de elecciones y un plan terrorista “financiado” por actores “nacionales e internacionales”. En ese sentido, apuntó a EEUU como responsable de la "injerencia" que, a su juicio, ocurre en su país.

Human Rights Watch habla de una "verdadera carnicería"

Por otra parte, los senadores Bob Menéndez, Ted Cruz, Bill Nelson, Marco Rubio, Dick Durbin (demócrata de Illinois), David Perdue (republicano de Georgia), Patrick Leahy (demócrata de Vermount), Tim Kaine (demócrata de Virginia) Ben Cardin (demócrata de Maryland) y Tom Cotton (republicano de Arklansas) presentaron el proyecto de ley Anticorrupción y de Derechos Humanos de Nicaragua de 2018 ( Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018).

Además de pedir sanciones para los responsables de la muerte de civiles, la violación de derechos humanos y la corrupción en el país, el proyecto "hace un llamado a una salida negociada de la crisis, incluyendo un compromiso a elecciones adelantadas y requiere reportes de inteligencia en la participación de oficiales gubernamentales en casos de corrupción y de violación de derechos humanos".

A principios de mes, Estados Unidos anunció nuevas sanciones a través de la Ley Global Magnitsky contra tres altos funcionarios del gobierno de Ortega por violar los derechos humanos y por estar involucrados en actos de corrupción.

En esa ocasión, el Departamento de Estado señaló al comisionado general de la policía Francisco “Paco” Díaz al secretario general de la alcaldía de Managua Fidel Moreno y al entonces vicepresidente de Albanisa y tesorero del partido sandinista Francisco “Chico” López, que posteriormente renunció o fue despojado de sus cargos.

La condena a la represión en Nicaragua en los últimos días también llegó de las organizaciones no gubernamentales. En declaraciones a Deutsche Welle, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, indicó que "lo que está ocurriendo hoy y en los últimos días es una verdadera carnicería".

El activista señaló que en más de 30 años trabajando en la región en asuntos ligados a los derechos humanos "jamás he presenciado una cosa de esta naturaleza. Van pueblo por pueblo, villa por villa, comunidad, provincia por provincia, en acciones conjuntas de la policía y de estos hampones armados del gobierno matando gente sin límites, secuestrando, desapareciendo, torturando y todo eso además con total descaro. El gobierno acepta que está impulsando este tipo de operaciones contra la población civil y actúa cada vez con mayor brutalidad. Es una verdadera carnicería lo que está ocurriendo en distintas zonas de Nicaragua", afirmó.

Nicaragua está sumida en una crisis política de tres meses de duración en la que ha dejado más de 300 muertos personas en protestas callejeras, principalmente por disparos de la policía y paramilitares progubernamentales. La crisis estalló cuando el presidente Daniel Ortega, un exrevolucionario de izquierda de 72 años, decretó una reforma del sistema de seguridad social que redujo los beneficios y aumentó los impuestos, pero desde entonces se transformó en un levantamiento popular para poner fin a su gobierno.

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