Esta semana el gobierno de Donald Trump deberá anunciar si prorroga o cancela el programa, que otorga un amparo de deportación y un permiso temporal de trabajo a unos 56,000 indocumentados de ese país centroamericano.

El proyecto de ley 174 presentado por el senador estatal Ricardo Lara busca incluir a indocumentados en el asesoramiento de la gobernación y la Legislatura de California sobre políticas que afectan a sus comunidades.

La abogada Diana Mendoza Pacheco asegura que no hay ninguna ley que prohíba a los indocumentados ser propietarios de una casa en EEUU. La especialista precisa que si el dueño de la propiedad es deportado debe asesorarse muy bien con un abogado para determinar cómo puede administrar su inmueble, como por ejemplo a través de una carta poder.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que el número de individuos inadmisibles que se pueden procesar varía de acuerdo con la complejidad de los casos, los recursos y los espacios disponibles. Se cuestiona la capacidad de estas instalaciones después de que autoridades migratorias mantuvieron en espera a los miembros de la movilización y después comenzaron a hacerlos pasar por grupos.

Alex Mensig manifestó que se deben pedir respuestas sobre por qué el gobierno de Estados Unidos "dijo no tener la capacidad para cumplir con sus obligaciones bajo leyes internacionales", después de que autoridades migratorias no habían aceptado a los centroamericanos. Hasta ahora han cruzado 25 miembros de la movilización, entre ellos 15 menores, que comienzan oficialmente la búsqueda de asilo en los puestos de control.

Para elevar la capacidad de vigilancia en la frontera, el Departamento de Defensa cedió las aeronaves que se usan en guerra a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Desde estos helicópteros, cuya potencia agiliza las capturas, puede verse el cruce de familias y vehículos de traficantes.