Los jueces de inmigración están en desacuerdo con una orden ejecutiva firmada la semana pasada por el presidente Donald Trump, que le permite despedir con mayor facilidad a empleados de carrera de la administración publica.
Jueces de inmigración ‘condenan’ orden ejecutiva de Trump para despedir fácilmente a empleados federales
El sindicato de magistrados, que depende del Departamento de Justicia, teme que con el nuevo decreto el gobierno los tenga en la mira y sean despedidos por su postura ante la política migratoria del mandatario.
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El decreto, de fecha 21 de octubre, anula una serie de porciones del proceso de selección basado en méritos para empleados del poder ejecutivo, decisión que para la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) “destripa” más de un siglo de leyes y tradiciones “diseñadas para mantener un servicio civil no partidista en nuestro país”.
“Esta orden Ejecutiva destripa la neutralidad del cuerpo de servicio civil de carrera”, advierte el sindicato, que agrupa a más de 400 magistrados.
El sindicato agrega que, en lugar de servir a los ciudadanos de una manera imparcial, el decreto permitiría que los empleados federales “sean obligados a servir al capricho de los actores políticos” y que los asuntos cotidianos del gobierno “estarían saturados de amiguismo”.
La NAIJ ha sido un severo crítico de la política migratoria de tolerancia cero del gobierno de Trump señalando que ha puesto en serio riesgo el debido proceso.
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Más preocupaciones
La NAIJ también señala que la orden emitida por el presidente “instruye a las agencias federales a identificar a ciertos empleados actuales basándose en criterios amorfos, y una vez reclasificados, a esos trabajadores podrán ser despedidos”.
Añade existen protecciones “que prohíben el uso de consideraciones políticas para afectar la contratación y retención de esos trabajos” que fueron eliminadas por el decreto, y recuerdan que el actual sistema de contrataciones del gobierno federal “se basa en méritos y protecciones contra el despido sin causa”.
Sin embargo, la orden emitida por el ejecutivo “despoja a los trabajadores de sus protecciones sindicales existentes y los haría vulnerables a los despidos sin causa”.
En caso de activarse el decreto, “el público perdería una carrera experimentada, informada y no partidista” de profesionales que serán “sacrificados para dar cabida a operativos partidistas y favoritismos políticos”, dice la Asociación.
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La orden
La orden ejecutiva emitida la semana pasada permitiría a las agencias federales revisar sus listas de empleados y reclasificar a ciertos trabajadores, quienes podrán ser despojados de las protecciones laborales que actualmente poseen.
La Casa Blanca dijo que la nueva clasificación estaba justificada, ya que, según las reglas actuales, "eliminar a los trabajadores de bajo rendimiento, incluso de estos puestos críticos, requiere mucho tiempo y es difícil".
El decreto señala que el gobierno federal “se beneficia de los profesionales de carrera en puestos que normalmente no están sujetos a cambios como resultado de una transición presidencial, pero que cumplen funciones importantes y ejercen una discreción significativa en la formulación e implementación de políticas y programas del poder ejecutivo bajo las leyes de Estados Unidos”.
Agrega que “los jefes de departamentos ejecutivos y agencias, y el pueblo estadounidense también confían a estos profesionales de carrera información no pública que debe mantenerse confidencial”.
“Dada la importancia de las funciones que desempeñan, los empleados en dichos puestos deben mostrar el temperamento, la perspicacia, la imparcialidad y el buen juicio adecuados”, añade.
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Problema de fondo
A pesar de las justificaciones que da el Ejecutivo, la NAIJ advierte que, en el contexto de la Corte de Inmigración, “el espectro de esta acción es aún más grave”. Y que a pesar de que los jueces de inmigración “están encargados de administrar justicia de manera neutral e independiente, es probable que estén entre los primeros objetivos” de la orden firmada por el mandatario.
Señalan además que “ya estamos luchando para detener el ataque del Departamento de Justicia (DOJ) al estado de nuestra unidad de negociación que nos quitaría muchas protecciones” y que el decreto “sellaría nuestro destino, a pesar del fallo inicial a nuestro favor emitido por el Director Regional de la Autoridad Federal de Relaciones Laborales”.
En julio y tras un año de disputas, la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) determinó que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permite permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del fiscal general.
Sin embargo y tras el decreto, la NAIJ dice que la postura actual de la Corte como una agencia administrativa dentro del Departamento de Justicia “constituye una amenaza a nuestra independencia judicial, hecho denunciado por numerosas organizaciones legales de prestigio.
“Esto se debe a las ineficiencias e injusticias de dejar el tribunal a merced de una ley caprichosa” que compromete el debido proceso y resta transparencia “sobre el sistema judicial migratorio”, advierte.
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