El máximo tribunal estudiará la legalidad de la acción diferida que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes y revisará el caso en 2020, antes de las elecciones presidenciales.

El máximo tribunal decidió que toma el caso para revisar la legalidad de la Acción Diferida de 2012 (DACA), programa que ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados y también les otorga un permiso de trabajo renovable cada dos años.

Una mexicana que tuvo que despedirse de su padre fallecido por videollamada; un surcoreano que está a punto de renunciar a DACA para poder estudiar en una de las mejores escuelas de negocios del mundo. Estas son algunas de las historias que han escuchado los congresistas de boca de una delegación de dreamers que viajó a Washington para pedir que les restauren el advance parole.

Una delegación de 40 beneficiarios de DACA viajó recientemente a Washington DC para abogar por el restablecimiento del advance parole, un permiso de viaje que les permita salir al extranjero por motivos humanitarios o para continuar sus estudios o desarrollar su profesión. Algunos de estos jóvenes explican por qué lo necesitan.

El máximo tribunal de justicia debe decidir si toma el caso para el próximo año y tiene de plazo previsiblemente hasta el próximo lunes. DACA, creado por Barack Obama en 2012, fue cancelado por Trump en septiembre de 2017, pero se mantiene vigente por orden de los tribunales de justicia que lo restablecieron casi en su totalidad, excepto para los dreamers que no se encontraban registrados.

El programa que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que entraron siendo niños a Estados Unidos, a quienes se les cononoce como dreamers, se mantiene vivo temporalmente gracias al fallo de cuatro tribunales. La Corte Suprema está a punto de decidir si lo revisa en el período de sesiones 2020 para determinar en última instancia si lo deja vivo o le da una estocada final.