Con el propósito de ayudar a los inmigrantes a preparase para enfrentar las amenazas y acciones de las deportaciones, se llevó a cabo en la ciudad un evento, organizado por asociaciones proinmigrantes, enfocado en padres bajo riesgo de separación familiar.

El empresario caficultor Andrés Magaña Ortiz intenta readaptarse al país en el que nació después de vivir 30 años en Estados Unidos, donde permanecen su esposa ciudadana y sus hijos.

La abogada de National Immigration Law Center Mayra Joachín manifiesta que si un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tiene un documento judicial, el empleador puede negarle el ingreso a su negocio.

Si el Estatus de Protección Temporal (TPS) se anula, los amparados se convertirían en indocumentados y perderían los pagos del gobierno. Voceros de la administración afirman que el dinero de quienes han cumplido con los impuestos se acumularía hasta que vuelvan a tener un estatus legal.

De acuerdo con un memorando de 13 páginas obtenido por el diario, la propuesta no requeriría la aprobación del Congreso. El Departamento de Seguridad Nacional está revisando el documento, que fue distribuido en mayo en la Casa Blanca.

Actualmente solo se puede deportar sin una audiencia en corte a indocumentados que son detenidos a un máximo de 100 millas de la frontera y que no puedan probar que estuvieron en el país por al menos dos semanas.