Una jueza federal en California detuvo la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para beneficiarios de Honduras, Nicaragua y Nepal, lo que significa que no podrán ser deportados de Estados Unidos y mantienen su permiso de trabajo. El abogado de inmigración Haim Vásquez explica qué pasaría si el gobierno Trump apela esta decisión. No dejes de ver: Wall Street cae tras aumento de aranceles de Trump a Canadá: pasaron del 25% al 35%.

El 12 de julio venció el plazo para que la administración de Donald Trump se pronunciara con respecto al TPS del 2021 para venezolanos, el cual beneficia a más de 300,000 personas. Al no hacerlo, el Estatus de Protección Temporal se extiende automáticamente por seis meses; no obstante, durante este periodo puede ser terminado, como ya ocurrió con el de salvadoreños y nicaragüenses.

Este martes, un grupo bipartidista de congresistas espera anunciar un proyecto de reforma migratoria. En el pasado, este mismo texto quedó estancado en comités del Congreso. Proponía abrir un camino a la residencia para inmigrantes indocumentados con años de vida y trabajo en Estados Unidos, al tiempo que endurecía la seguridad en la frontera.

Los nuevos costos de asilo incluyen una tarifa anual que penaliza a quienes esperan respuesta del gobierno. El aumento de tarifas reducirá el acceso a abogados, dejando a más migrantes sin defensa legal.

Hondureños en el norte de Texas están preocupados por el riesgo de ser deportados con la cancelación del TPS, por parte de la administración del Presidente Trump. Ahora, hay en riesgo 72 mil ciudadanos de Honduras y unos 4,000 de Nicaragua.

Apenas se anunció la posible finalización de la protección y los empleadores comenzaron a despedirlos, algo que no solo afecta a su economía.