El vehículo en el cual se transportaba el presidente de México durante su visita a Veracruz fue bloqueado por manifestantes que los cuestionaron por no darle importancia a los casos de desapariciones violentas en el país azteca. En respuesta a las críticas, el mandatario argumentó que no se dirigió a la multitud debido al distanciamiento por el coronavirus; sin embargo, esta justificación no convence a quienes buscan justicia por sus seres queridos. Más información aquí.

Xavier Becerra, fiscal general del estado, presentó una serie de medidas que incluyen la prohibición del estrangulamiento por parte de oficiales, la modificación de tácticas caninas, la imposibilidad de disparar a vehículos en movimiento y la limitación del uso de la fuerza mortal como último recurso, entre otras. Este plan se da a conocer a la par de un reporte en Los Ángeles que evidencia el déficit presupuestario de la policía local tras las recientes manifestaciones. Más información aquí.

El alcalde Bill de Blasio ordenó que los videos de las cámaras corporales deberán ser públicos en su totalidad, en un plazo de 30 días, cuando los oficiales disparen un arma de fuego, utilicen Taser causando daños corporales sustanciales o usen la fuerza física. Entretanto, en el concejo de la ciudad avanza una propuesta para recortar 1,100 millones de dólares del presupuesto de NYPD.

Decenas de personas en Palmdale se congregaron este martes frente al árbol donde fue encontrado el cuerpo de Robert Fuller para expresar su ira y exigir que los detectives den a conocer más detalles sobre lo que pudo haber ocurrido, pues no creen que Fuller se haya suicidado. Lo mismo se está haciendo en el caso de Malcolm Harsch, cuyo cadáver fue hallado colgando en la ciudad de Victorville.

Fueron tres semanas de manifestaciones y disturbios por la muerte de George Floyd en las que más de 10,000 oficiales de Los Ángeles trabajaron ganándose en conjunto cerca de 40 millones de dólares en tiempo adicional. Sin embargo, no recibirán dinero, sino que les pagarán con días libres. "Esto es sorprendente. No sé en qué profesión sea esto la norma", asegura el director de LAPPL.

Los organizadores se oponen a las leyes que prohíben los campamentos en propiedad pública y buscan autonomía para permitir que las personas sin hogar o "sin vivienda" actualmente acampen en espacios de la ciudad sin intervención. Según la ciudad, reconocen esto como una protesta y esperan llegar a una "solución equitativa".