Troy Nehls, alguacil del Condado Fort Bend, aseguró que si su departamento se asociara al programa 287-G se tendrían que realizar “gastos innecesarios”. Además, afirmó que este tipo de medidas, al igual que la SB4, generan miedo al interior de la comunidad.

Organizaciones defensoras de derechos civiles y líderes electos le piden al alcalde Bill de Blasio que dé la orden para detener esa práctica. Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York dijo que desde mayo establecieron protocolos para hacer detenciones dentro de los albergues, pero señalaron que no son redadas.

Mientras el sector de alta tecnología fustiga el plan migratorio respaldado por el presidente Trump, activistas pro inmigrantes lo tildan de racista, y senadores demócratas aseguran que el proyecto no va para ninguna parte porque no cuenta con votos suficientes.

El fallo es una advertencia al gobierno de Donald Trump y su política en contra de las ciudades santuario, al decirle que no puede ordenar la detención de inmigrantes en manos de la policía que no tengan antecedentes criminales para colocarlos en proceso de deportación de EEUU.

El objetivo del exalguacil es tener un juicio conjurado luego de ser señalado por irrespetar el fallo judicial de 2011 que le prohibía continuar sus redadas contra inmigrantes sobre la base del enfoque racial.

Una jueza federal en Phoenix dijo que Arpaio no había respetado un fallo judicial de 2011 que le prohibía continuar sus redadas contra inmigrantes sobre la base del enfoque racial.