Un polémico programa que permite al gobierno federal hacer acuerdos con policías locales para arrestar a inmigrantes indocumentados, se encuentra nuevamente en la mira tras un crítico informe publicado este miércoles por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Anticipándose a una nueva oleada migratoria en la frontera con México, con o sin la vigencia del controvertido Título 42, el gobierno da a conocer su estrategia y asegura que las deportaciones aceleradas seguirán ejecutándose antes y después del 23 de mayo.

El poder temporal extraordinario otorgado por el gobierno a los abogados (fiscales) de ICE para cerrar administrativamente casos de deportación o terminarlos, e incluso reabrir casos para luego proceder a cerrarlos o cancelarlos, “no está ajeno a las estafas” cometidas por notarios o gestores.

El máxino tribunal de justicia celebrará este martes una audiencia solicitada por la Administración de Joe Biden para deshacer los controvertidos Protocolos de Protección del Migrante (MPP), en vigor desde enero de 2019 y que obliga a solicitantes de asilo a esperar en México la resolución de sus casos en tribunales de inmigración estadounidenses.

A partir de este lunes, los fiscales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tienen la potestad de desestimar los casos que no representan una amenaza para la nación. La nueva estrategia de la administración Biden tiene como objetivo descongestionar las cortes de inmigración. El abogado José Guerrero aborda el tema y aclara algunas dudas al respecto.

Los fiscales revisarán los casos de deportaciones que tienen asignados para determinar cuáles son prioritarios. Al menos 700,000 migrantes podrían resultar beneficiados.