A través de una carta enviada el miércoles por la noche, la legisladora busca que sus compañeros apoyen una legislación que será presentada el viernes para terminar la proclamación de emergencia de Trump.

El gobernador Gavin Newson anunció que el dinero no será reembolsado y afirmó que la exigencia del mandatario es una represalia política por liderar la demanda que argumenta un presunto desvío de fondos federales para la construcción de un muro fronterizo. Los fondos otorgados serían invertidos en la construcción de un tren bala en ese estado.

Aunque esta fuerza militar ha ofrecido asesoría en el levantamiento de la valla en los límites con México, la ley prohíbe a las fuerzas armadas participar en cualquier tipo de acción policial dentro del país. Esto se da luego del que presidente publicara en su cuenta en Twitter un video donde presuntamente quedaría en evidencia la participación de los uniformados en la edificación.

Se trata de la sustitución de 14 millas de barda secundaria por una barrera de 30 pies (9 metros) de altura que permite la visibilidad entre los dos lados de la frontera y que cuenta con una placa en la parte superior para que sea difícil de escalar.

Para el analista Juan Carlos Polanco, el mandatario tiene el poder necesario para adoptar la medida cuando sea necesario y lo hizo justificando una supuesta crisis en los límites con México. Por su parte, Luis Miranda, comentarista demócrata, asegura que la declaratoria no tiene razón de ser y solo es una jugada para cumplir con la construcción del muro, una de sus promesas de campaña.

Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey ahora hacen parte de la coalición de 16 estados que entablaron una demanda por la medida adoptada por el mandatario. Ahora, un juez federal de primera instancia determinará si la acción legal prosperará.