SAN FRANCISCO, California. – En el auge de las protestas por la muerte de George Floyd y la brutalidad policíaca en el verano de 2020, los principales departamentos de Policía en el Área de la Bahía anunciaron reformas en los protocolos sobre el uso de fuerza de sus corporaciones.
Muerte de Mario González revela fallas policíacas al responder a crisis mentales, según expertos
Expertos y activistas coinciden en que los oficiales de Policía no son los indicados para responder a llamadas de emergencia que involucran situaciones no violentas con personas intoxicadas o que sufren una crisis de salud mental.
En Oakland y San José, por ejemplo, se les prohibió a los oficiales usar la llave de estrangulamiento para someter a sospechosos y disparar balas de goma para dispersas a multitud es durante protestas; mientras que en San Francisco, la alcaldesa anunció con bombo y platillo un plan para que los agentes dejaran de responder a llamadas sobre actividades no violentas ni criminales.
La muerte de Mario González a manos de la Policía de Alameda revivió el debate no solo sobre el entrenamiento que los oficiales reciben para minimizar la tensión y evitar confrontaciones innecesarias con las comunidades que sirven, sino también la necesidad de que sean profesionales especializados en salud mental no armados quienes respondan a esas llamadas al 911.
Expertos en temas de uso de fuerza y activistas comunitarios coinciden en que la muerte de González se pudo prevenir desde el manejo que se le dio a la llamada de emergencia para reportarlo presuntamente intoxicado en un parque de Alameda.
“Este es un buen momento para reentrenar a estos policías. Para decirles ‘evitemos este tipo de muertes’. Si hay una persona que tiene un problema médico, que tiene un problema psicológico, que a lo mejor está drogado o tiene problemas de sobrepeso, no lo expongamos a una situación donde va a ser mas difícil para ellos poder respirar”, dijo el abogado Fulvio Cajina en entrevista con Noticias Univision 14.
En la llamada al 911 que publicó la Policía, el hombre que llamó para reportar que Mario estaba hablando solo parado en un parque frente a su casa, se escucha diciéndole a la operadora: “Está ahí parado. No está haciendo nada malo, pero a mi esposa le dio miedo”.
Tragedias que se pueden prevenir
La familia de Mario González busca ir más allá de la exigencia de justicia por la muerte del joven y trabaja con organizaciones para recordar la imperante necesidad de implementar programas de respuesta a crisis de salud mental que no involucren a la Policía.
“Esta tragedia se pudo haber prevenido de forma muy sencilla. No necesitamos a policías armados llegando a lidiar con una persona tranquilamente sentada en un parque. Si un programa de respuesta a crisis encabezado por civiles estuviera en funcionamiento, Mario aún estaría con su familia”, señaló Cat Brook, de la organización Anti Police-Terror Project en Oakland.
Los llamados de los activistas para recortar los presupuestos de los departamentos de Policía buscan responder precisamente a este problema: quitarles peso a los oficiales e invertir ese dinero en entrenar a profesionales civiles que respondan a situaciones de crisis mentales o no violentas con el potencial que salirse de control con la presencia de un agente armado.
En San Francisco, por ejemplo, el plan de alcaldesa busca evitar que sea la Policía quien responsa a disputas vecinales, reportes sobre la presencia de indigentes e incidentes que involucran a estudiantes en las escuelas públicas de la ciudad.
Para Eugene O’Donnell, un exoficial de Nueva York y profesor de estudios policíacos en el Colegio de Justicia Criminal John Jay, le dijo a la Prensa Asociada que en casos como las muertes de Mario González y George Floy “lo que está en juego (para la Policía) es mínimo”.
Simplemente, señaló, se trata de reevaluar si deben ser “consejeros” en lugar de uniformados los encargados de lidiar con personas intoxicadas o sufriendo una crisis de salud mental. O’Donnell considera que lo ocurrido en Alameda fue un caso en el que Policía “tiene que responder a problemas que no deberían ser sus problemas”.
El Anti Police-Terror Project asegura que el asunto también está en manos de la ciudadanía.
“Tu trabajo de aquí hasta junio, sin importar en qué ciudad vives, es asegurarte de que tu alcalde y el concejal de tu distrito sepan que quieres que el dinero de tus impuestos sea gastado en nuestra agenda, la cual incluye inyectar más fondos, reestablecer y reimaginar la seguridad pública”, señaló Brooks.




















