OAKLAND, California. – Con la voz por momentos entrecortada, Edith Arenales recuerda a su hijo Mario González como una persona “adorable, muy humana y respetuosa”. Muerto a manos de la Policía, el joven de 26 años dejó un vacío profundo en su familia, pues era el principal encargado de cuidar a su hermano Efraín, que padece autismo y no habla.
Para la madre de Mario González, el llamado de justicia también es por los indocumentados sin voz
“A mucha gente le ha pasado y ellos porque no tienen papeles, porque no hablan inglés, porque tienen miedo, se callan. Yo no quiero callar", dice Edith Arenales, madre de Mario González en relación a la muerte del joven mexicano a manos de la Policía.

Eso era lo que hacía a Mario especial, cuenta Edith en entrevista. Ella siempre ha pensado que quienes cuidan a personas especiales tienen un don.
"Estoy con ustedes aquí porque siento que mi hijo le gustaría que yo estuviera aquí y lo estoy haciendo no solamente por mi hijo, sino porque siento mucho dolor en mi corazón, siento mi familia quebrada”, destaca.
La celebración de cumpleaños que Edith tenía planeada en compañía de sus hijos fue reemplazada por una tragedia un día antes. El 19 de abril la llamaron para informarle que Mario había muerto de una “emergencia médica” tras una “riña” con la Policía de Alameda.
Una semana después, videos de las cámaras montadas en los uniformes de los oficiales le revelaban que su hijo había muerto sometido boca abajo mientras tres policías presionaban su cuerpo contra el suelo. Ese momento, Edith no se lo desea a nadie.
"Quedé en ‘shock’ cuando empezamos a ver el video. Lo vi que estaba hablando tranquilamente y todo. Entonces, cuando vi cómo lo sometieron, no había razón. No debían haber hecho eso con mi hijo. Vi sus últimos momentos de vida. Vi cuando él les pedía ayuda, que lo dejaran respirar. No tuvieron compasión de mi hijo”, narra la madre de familia.
La familia de Mario González ha contratado la firma de abogados Haddad & Sherwin LLP para que los apoye en el caso. Julia Sherwin, abogada de derechos civiles en Oakland, dijo que la detención de Mario fue injustificada y prepara una demanda civil de homicidio por negligencia y uso excesivo de fuerza contra la ciudad, el Departamento de Policía y los tres oficiales involucrados.
Las grabaciones a las que tuvo acceso Edith Arenales y que posteriormente divulgó el Departamento de Policía revelan que González no estaba armado ni actuaba de manera violenta. Incluso en las llamadas al 911 que provocaron la llegada de los oficiales se escucha al residente que lo reportó decir que “no está haciendo nada malo, pero a mi esposa le dio miedo”.
“Nunca los ofendió, nunca escuché malas palabras porque Mario no era su estilo. Usaron mucha fuerza en una persona que no debían haberlo hecho. Son unas personas que no merecen ser policías. Unas personas inexpertas", señala Arenales.
“Yo no me voy a callar”
La madre de Mario González no era ajena al tema de la brutalidad policíaca. Por meses, el juicio contra el expolicía blanco acusado de matar al afroestadounidense George Floyd dominó los titulares en medios de comunicación y provocó protestas contra el racismo en Oakland, donde ha vivido por más de una década.
“Yo veía en las noticias, veía el caso de George Floyd y todo eso y decía ¡wow! ¿Qué pasa con esta gente? No podemos aceptarlo porque somos morenitos, somos morenos o negros, o como yo, hispanos”, señala Edith.
Para ella, el llamado de justicia por la muerte de Mario bajo custodia de la Policía no es solo a nombre de su familia, si no en representación de los indocumentados y minorías latinos que no tienen voz y que no suelen denunciar las arbitrariedades de las fuerzas del orden por temor.
“A mucha gente le ha pasado y ellos porque no tienen papeles, porque no hablan inglés, porque tienen miedo, se callan. Yo no quiero callar. Yo no quiero que el nombre de mi hijo Mario quede en vano. Quiero justicia, quiero que revisen qué clase de personas están cuidando de nosotros, de la comunidad”, explica Edith enfática.
Esta semana el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la ciudadanía mexicana de Mario González, además de condenar “enérgicamente el uso excesivo de fuerza” y pedirles a las autoridades locales informes sobre las investigaciones en torno a su muerte.
A través de un boletín de prensa del Consulado General de México en San Francisco, explicaron que se encuentran en contacto con la madre de Mario y le han ofrecido asistencia consular.
Una tragedia que se pudo evitar
La familia de Mario González busca ir más allá de la exigencia de justicia por la muerte del joven y trabaja con organizaciones para recordar la imperante necesidad de implementar programas de respuesta a crisis de salud mental que no involucren a la Policía.
“Esta tragedia se pudo haber prevenido de forma muy sencilla. No necesitamos a policías armados llegando a lidiar con una persona tranquilamente sentada en un parque. Si un programa de respuesta a crisis encabezado por civiles estuviera en funcionamiento, Mario aún estaría con su familia”, señaló Cat Brook, de la organización Anti Police-Terror Project en Oakland.
Los llamados de los activistas para recortar los presupuestos de los departamentos de Policía buscan responder precisamente a este problema: quitarles peso a los oficiales e invertir ese dinero en entrenar a profesionales civiles que respondan a situaciones de crisis mentales o no violentas con el potencial que salirse de control con la presencia de un agente armado.
Para Eugene O’Donnell, un exoficial de Nueva York y profesor de estudios policíacos en el Colegio de Justicia Criminal John Jay, le dijo a la Prensa Asociada que en casos como las muertes de Mario González y George Floy “lo que está en juego (para la Policía) es mínimo”.
Simplemente, señaló, se trata de reevaluar si deben ser “consejeros” en lugar de uniformados los encargados de lidiar con personas intoxicadas o sufriendo una crisis de salud mental. O’Donnell considera que lo ocurrido en Alameda fue un caso en el que Policía “tiene que responder a problemas que no deberían ser sus problemas”.
El Anti Police-Terror Project asegura que el asunto también está en manos de la ciudadanía.
“Tu trabajo de aquí hasta junio, sin importar en qué ciudad vives, es asegurarte de que tu alcalde y el concejal de tu distrito sepan que quieres que el dinero de tus impuestos sea gastado en nuestra agenda, la cual incluye inyectar más fondos, reestablecer y reimaginar la seguridad pública”, señaló Brooks.




















