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La nueva regla de 'carga pública' para tener la 'green card': ¿buscan ahorrar dinero o es una excusa para reducir la inmigración?

La nueva regla de 'carga pública' de la administración Trump pretende reducir el peso de la inmigración sobre los contribuyentes. Pero la regla parece apuntar deliberadamente a familias latinas de bajos ingresos. Además, los críticos dicen que no ahorrará dinero y que, de hecho, perjudicará la economía estadounidense.
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18 Ago 2019 – 9:08 AM EDT

Al anunciar los cambios para el otorgamiento de visas y residencias permanentes, la Casa Blanca declaró que las nuevas directrices se diseñaron para garantizar que los nuevos inmigrantes no sean una "carga para los recursos públicos".

Los cambios, declaró la Casa Blanca, son necesarios para proteger a los contribuyentes estadounidenses y preservar la red de seguridad social para los residentes existentes.

Pero algunos expertos se preguntan si esos son los verdaderos objetivos del cambio de directrices, o si enmascaran el motivo subyacente de reducir la inmigración general hacia Estados Unidos — especialmente la de los latinos de bajos ingresos — una meta entrañable para los partidarios de línea dura en la administración Trump, pero que carece de apoyo público o respaldo en el Congreso, incluso entre los republicanos.

"El objetivo de la normativa de la carga pública no es ahorrar fondos públicos, es reducir el número de personas que pueden obtener tarjetas de residencia, punto", dijo Alex Nowrasteh, director de estudios de inmigración del Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Instituto Cato. "Hay muchas otras formas de ahorrar dinero en programas de asistencia social, donde se podría ahorrar mucho más sin tener que reducir el número de personas inmigrantes y es muy revelador que la administración no haya elegido esas otras formas", agregó.


Los republicanos de línea dura han intentado — sin éxito — hacer que el Congreso apruebe una legislación para reducir directamente la inmigración legal, como la Ley RAISE 2017 (Reforma de la Inmigración a Estados Unidos para el Fortalecimiento del Empleo), que intentaba reducir el número anual de tarjetas verdes emitidas a la mitad, de poco más de 1 millón a 500,000, mediante la eliminación de muchas categorías actuales para la inmigración por concepto de familia.

"No lograron convencer al Congreso para que la aceptara. Por lo tanto, tienen que usar medios regulatorios para hacerlo", dijo Nowrasteh.

La Ley RAISE recibió el respaldo del presidente Trump, pero tropezó con la resistencia de muchos republicanos que temían que perjudicara las industrias clave en sus estados, como la agricultura y el turismo. También provocó un intercambio polémico en una reunión informativa de la Casa Blanca cuando Stephen Miller, asesor político del presidente y viejo defensor de los límites en materia de inmigración, defendió la propuesta.

Cuando un periodista le leyó algunas de las palabras de la Estatua de la Libertad: "Dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, a vuestras masas hacinadas que anhelan respirar libertad" — Miller las desestimó. "El poema al que te refieres fue añadido más tarde", dijo. "En realidad no es parte de la Estatua de la Libertad original".


Otros expertos también cuestionan la noción de que los inmigrantes son una carga económica para el país, citando estudios que muestran que son un segmento clave de la fuerza laboral en algunas industrias menos calificadas, mientras que representan una contribución neta positiva a la economía después de equilibrar los beneficios que reciben y los impuestos con los que contribuyen.

"La justificación de la administración para las normativas se basa en la suposición errónea de que los inmigrantes que actualmente tienen medios modestos perjudican nuestra nación y nuestra economía, lo cual devalúa su trabajo y contribuciones y subestima la movilidad ascendente que demuestran las familias inmigrantes", según el Centro de Prioridades Políticas y Presupuestales, un instituto de investigación y política no partidista con sede en Washington DC.

La nueva regla de 'carga pública'

Según las nuevas normativas que entrarán en vigor el 15 de octubre, la administración Trump ampliaría las restricciones a la inmigración legal al negarles las tarjetas verdes a los migrantes de bajos ingresos, especialmente aquellos con bajo nivel educativo o capacidad de hablar inglés, los cuales el gobierno sospecha que en el futuro podrían hacer uso de Medicaid, cupones de alimentos, cupones de vivienda u otras formas de asistencia pública.

