Luego del anuncio sobre la reactivación de viajes no esenciales, decenas de personas hacen largas filas para obtener el documento que será un requisito obligatorio para todo aquel que quiera ingresar por alguna de las fronteras a EEUU. Quienes están en este proceso aseguran que el sistema de expedición del certificado en línea registra constantes fallas. Más noticias aquí.

De manera unánime, un comité de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) votó en respaldo a la recomendación de suministrar una dosis adicional a quienes fueron inmunizados con el antídoto de J&J. Los expertos argumentaron su posición al detallar que las personas inoculadas con esta vacuna son más vulnerables a la infección. Más información aquí.

La doctora Belinda Velázquez comenta que “en otros países se están mezclando las vacunas de Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna” y que “no ha habido efectos secundarios ni complicaciones”. Sin embargo, aclara que en EEUU aún no hay aprobación por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) para esta práctica.

Miembros del sindicato de maestros han realizado eventos para invitar a la comunidad a inmunizarse, a horas de que se venza el plazo para que estos trabajadores cumplan el mandato de vacunación. María Moreno, portavoz del sindicato, aclaró lo que pasará con quienes no cumplan la norma. "Lo que decidió hacer la alcaldesa es dejar que sigan trabajando si se someten a pruebas, entonces les van a dar más tiempo para que se vacunen", dijo.

El panel se reunió desde las 8:30 am de este viernes para debatir el tema y de manera unánime (19-0) hizo la recomendación a la FDA que afecta a unas 14 millones de personas que se inmunizaron con esa vacuna de una sola dosis contra el coronavirus.

"Aparentemente la ciudad parece haber cambiado de opinión. Todo el mundo seguirá recibiendo su salario y nadie será enviado a casa", aseguró recientemente a través de un video John Catanzara, presidente de la Orden Fraternal de la Policía, sobre las supuestas sanciones que enfrentarían los empleados públicos que decidan no acatar el mandato que les exige inmunizarse contra el covid-19.