A menos de 24 horas de que se instale en Venezuela la Asamblea Nacional Constituyente, la Fiscalía solicita anular por completo la existencia de ese cuerpo político. Luisa Ortega Díaz, fiscal general disidente, investiga el fraude electoral en la elección constituyente; pero la investigación podría quedarse en palabras si queda destituida o arrestada, cuando el Gobierno, que ya ocupa militarmente el Palacio Legislativo, se lo entregue a los constituyentes oficialistas.

El presidente venezolano rechazó la denuncia de fraude en la consulta sobre la constituyente, realizada el pasado domingo, y aseguró que el presidente de Smartmatic está presionado por EEUU e Inglaterra.

Venezuela está en una crisis sin precedentes. El país con mayor potencial de reservas petroleras del mundo, el mismo país que apenas en 1980 tenía el ingreso per cápita más alto de toda América Latina, hoy está cerca de convertirse en un estado fallido. Aún así, hay gente que prefiere cerrar los ojos y defender el régimen de Nicolás Maduro, y antes el de Hugo Chávez.

Se espera que ese mismo día suceda la toma del Parlamento, algo que podría tornarse bastante violento si los diputados se rehúsan a dejar sus puestos. El presidente de Venezuela prometió acabar con la inmunidad parlamentaria, lo que significa que los miembros de la Asamblea Nacional podrían terminar tras las rejas.

La empresa encargada de la votación electrónica de los comicios estima que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de, al menos, un millón de votos. Tibisay Lucena, presidenta del CNE, respondió que “el poder electoral se reserva las acciones legales que corresponden a tan irresponsables afirmaciones.”

Más allá de las bombas lacrimógenas, los asesinatos y la represión; está el sufrimiento de quienes desde lejos ven con frustración la pesadilla que viven sus familiares en Venezuela. A pesar de que tienen dificultades económicas en Miami, con lo poco que ganan tratan de ayudar a los seres queridos que están entre la espada y la pared.