Vuelos secretos de ICE: demócratas “profundamente preocupados” por esta táctica de ICE y critican una política "industrializada y a gran escala"

Un grupo de representantes demócratas expresó “graves preocupaciones” por los vuelos de deportación de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), al tiempo que exigió a la administración del presidente Donald Trump transparencia y verificaciones para garantizar el respeto al debido proceso de los inmigrantes que están siendo expulsados del país.

En una carta dirigida a Bryan Bedford, administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), un grupo de 40 representantes demócratas cuestionaron los vuelos de deportación de la Operación Aérea dirigida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (IAO, por sus siglas en inglés), y exigieron que aborde las denuncias de maltrato y condiciones inhumanas a bordo de los aviones chárter de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia federal que comanda la fuerza nacional de deportaciones de Trump.

En 2025, durante el primer año de gobierno, ICE deportó entre 600,000 y 700,000 extranjeros indocumentados, una cifra inferior al millón prometido por Trump durante su campaña en 2024. Sin embargo, en enero, Tom Homan, el zar fronterizo del presidente aseguró a N+ Univision que en este 2026 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuyo mando opera ICE, deportará a 1 millón de extranjeros delincuentes.

Posteriormente, Homan ratificó la advertencia al programa ‘Esta Semana’ en una entrevista con la periodista Ilia Calderón y luego repitió la misma cifra durante una intervención en la exposición de Seguridad Fronteriza en Phoenix, Arizona, en una sala repleta de agentes del DHS y personal de las industrias privadas que participan en el plan de deportaciones.

Conden política de ´tolerancia cero´

“Seguimos oponiéndonos rotundamente a la escalada de las prácticas de control migratorio que separan a las familias, socavan el debido proceso e infligen daños duraderos a las comunidades; asimismo, nos alarma la evasión por parte de ICE de la supervisión y la rendición de cuentas en relación con sus operaciones aéreas”, se lee en la carta.

Los legisladores añaden que, “como miembros del Congreso, es nuestro deber ejercer la supervisión sobre estas operaciones”. Y que, dada la responsabilidad general de la FAA en materia de seguridad y operaciones aéreas, “instamos a la agencia a colaborar con el Congreso para exigir responsabilidades a ICE y garantizar la transparencia, así como la protección de la seguridad y la dignidad humana en los vuelos”.

Los demócratas alegan que, desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025 para un segundo mandato, “hemos observado un aumento drástico en las operaciones aéreas de ICE”.

“Entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025, los vuelos de deportación aumentaron un 84% en comparación con el mismo periodo de 2024, debido en gran medida a la expansión por parte de la IAO de los vuelos chárter subcontratados, realizados por compañías tales como GlobalX, Eastern Air Express, Avelo Airlines, World Atlantic, Eastern Air, OMNI Air, Kaiser y Key Lime Air”, precisa el documento.

"Las agencias encargadas de la aplicación de las leyes de inmigración no deberían poder operar desde las sombras mientras las familias se quedan buscando respuestas sobre sus seres queridos", dijo la congresista Jasmine Crockett (Texas), una de las 40 firmantes de la carta. Y recordó que, a principios de este año, presentó "la Ley TRACK ICE para poner freno a estos llamados 'vuelos fantasmas' y restablecer la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones de control migratorio”.

Deportaciones como negocio

En la carta dirigida a Bedford los congresistas también denuncian un cambio deliberado de la implementación de la Ley de Inmigración (INA) “hacia una deportación industrializada y a gran escala, ejecutada a través de una red de contratistas privados”.

Advirtieron que este sistema de aplicación de la ley “hace que la exigencia de responsabilidades resulte cada vez más difícil de aplicar” y “resulta preocupante que la información relativa a estos vuelos sea casi imposible de obtener, lo cual socava la supervisión del Congreso e impide que la ciudadanía comprenda el alcance y las condiciones de dichos vuelos”.

