DOJ anuncia que no se opone a uno de los jueces propuestos por Trump para supervisar los documentos de Mar-a-Lago

El Departamento de Justicia anunció este lunes que no se opone a que un juez designe a uno de los candidatos del equipo legal del expresidente Donald Trump para ocupar el puesto de “supervisor especial” para revisar los documentos requisados en Mar-a-Lago.

Según información de la cadena CNN, el Departamento de Justicia afirmó que el juez Raymond Dearie es aceptable, al igual que otras dos propuestas presentadas anteriormente, los jueces federales en retiro Barbara Jones y Thomas Griffith.

“ Cada uno tiene una experiencia judicial sustancial, durante la cual han presidido casos penales y civiles federales, incluidos casos federales relacionados con la seguridad nacional y preocupaciones de privilegios”, escribieron los fiscales.

¿Quién es el juez Raymond Dearie?

El juez Dearie es un exjuez federal principal en Nueva York que ahora tiene un estatus superior en la corte federal de Brooklyn, lo que significa que puede asumir una carga de casos más ligera, de acuerdo con los reportes.

Dearie, de 78 años, fue nominado originalmente por el presidente Ronald Reagan y se ha desempeñado como juez federal en Nueva York desde los años ochenta. Desde 2011 está retirado y es ahora un juez senior del circuito.

En su trayectoria también ha trabajado como parte del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (US Foreign Surveillance Court, FISA) y fue uno de los magistrados que aprobó la petición del FBI y el Departamento de Justicia para investigar a Carter Page, consejero de Trump en política internacional, como parte de las averiguaciones sobre una supuesta intervención rusa en las elecciones estadounidenses de 2016.

El equipo de Trump se ha referido a los documentos incautados en su residencia de Florida como “supuestos ‘registros clasificados’”, y argumenta que el Departamento de Justicia no ha probado que los materiales tomados por el FBI durante su búsqueda del 8 de agosto en Mar-a-Lago estuvieran clasificados o siguieran estándolo.

Los abogados también han dicho que no hay evidencia de que ninguno de los registros haya sido revelado a nadie y argumentaron que Trump, como expresidente, tenía un “derecho de acceso ilimitado” a los documentos presidenciales.

“Esta investigación no tiene precedentes y está equivocada”, escribieron, de acuerdo con la agencia AP. “En lo que en esencia es una disputa por el almacenamiento de documentos que se ha salido de control, el Gobierno busca indebidamente criminalizar la posesión por parte del presidente de sus propios registros presidenciales y personales”.

La semana pasada, el Departamento de Justicia pidió a la jueza Aileen M. Cannon que levante la suspensión para revisar los documentos a espera de un supervisor especial y anunció que impugnaría su fallo ante un tribunal federal de apelaciones.

El departamento afirma que su investigación corre el riesgo de sufrir daños irreparables si esa orden permanecía vigente, y señala que la confusión sobre su alcance ya había llevado a la comunidad de inteligencia a pausar una evaluación de riesgos de seguridad nacional por separado.

¿Qué dicen los abogados de Trump?

Por su parte, los abogados de Trump dijeron el lunes por iniciativa propia que Cannon no debería permitir que el FBI reanude su revisión de registros clasificados. Afirmaron también que el gobierno había determinado unilateralmente que los registros fueran clasificados, pero aún no había probado que siguieran siendo así.

“Al oponerse a cualquier revisión neutral de los materiales incautados, el gobierno busca bloquear un primer paso razonable para restaurar el orden del caos y aumentar la confianza pública en la integridad del proceso”, escribieron los abogados.

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