Sin ningún futuro: el último intento republicano para modificar el asilo no tiene apoyo ni para llegar al pleno
Una iniciativa de ley propuesta por el senador republicano Lindsey Graham, de cambiar la ley de asilo, no tiene los votos necesarios para ser llevado al pleno y podría quedarse sin ver la luz tras el receso de verano del Congreso.
Fuentes republicanas consultadas por Univision Noticias dijeron que el proyecto fue aprobado el 1 de agosto por el Comité Judicial de la Cámara Alta, “pero no se anunció un plan de seguimiento”. Además, recalcaron que plan “no tiene, ni la totalidad del respaldo del partido ni cuenta con apoyo bipartidista”, por lo que es “poco probable” que el líder Mitch McConnell (Kentucky) lo lleve al pleno.
Asimismo, La Iniciativa Libre, un grupo republicano conservador, dijo que “nosotros no respaldamos el plan del senador Graham porque no soluciona la crisis que estamos viendo en la frontera”.
“Reconocemos que existe una situación difícil en el sur del país con la llegada de miles de personas pidiendo asilo. Nuestro sistema actual dura ahora demasiado tiempo y no hay muchos jueces. Y decenas de inmigrantes esperan durante semanas en México. Para arreglar todo esto se necesita reformar el sistema, pero este proyecto no lo hace más eficiente”, dice Wadi Gaytán, portavoz de La Iniciativa Libre.
El grupo, que mueve un bloque republicano moderado clave en ambas cámaras del Congreso, dijo además que “no lo aprobamos y no hemos escuchado que ha habido un esfuerzo para moverlo. Quizás esperamos que suceda otra crisis para insistir, pero estamos abogando por un nuevo plan, no éste, porque el proyecto aprobado por el Comité Judicial no sería una solución práctica”, indicó Gaytán.
La postura demócrata
La oficina del senador Bob Menéndez (demócrata por Nueva Jersey) dijo que el plan “no será enviado” al pleno y, que en caso de hacerlo, “no va a pasar”.
Para ser aprobado el pleno del Senado necesita 60 votos y los republicanos solo cuentan con 53. Los demócratas reiteran que no apoyan el plan de Graham.
A su vez, los demócratas de la Cámara de Representantes, donde son mayoría con 235 asientos, dicen que rechazan el proyecto y los republicanos no han presentado hasta ahora una versión similar al de Graham. Y que en caso lo hagan, se requieren 218 votos para aprobarlo y solo cuentan con 198.
“La legislación está diseñada para cerrar las brechas en la ley actual que han llevado a una afluencia masiva de migrantes de los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) que viajan a Estados Unidos, buscan agentes de la Patrulla Fronteriza, se entregan y solicitan asilo”, dijo la oficina de Graham en un comunicado poco antes de la sesión del Comité Judicial del Senado.
Pero los argumentos de Graham no convencen a los demócratas.
De qué se trata
El plan de Graham, denominado ‘Ley de Seguridad y Protección 2019’, propone anular el Acuerdo Judicial Flores de 1997, una pieza clave dentro del proceso de asilo. El acuerdo prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores de edad y permite un plazo máximo de detención de 20 días.
A su vez, una ley de prevención de tráfico humano de 2008 impide al gobierno la deportación acelerada de menores de edad provenientes de países no fronterizos y que hayan sido detenidos en la frontera, y exige que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en el país.
Graham, al igual que Trump, dice que ambas medidas precautorias son “lagunas” o “vacíos” legales que deben ser eliminados para evitar “abusos”. El discurso negativo del plan criminaliza a la totalidad de los migrantes que huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza en busca de asilo en Estados Unidos, argumentan los demócratas.
“El proyecto de ley requiere que los solicitantes de asilo pidan la protección en los centros de procesamiento de refugiados en América Central y México, y las autoridades de los Estados Unidos contraten nuevos jueces de inmigración”, se lee en el plan.
Más detalles
La iniciativa de Graham también recomienda permitir la detención de los niños migrantes junto a sus padres y que sean puestos en proceso de deportación. Y que el tiempo de detención aumente de 20 a 100 días, tiempo durante el cual deberán terminar los procesos.
La iniciativa no menciona el atasco en las cortes de inmigración que en la actualidad bordea los 900,000 para 440 jueces, quienes en promedio podrían demorar, si atienden 700 casos cada uno por año como ha dispuesto el gobierno, 2.9 años sin que durante todo ese tiempo ingrese ningún otro caso nuevo a los tribunales.
El plan también pide acelerar las deportaciones y otorgarle al secretario de Seguridad Nacional “la discreción exclusiva para determinar los estándares de detención relacionados con los niños migrantes”.
Prohíbe además a los estados que requieran que los centros de detención familiar de inmigrantes estén autorizados por el estado y pone severas restricciones al programa de Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS)”.
En cuanto a las entrevistas de miedo creíble o razonable, clave durante el proceso de asilo, Graham pide “elevar los estándares”, además de darle a los agentes del DHS poderes extraordinarios para que se conviertan en “agentes de asilo”, algo que por ahora sólo ejercen abogados contratados por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
