El alcalde, Raúl Reyes, manifiesta que la población es activa para defender sus derechos y agrega que él se opondrá a la medida antisantuario en el estado aunque lo encarcelen. El Cenizo, cuyos habitantes demandaron a Texas para que la SB4 no entre en vigor el primero de septiembre, tiene un pasado de protección a los inmigrantes: aprobó una ordenanza del español como idioma oficial y prohibió a la policía cuestionar el estatus de los residentes.

Luis Vicente Pedrote-Salinas, quien debe salir de manera voluntaria de Estados Unidos el próximo 25 de julio, manifiesta que el hecho lo ha afectado en los procesos para obtener la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la Visa U. El Departamento de Policía de Chicago comunicó que no comenta sobre litigios pendientes.

Priscila Pérez Beltrán, de 21 años de edad, Adela Álvarez, de 26, y Nelson Cortés García, de 27, enfrentan cargos como los presuntos responsables de transportar en el vehículo a 10 hombres y 2 mujeres, incluida una adolescente, con poco agua y bajo por lo menos 100 grados Fahrenheit.

El abogado de inmigración Álex Gálvez manifestó que no tener delitos ni deportaciones es un requisito fundamental. La solicitud del documento tiene un costo aproximado de 400 dólares y las autoridades de inmigración lo conceden principalmente por tres razones.

Activistas, religiosos y organizaciones llevaron a cabo un encuentro con el fin de informar y educar sobre la importancia de la medida, que limitaría la colaboración de la policía local con agentes de inmigración en el estado. El gobernador, Bruce Rauner, tiene como fecha límite el 28 de agosto para tomar una decisión.

El exsoldado, residente permanente que cumplió una condena después de ser arrestado cuando entregaba cocaína a un policía encubierto, recibió este martes una orden de remoción que su abogado apelará de nuevo.