México advierte que ya no extraditará acusados de corrupción y luego rectifica que seguirá cooperando con EEUU

El gobierno mexicano informó este jueves que dejaría de extraditar a funcionarios que hayan sido vinculados con el crimen organizado, pero después rectificó que seguirá cooperando con Estados Unidos en esa materia.

Esto ocurrió tras la polémica repatriación del exministro de Defensa de México Salvador Cienfuegos Zepeda, cuyo retorno puso fin a las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero que enfrentó en Estados Unidos.

El jueves, el canciller mexicano Marcelo Ebrard habló sobre un supuesto viraje diplomático que habría afectado un tratado que ambos países firmaron en 1978 y que ha enviado a más de 1,000 sospechosos de narcotráfico, asesinato, violación y blanqueo de capitales a prisiones estadounidenses. En esa lista están exgobernadores y jefes de carteles, como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El Departamento de Justicia (DOJ) desmintió a Ebrard en un breve comunicado enviado a Univision Noticias el cual subraya que "es falso el reporte de que un nuevo acuerdo bilateral de ese tipo fue hecho".

Jesús Ramírez, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, rectificó por su parte que México sigue dispuesto a cooperar para extraditar a narcotraficantes y funcionarios acusados de estar en su nómina.

“Lo que no queremos son acciones sorpresa”, explicó Ramírez en una entrevista con la agencia AP. El funcionario señaló que "se justifica que sean juzgados en Estados Unidos” quienes cometieron delitos en ambos países.

Esta aclaración fue hecha horas después de que Ebrad declaró que México logró un nuevo pacto con el Departamento de Justicia (DOJ) para que, de ahora en adelante, le comparta detalles de cada una de las investigaciones que realice en ese país (lo cual alegan no ocurrió en el caso Cienfuegos Zepeda) y juzgar allá a los oficiales requeridos en EEUU por ser cómplices de narcotraficantes.

“Si hay una investigación, indagatoria, indicio de corrupción, de colusión con la delincuencia, que se haga del conocimiento a las autoridades mexicanas, que México sabrá aplicar la ley”, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“(Que) sean procesados, juzgados y, en su caso, sentenciados en México y no en otros países. Esa es la base que ha alentado este acuerdo” que recién se discutió con Estados Unidos, agregó el funcionario.

Las extradiciones han sido cotidianas desde el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), el cual realizó 594, más que ningún otro presidente mexicano. Su sucesor Enrique Peña Nieto envió a 395 personas, mientras que Andrés Manuel López Obrador ya mandó a más de 90. Los más recientes fueron operadores de los carteles de Jalisco y del clan de los Beltrán Leyva.

Así explicó López Obrador su decisión de investigar y enjuiciar a los oficiales acusados de corrupción en cortes mexicanas: “No porque se trata de agencias o instancias jurídicas de otros países. ¡Ya! Ellos son los poseedores de la rectitud y de la justicia”.

Según el mandatario, el rutinario esquema de las extradiciones se fue alimentando “porque no estaban a la altura las autoridades de México y se fue creando esa idea de que ‘allá sí hay castigo, aquí no’”.

Los funcionarios extraditados

Con excepción de ‘El Chapo’ Guzmán, quien fue el jefe del Cartel de Sinaloa, otros personajes de alto calibre señalados por tráfico de drogas, lavado de dinero y malversación de fondos públicos se han declarado culpables y fueron condenados en tribunales estadounidenses.

Entre ellos están tres exgobernadores: Jorge Juan Torres López de Coahuila, Mario Villanueva Madrid de Quintana Roo y Tomás Yarrington Ruvalcaba de Tamaulipas.

Si México hubiese aplicado el nuevo pacto al pie de la letra, se impediría la extradición de prominentes figuras públicas, como el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, acusado de cometer actos de corrupción y recibir sobornos del Cartel de Jalisco.

También son requeridos en tribunales federales estadounidenses el exjuez Isidro Avelar Gutiérrez, señalado por estar en la nómina de la organización criminal ‘Los Cuinis’; y el exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, vinculado a una presunta conspiración de lavado de dinero.

“No amenazamos a nadie”

El general Cienfuegos Zepeda quedó libre de cargos la tarde del miércoles, cuando alguaciles lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en el aeropuerto de Toluca, en el centro de México. Allí le informaron que había una investigación en su contra y unos minutos después lo dejaron en libertad porque no existe una acusación formal en ese país. Apenas llevan un mes indagando su caso.

Una juez federal en Brooklyn acordó retirar la acusación por un pedido de la Fiscalía estadounidense, la cual señaló que era más importante mantener la relación binacional que encarcelar a este militar.

Pero personas familiarizadas con el caso citadas por el diario The New York Times aseguraron que México le advirtió que estaba considerando expulsar del país a los agentes federales antidrogas estadounidenses.

López Obrador lo negó: “No amenazamos a nadie. Lo único que hicimos fue, por la vía diplomática, expresar nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien… Dijimos: ‘queremos que se nos informe y se respeten los acuerdos de cooperación’”.

Otra controversia surgió cuando un general brigadier retirado, José Francisco Gallardo Rodríguez, afirmó sin presentar pruebas que una supuesta cofradía de militares de alto nivel le exigió al presidente de México que trajera de vuelta a Cienfuegos Zepeda. Se harían llamar ‘El Sindicato’.

“Doblaron al presidente”, dijo Gallardo Rodríguez en una entrevista con el programa Los Periodistas.

Lo cierto es que el mandatario matizó su discurso al referirse a Cienfuegos Zepeda. A mediados de octubre calificaba de “muy lamentable” su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles y dijo que “ojalá esto sirva de ejemplo para comprender que el principal problema de México es la corrupción”.

Este jueves, sin embargo, se refirió al militar de otra forma: diciendo que “no se puede permitir que agencias el extranjero juzguen a mexicanos si no hay pruebas”, que es una injusticia “incluso que se encarcele a alguien que es inocente” y recalcó que no aceptará “que se fabriquen delitos”.

A decir del canciller Ebrard no debe caber duda de que la Fiscalía mexicana “llevará a cabo (…) una investigación a la altura del prestigio de México". Expresó que “sería casi suicida” haber logrado una repatriación histórica para que al final se dé carpetazo al asunto. “Para eso mejor no decimos nada, que se quede allá”, mencionó.

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