Durante más de un siglo, la ley federal ha exigido que quienes quieran convertirse en residentes permanentes deben demostrar que no serán una carga para Estados Unidos — una "carga pública" en lenguaje del gobierno, pero las nuevas normativas podrían elevar el estándar de elegibilidad, penalizando a aquellos con bajos ingresos y bajo nivel educativo. También convertiría el sistema migratorio estadounidense en uno basado en el mérito que premia la capacidad de los inmigrantes en lugar de una larga tradición de reunificación familiar.

A diferencia de las actuales medidas estrictas que se están aplicando contra la inmigración ilegal, incluyendo las recientes redadas en Mississippi y la separación continua de los padres migrantes de sus hijos en la frontera sur de Estados Unidos, las nuevas normativas se enfocan en las personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos y buscan la residencia permanente.


La regla de 'carga pública' de Trump ya enfrenta impugnaciones legales en todo el país, y también parece ir en contra de la opinión pública. Trece estados presentaron una acción legal el miércoles, demandando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por las nuevas normativas diciendo que son "antiestadounidenses", pues podrían obligar a los inmigrantes potenciales a renunciar a los beneficios públicos para sus hijos elegibles nacidos en Estados Unidos.

Una nueva encuesta del Centro de Investigación Pew publicada el lunes también reveló que la población estadounidense desaprueba en gran medida el manejo de la ola de migrantes en la frontera sur por parte de la administración, pues casi dos tercios de los estadounidenses — el 65% — dice que el gobierno federal está haciendo un trabajo malo o bastante malo. La encuesta reveló un amplio apoyo al desarrollo de una vía hacia el estatus legal para los inmigrantes que viven ilegalmente en el país.


Los defensores de las nuevas reglas dicen que los temores de los defensores de los inmigrantes son muy exagerados y señalan que las normativas no llegan a cambiar el sistema existente. "No son tan importantes como dicen los grupos de defensa. Andan corriendo por ahí rasgándose las vestiduras. Es una aclaración importante de las reglas. Pero no cambia las reglas del juego", dijo Mark Krikorian, del Centro de Estudios de Inmigración, el grupo de expertos con mucha influencia Washington favorable a la 'baja inmigración' que ha abogado durante mucho tiempo por reducir drásticamente el número de inmigrantes, así como por priorizar a los migrantes con educación superior y altas cualificaciones laborales antes que aquellos que tengan lazos familiares en Estados Unidos.


De hecho, los inmigrantes no ciudadanos no son una cifra insignificante de beneficiarios, pues representan el 6.5% de los beneficiarios de Medicaid y el 8.8% de quienes reciben asistencia alimentaria, según un análisis de datos del censo de la agencia de noticias The Associated Press. Sin embargo, los inmigrantes de bajos ingresos que no son ciudadanos usan Medicaid, asistencia alimentaria, asistencia en efectivo e Ingreso Suplementario de Seguridad, o SSI (por sus siglas en inglés), a una tasa más baja que los adultos de bajos ingresos nacidos en EEUU.

Dado que la ley de 1990 establece el número de tarjetas verdes (green cards) emitidas anualmente, Krikorian tiene cierta razón. Pero a los expertos les preocupa que les puedan cambiar los criterios sobre quién resulta aceptado, favoreciendo las habilidades laborales basadas en el mérito sobre los lazos familiares.

En 2017, se otorgaron alrededor de 750,000 tarjetas verdes — 66% del total — a personas que inmigraron a Estados Unidos por tener familiares en el país, segun las cifras oficiales del Departamento se Seguridad Nacional (DHS). En contraste, se otorgaron alrededor de 138,000 tarjetas verdes — 12% — a inmigrantes por razones de empleo, en base a sus habilidades, experiencia y educación y a las necesidades de los empleadores estadounidenses.

Los principales países de nacimiento de los nuevos residentes permanentes fueron México (15%), China (6.3%) y Cuba (5.8%).

Pero probablemente eso cambiará ahora. "Es poco probable que conduzca a una reducción de la cantidad de inmigrantes, pero sí conducirá a un cambio. Reasignaría visas a personas más acomodadas y con mayor nivel educativo", dijo Randy Capps, director de investigación de Programas Estadounidenses del Instituto de Política Migratoria.

