Después de que el gobierno de Donald Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para al menos 56,000 hondureños, habitantes de Illinois asistieron con decenas de preguntas a un taller de asesoría legal de la organización LULAC. Los afectados tendrán hasta el 5 de enero de 2020 para regularizar su estatus migratorio o abandonar el país.

A menos de dos meses de las elecciones en México, documentos revelan que la administración de Donald Trump utiliza al gobierno para fungir involuntariamente como ente de espionaje a favor de Estados Unidos. Para este fin, el Departamento de Estado asignó un nuevo contrato por 58 millones de dólares dirigido a la recopilación de datos de migrantes detenidos en México.

Desde hace una década, el servicio de inmigración no detenía a tantos indocumentados en un mismo lugar de trabajo: 97 en tan solo una hora. Tras la redada del 5 de abril en una empacadora de carne, esta comunidad inmigrante del este de Tennessee sufre las consecuencias de la redada, emocionales, económicas y familiares.

Cientos de personas manifestaron su inconformismo contra el incremento de redadas por parte de ICE y por la presencia de esta agencia en los tribunales. La candidata demócrata a la gobernación de Nueva York, Cynthia Nixon, estuvo presente en la manifestación.

La abogada Jessica Domínguez recomienda denunciar sin miedo estos intentos de fraude migratorio para que otros inmigrantes no sean víctimas de la misma estafa.

Los poco más de 56,000 hondureños protegidos de la deportación por el TPS, deberán gestionar por última vez el amparo de sus deportaciones y una autorización de empleo. Algunos tienen opciones para regularizar por otras vías su estatus migratorio.