En otra parte de la carta señalaron que, según el Manual de la IAO de 2024, los detenidos transportados en aeronaves de ICE Air son inmovilizados por completo mediante el uso de dispositivos de restricción autorizados; es decir, “esposas, cadenas de cintura y grilletes para las piernas”. Y que el manual también permite el uso de otros equipos de restricción, tales como “máscaras antiesputo, manoplas, inmovilizadores de piernas, correas de carga, el dispositivo WRAP, etc”.

Cabe destacar que la presencia indocumentada en Estados Unidos, cargo que pesa sobre la mayoría de los indocumentados deportados de acuerdo con informes independientes (más del 73% según estudios del Instituto CATO, TRAC Immigration y el Centro Brennan para la Justicia) sigue siendo una falta de carácter civil no criminal.

Plazo para responder

El grupo de congresistas demócratas fijó el 1 de junio como plazo para responder por escrito y de manera detallada tres exigencias:

• Informe detallado de todas las operaciones aéreas de ICE realizadas desde el 20 de enero de 2025. Debe incluir los vuelos de deportación que sean realizados por vuelos chárter contratados, así como aquellos que entren y salgan del espacio aéreo de los Estados Unidos.
• Informe detallado sobre el uso que ICE ha hecho del sistema LADD desde el 20 de enero de 2025, particularmente en lo que respecta a los vuelos de deportación, e incluyendo aquellos realizados por vuelos chárter contratados.
• Informe sobre métodos adicionales que ICE esté utilizando para aumentar la opacidad (secretismo) en torno a los vuelos de deportación.

Asimismo, exigen un informe adicional que detalle las condiciones humanitarias en los vuelos de la IAO:

• Evaluación de la FAA respecto a barreras físicas que podrían ralentizar la evacuación de los vuelos de deportación.
• ¿Ha evaluado la FAA si los dispositivos de sujeción cumplen con los estándares de resistencia a impactos (crash-worthiness)?
• De qué manera colabora la FAA con el DHS para capacitar a los oficiales de ICE y a los tripulantes de cabina en los procedimientos adecuados de evacuación y emergencia, particularmente en los vuelos que transportan a personas detenidas.
• Información sobre protocolos en vuelos internacionales.
• Planes de evacuación en casos de emergencia, entre otras exigencias.

Los congresistas demócratas recordaron a la FAA que “tiene la obligación de garantizar que estas operaciones no se lleven a cabo al margen de las normas de seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas”. E instaron al administrador de la FAA “a sacar a la luz estas operaciones con prontitud y a colaborar con el Congreso para asegurar la supervisión de las operaciones aéreas del ICE”.

ACLU había demandado a Biden

En noviembre de 2024, tras las elecciones presidenciales ganadas por Trump, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó a ICE para que revelara detalles de operaciones de arrestos y deportaciones de inmigrantes.

El objetivo de ACLU era reunir información detallada respecto a cómo se llevaban a cabo en ese momento las operaciones de detención y expulsión de extranjeros, así como conocer la capacidad de respuesta del gobierno de Biden en este campo y determinar con qué recursos contaría Trump a partir del 20 de enero de 2025.

Preparándose para eventuales demandas en contra del plan de deportaciones masivas anunciado por Trump desde el primer día que se instalara nuevamente en la Casa Blanca, ACLU buscó conocer los detalles del actual plan de deportaciones del Biden y estimar la capacidad de respuesta con la que contaría Trump, incluyendo el uso de aviones privados.

ACLU explicó que la demanda buscaba “la divulgación de registros relacionados con el programa de Operaciones Aéreas de ICE (ICE Air) desde el período del 1 de enero de 2023 hasta el presente, incluidos, entre otros, los contratos para operar vuelos de expulsión y el transporte terrestre para vuelos de expulsión, y las políticas y procedimientos internos para organizar, dotar de personal y manejar vuelos, incluidos aquellos con menores no acompañados”.

En las últimas décadas, las operaciones de deportación de ICE, tanto en aviones del gobierno como en vuelos privados, siguen envueltas en el “secreto”, un silencio que “ha enmascarado la responsabilidad por los graves abusos y peligros que implican los vuelos de ICE Air”, argumenta ACLU en la demanda.