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Detector de Mentiras

¿Es Donald Trump el "jefe de la aplicación de la ley" como él dice?

Recientemente el presidente pareció arrogarse un título que se reserva al fiscal general generando varias dudas sobre hasta qué punto eso es así y cómo afecta la tradicional autonomía que ha tenido el Departamento de Justicia de la Casa Blanca.
25 Feb 2020 – 06:12 PM EST

Recientemente, el presidente Donald Trump negó haber interferido en el enjuiciamiento de su exasesor Roger Stone, pero aseguró que tenía el poder de hacerlo si quería porque él es “el jefe de la aplicación de la ley en el país”, un título tradicionalmente reservado para el Secretario de Justicia.

Stone, un cercano colaborador de Trump durante su campaña, fue sentenciado la semana pasada a poco más de 3 años de prisión tras haber sido hallado culpable de mentir a una investigación del Congreso, intimidación de testigos y otros cargos surgidos de la investigación del llamado ‘ Rusiagate’ o la trama rusa en las elecciones de 2016.

Días antes, cuando trascendió en medios que la fiscalía solicitaría nueve años de cárcel para el vetereano operador político, el presidente fustigó como “excesiva” la pena y desproporcionados los cargos. Al día siguiente se conoció que el fiscal general William Bar había desautorizado a los fiscales del caso y que la pena solicitada sería menor.

Los fiscales que presentaron la acusación contra Stone renunciaron y se desató una polémica sobre la injerencia del presidente en el manejo de la justicia y cómo Barr estaba permitiéndole desmontar la tradicional autonomía con la que se maneja el Departamento de Justicia.


Trump negó que sus tuits supusieran una injerencia política. La Casa Blanca defendió al mandatario asegurando que estaba ejerciendo su derecho ciudadano a la libre opinión.

El mandatario hizo la, para algunos polémica, afirmación mientras hablaba con periodistas después de haber firmado una orden ejecutiva que concedió el indulto a siete personas y la conmutación de sus sentencias a otras cuatro, entre los que figuran el exgobernador de Illinois Rod Blagojevich.

“Sólo para que entiendan, yo elegí no involucrarme. Se me permite estar totalmente involucrado. De hecho, supongo que soy el jefe de la aplicación de la ley, pero he decidido no involucrarme”, afirmó.

Sin embargo, al autodenominarse “jefe de la aplicación de la ley”, el presidente parece usurpar las funciones de un fiscal general y desdibuja la independencia de la fiscalía (algo delicado siempre, pero particularmente con una Casa Blanca acosada por desafíos legales y un presidente con varias investigaciones abiertas desde sus tiempos de magnate inmobiliario)

¿Qué dice la Constitución?

Según el sitio oficial del Departamento de Justicia, la creación de la figura del jefe de la aplicación de la ley o fiscal general se remonta claramente a un acto del Congreso en el año 1789.

“La Ley Judicial de 1789 creó la Oficina del Fiscal General que evolucionó con el paso de los años en el máximo representante del Departamento de Justicia y en el jefe de la aplicación de la ley del Gobierno Federal”.

También la página web de la Casa Blanca reconoce que el fiscal general “es la máxima autoridad del Departamento de Justicia y jefe de la aplicación de la ley del gobierno federal.”

A pesar que la figura del fiscal general como jefe de la aplicación de la ley está perfectamente definida jurídicamente, la afirmación que hace Trump puede respaldarse en el artículo II, sección 3 de la Constitución de Estados Unidos, el cual indica, entre otros deberes y responsabilidades, que el presidente debe “ encargarse de que las leyes se ejecuten fielmente".

El deber de “ejecutar”, o “hacer cumplir las leyes de la nación”, podría ser interpretado por algunos -en un sentido literal- como que el presidente tendría facultades como jefe de la aplicación de la ley.

Steven D. Schwinn, profesor en John Marshall Law School en Chicago, donde enseña, escribe y practica en áreas de derecho constitucional y derechos humanos, considera que Trump “tiene y no tiene algo de razón”.

“La Constitución dice que el presidente tiene el poder ejecutivo y que debe cuidar que las leyes se cumplan. Hasta ese punto, Trump tiene razón. Pero, por tradición, el Departamento de Justicia ha disfrutado de cierta independencia de la Casa Blanca y el presidente no ha interferido en las funciones cotidianas de aplicación de la ley del departamento”.