La 'ficha técnica' de la Casa Blanca resaltó que "un gran número de no ciudadanos y sus familias se han aprovechado de nuestros generosos beneficios públicos". Indicó que el 78% de los hogares encabezados por un no ciudadano cuyo nivel educativo no es superior a la educación secundaria usa al menos un programa de asistencia social. Añadió que el 58% de todos los hogares encabezados por un no ciudadano usa al menos un programa de asistencia social, y la mitad de todos los hogares encabezados por no ciudadanos incluyen al menos una persona que usa Medicaid.

A Krikorian le habría gustado que hubiera restricciones de asistencia social mucho más drásticas, pues se quejó de que las nuevas normativas todavía eximían varios programas, incluyendo los beneficios recibidos por inmigrantes no residentes con niños nacidos en Estados Unidos, como almuerzos escolares gratuitos y algunas deducciones fiscales por hijos. Krikorian alega que esos padres también deberían excluirse.

"Son responsables de sus hijos. Así que, si sus hijos reciben cupones de alimentos... Un niño de cuatro años no va a una tienda de víveres, ni se come la comida él sólo. Ese dinero también sale de tu bolsillo", dijo.

"Sentimentalismo"

Cuando se le preguntó si le preocupaba que esto obligaría a los padres a tomar una decisión imposible, Krikorian se mostró indiferente y rechazó el "sentimentalismo" de los defensores de los inmigrantes. Señaló que muchos inmigrantes envían remesas a sus familiares en sus países de origen, que podrían usarse para cuidar a sus hijos.

Pero los defensores de los inmigrantes dicen que no se trata de sentimentalismo. "La justificación de la administración para las normativas se basa en la suposición errónea de que los inmigrantes que actualmente tienen medios modestos perjudican nuestra nación y nuestra economía, lo cual devalúa su trabajo y contribuciones y subestima la movilidad ascendente que demuestran las familias inmigrantes", escribió el Centro de Prioridades Políticas y Presupuestales en un informe publicado el jueves.

Citó numerosos estudios que brindan evidencia de que la asistencia pública para niños pequeños puede mejorar su salud y oportunidades posteriormente en la vida. "Negar esta asistencia o amedrentar a las familias para que no la soliciten puede tener serias repercusiones, que padecerán no sólo las familias inmigrantes, sino los trabajadores nativos y la economía estadounidense en general", concluyó.

Muchos expertos alegan que los inmigrantes no son una carga pública y además de realizar importantes trabajos poco cualificados en la agricultura y la atención sanitaria, también son contribuyentes netos al sistema de Seguridad Social de Estados Unidos mediante los impuestos.

Un estudio detallado de 500 páginas realizado por las Academias Nacionales de Ingeniería, Medicina y Ciencia en 2016 reveló que la presencia de trabajadores inmigrantes (autorizados y no autorizados) en el mercado laboral ha hecho que la economía estadounidense sea mucho más grande — quizás un 11% más grande, un aumento equivalente a 1,600 millones de dólares de producción económica de bienes y servicios en 2012. Extrapolando, en 2016 esta contribución al PIB (Producto Interno Bruto) es de aproximadamente 2,000 millones de dólares.


"La inmigración tiene un impacto general positivo en el crecimiento económico a largo plazo en Estados Unidos", concluyó el estudio. Se descubrió que los inmigrantes de primera generación eran más costosos para los gobiernos, principalmente a nivel estatal y local, que los ciudadanos nativos, en gran parte debido a los costos de educar a sus hijos. Pero eso lo revierten rápidamente sus hijos, inmigrantes de segunda generación que estaban "entre los contribuyentes económicos y fiscales más sólidos de la población estadounidense, pues contribuyen más en impuestos que sus padres o el resto de la población nativa".

Aunque también era cierto que la cantidad promedio de contribuciones aumentaría si las personas menos cualificadas y con menor nivel educativo fueran excluidas bajo las nuevas normativas propuestas, el informe reveló que incluso los inmigrantes que abandonan la escuela secundaria y que ingresan con menos de 25 años de edad tenían beneficios fiscales netos positivos para la economía. Sólo quienes abandonan la escuela a edades más avanzadas tenían un impacto negativo.

"Tonterías"

Todas esas eran "tonterías", dijo Krikorian. Depender de los inmigrantes para mantener la solvencia del sistema de seguridad social solo creaba una necesidad interminable de que más inmigrantes continuarán reponiéndolo.

