Merrick B. Garland, Procurador General del Departamento de Justicia (DOJ), anunció este jueves el comienzo de una investigación de derechos para determinar el departamento de policía de Phoenix se ha involucrado en prácticas inconstitucionales.

Una reciente prueba de ADN ayudó a los investigadores a localizar a James Earl Watkins y acusarlo del asesinato de Christine Munro que ocurrió en Redding en junio de 1995.

“Esta orden pone en peligro la seguridad de los no ciudadanos bajo custodia federal, poniendo en riesgo la seguridad del personal de las fuerzas del orden público federal y sus familias, y exacerbando la propagación del covid-19 en nuestras comunidades”, dice la demanda.

Durante la administración Trump, el entonces secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que no entregaría las declaraciones de impuestos porque concluyó que estaban siendo buscadas por demócratas que controlan la Cámara de Representantes por razones partidistas.

Documentos oficiales entregados a una comisión del Congreso, indican que el presidente trató de involucrar al departamento en su estrategia para revertir su derrota ante Joe Biden, y que en esa labor contaba con la ayuda de congresistas republicanos.

El fiscal general Merrick Garland dijo que Texas no tiene "ninguna autoridad para interferir" con los amplios poderes del gobierno federal en materia de inmigración y planteó la posibilidad de una demanda si no se levanta la orden.