Schwinn, quien también fue profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland y en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, explica que es el fiscal general quien es llamado jefe de la aplicación de la ley, no el presidente, por lo que “en ese sentido estaría equivocado o, al menos, en tensión con nuestras tradiciones y prácticas”.

Por su parte, Rachel Barkow, profesora de leyes y directora de la Facultad del Centro de Administración de Derecho Penal de la Universidad de Nueva York (NYU), cuyo trabajo académico ha estado centrado en la aplicación de lecciones y teoría del derecho administrativo y constitucional a la administración de justicia penal, aclara que “el hecho de que el poder caiga dentro de la autoridad del presidente no significa que él sea el principal jefe de la aplicación de la ley de la manera en que ese término se usa generalmente”.

“En cambio, el fiscal general es visto como el principal jefe de la ley. Esto sigue siendo coherente con el Artículo II porque el presidente selecciona al fiscal general y puede removerlo a voluntad. Pero la idea de que el presidente debe involucrarse de forma directa en la aplicación de la ley no se deriva necesariamente de esta lectura de la Constitución y no ha sido tradicionalmente la postura de ningún presidente”, explicó.


¿Riesgo para el equilibrio de poderes?

Para otros expertos, aun reconociendo que el presidente puede considerarse a sí mismo como el jefe de la aplicación de la ley, tratar de ejercer esa prerrogativa obviando la tradición legal del país implica un riesgo para el equilibrio de poderes.

“Técnicamente sí. Él está en la cúspide del Poder Ejecutivo”, dijo a Univision Noticias Kimberly Wehle, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Baltimore y autora del libro ‘How to read de Constitution and Why (Cómo leer la Constitución y por qué)

“Pero esa no es la respuesta completa a la pregunta. El nuestro es un sistema de poderes separados intencionalmente. Los redactores (de la Constitución) no querían que todo el poder se concentrara en una rama, por lo que su poder (del presidente) no es ilimitado. Estructuralmente y por definición es revisado por las otras ramas y personas”.

Wehle explica que, si bien la figura del presidente y la del fiscal general pertenecen al Poder Ejecutivo, “demasiado poder concentrado en una rama es un problema para los poderes separados, y aquí lo está usando (Trump) políticamente sin controles legislativos aparentes después del juicio político”.

Los presidentes se han mantenido al margen de casos particulares, sobre todo aquellos que afectan a la administración o sus integrantes, al menos desde el caso Watergate (1972-74), cuando el entonces presidente Richard Nixon quiso descabezar la fiscalía especial que investigaba el caso de espionaje político por el que finalmente se vio forzado a renunciar.

“Ha sido una norma fuerte que la política y las opiniones del presidente no interfieran con la forma en que el fiscal general y el Departamento de Justicia manejan casos particulares”, enfatizó Rachel Barkow, de la NYU, resaltando en que esto puede afectar la legitimidad del Departamento de Justicia y la aplicación de la ley federal.

En la misma línea, Kimberly Wehle advierte acerca del riesgo que representa el hecho de que el presidente se involucre en casos que corresponden al Departamento de Justicia.

“Esto permitiría que el presidente use su poder fiscal para castigar a opositores políticos y recompensar a los políticos leales, lo que es la esencia de la tiranía”.

Conclusión: una afirmación ambigua

El debate gira en torno a la lectura del artículo II, sección 3 de la Constitución de Estados Unidos, y al deber que tiene el presidente de “encargarse de que las leyes se ejecuten fielmente".

Para algunos académicos, el hecho de que la máxima autoridad del Poder Ejecutivo tenga el deber de encargarse de que las leyes se cumplan le daría técnicamente al presidente la potestad de denominarse jefe de la aplicación de la ley. Otros analistas difieren de esta interpretación.

Sin embargo, los entrevistados coinciden en que administraciones pasadas han respetado tradicionalmente el precepto que separa el papel de la aplicación de la ley del fiscal general -históricamente la persona referida como el principal oficial de la ley de la nación- y la posición política del presidente, advirtiendo que cruzar esta línea puede afectar la neutralidad y legitimidad del Departamento de Justicia.


Los rostros del ‘Rusiagate’, la investigación que incomodó al presidente Trump (fotos)

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