Pero los críticos de las nuevas normativas alegan que, si el costo de la asistencia social es realmente lo que le preocupa a la Casa Blanca, entonces debería abordar directamente esos programas, señalando que los no ciudadanos en realidad solo tienen acceso limitado a los beneficios.

"Si realmente les preocupa eso, entonces parece que deberían intentar reducir los beneficios de seguridad social para esos grupos. Eso parece más fácil de hacer que esta complicación de alterar la demografía mediante las tarjetas verdes. El hecho de que no hayan decidido hacer eso me dice algo", dijo Nowrasteh.

El Departamento de Seguridad Nacional niega que sus nuevas normativas estén diseñadas para reducir los niveles generales de inmigración. Sin embargo, dijo que intentaba "minimizar el incentivo de los extranjeros para intentar emigrar a Estados Unidos o modificar su estatus en Estados Unidos debido a la disponibilidad de beneficios públicos".

También se produce en un momento en que la Casa Blanca ha estado intentando quitarles el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a personas de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador; además de reducir el número de refugiados admitidos anualmente a 30,000, la cifra más baja en 40 años.


Contradicciones

Parece haber algunas contradicciones esta semana entre la Casa Blanca y las declaraciones del DHS con respecto a las normativas. Curiosamente, el documento de 800 páginas del DHS que describe las nuevas normativas dice que "no tiene el propósito de abordar la economía, la creación de empleo, la protección de la red de seguridad social estadounidenses ni el 'sueño americano', ni reducir el gasto en asistencia pública o garantizar que la asistencia pública se reserve solamente para los ciudadanos estadounidenses".

Eso pareció ir en contra de la propia "ficha técnica" de la Casa Blanca, que se jactaba de que las nuevas normativas "protegerían a los contribuyentes estadounidenses, preservarían nuestra red de seguridad social para los estadounidenses vulnerables y defenderían el estado de derecho".

Las nuevas normativas están diseñadas para aplicarse con miras al futuro para predecir si un posible inmigrante será una carga pública. Bajo las nuevas normativas, el Departamento de Seguridad Nacional ha redefinido una carga pública como alguien que tiene muchas probabilidades" de recibir beneficios públicos por más de 12 meses dentro de un período de 36 meses.

Lo que más les preocupa a los defensores de los inmigrantes es que las nuevas normativas, a pesar de tener más de 800 páginas, deja muchas preguntas sin responder. "Son increíblemente detalladas e increíblemente minuciosas, pero muy vagas y dejan mucho a discreción del funcionario de adjudicación individual", dijo Capps.

En su análisis, el Instituto de Política Migratoria reveló que el 69% de los titulares recientes de la tarjeta verde (residentes permanentes legales, que han estado en Estados Unidos por menos de cinco años y aún no se han convertido en ciudadanos) tenían al menos un factor negativo bajo las nuevas normativas del DHS, incluyendo la edad e ingresos por debajo del nivel de pobreza, educación, dominio del idioma inglés, empleo y escolaridad.


Mucho dependerá de las instrucciones que se les den a los jueces del DHS sobre cómo interpretar las nuevas normativas. Los expertos temen que esas instrucciones de implementación no se hagan públicas.

Esa decisión recaerá en Ken Cuccinelli, director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, un conservador de línea dura a quien se le considera cercano a Miller.


Esta semana, Cuccinelli también apareció en los titulares cuando cuestionó la famosa inscripción en la Estatua de la Libertad que les da la bienvenida a las "masas hacinadas" de inmigrantes a las costas estadounidenses. Cuccinelli dijo que se refería a una era diferente de "personas procedentes de Europa" y que Estados Unidos ahora necesita inmigrantes "que puedan valerse por sí mismos".

"Podrían utilizarse las normativas para descalificar a los inmigrantes que no hablan inglés o que no tienen un título de secundaria. O eso podría interpretarse como un impacto marginal", dijo Capps. "Simplemente no sabemos cómo se ponderarán todos los diferentes factores positivos y negativos", dijo Capps. "Las normativas tienen un altísimo grado de discreción", añadió.

Javier Figueroa y Ana Alena Azpurua contribuyeron a este artículo.

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