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El Departamento de Justicia pierde batalla y no consigue desbaratar el sindicato de jueces de inmigración

La agencia federal que revisó el caso dictaminó que los jueces de inmigración “no son funcionarios administrativos porque actúan como jueces reuniendo hechos de testigos y documentos, y aplicando esos hechos a las leyes, reglamentos, precedentes y decisiones existentes".
4 Ago 2020 – 01:23 PM EDT
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Un año después de iniciada la batalla para desbaratar el sindicato de jueces de inmigración, el Departamento de Justicia perdió el pulso y no podrá obligarlos a implementar, como quiere el presidente Donald Trump, la política migratoria de tolerancia cero en los tribunales.

La Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) determinó a finales de julio que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permite permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del fiscal general.

“El intento del Departamento de Justicia de descertificar la Unión (o sindicato) no tiene mérito”, dijo la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) en un comunicado tras conocer la decisión.

La agencia encargada de proteger los derechos y el lugar de trabajo de los empleados federales dijo no haber hallado mérito en los argumentos entregados por el Departamento de Justicia, respecto a que los jueces son “gerentes” a quienes se les debe negar el derecho de formar un sindicato y negociar colectivamente con su empleador.


La decisión

Susan S. Bartlett, directora regional de la FLRA, escribió en la decisión que los jueces de inmigración “no son funcionarios administrativos porque ellos actúan como jueces reuniendo hechos de testigos y documentos, y aplicando esos hechos a las leyes, reglamentos, precedentes y decisiones existentes en la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)”.

El fallo, fechado el 31 de julio y conocido este lunes, confirma una decisión previa de la FLRA del año 2000, rechazando un intento anterior de descertificar el sindicato basado en reclamos casi idénticos presentados también por parte del Departamento de Justicia.

"Estamos extremadamente satisfechos con el director regional por la cuidadosa y exhaustiva decisión que reconoce la verdad de nuestra vida cotidiana en la corte”, dijo Ashley Tabaddor, presidenta de la NAIJ y que ejerce como jueza de inmigración en California.

"Con el público enfrentando una crisis de salud y desesperado por la seguridad de la corte, el Departamento de Justicia y la Corte de Inmigración (EOIR) han concentrado recursos limitados en litigar un asunto ya decidido hace dos décadas”, agregó.

“Es hora de abandonar esta acción de descertificación y otros esfuerzos para silenciar a los jueces y, en cambio, centrarse en el importante trabajo de nuestros tribunales", apuntó.


Decisión clave

“Esta decisión es extremadamente importante para nuestro sindicato, porque es solo con la protección de ser un sindicato que hemos tenido la libertad de hablar con la prensa y con el público sobre lo que ocurre detrás de escena en la corte de inmigración”, dijo a Univision Noticias Dana Marks, presidenta honoraria de la NAIJ.

“También permite que nuestro sindicato continúe nuestro trabajo protegiendo a los jueces de inmigración de presiones políticas inadecuadas que dirigen el resultado de los casos que tenemos ante nosotros, y nos permite hablar en voz alta para proteger la salud y la seguridad de los jueces, nuestros compañeros de trabajo y el público durante la pandemia”, agregó.

Marks dijo además que “la decisión determinó que la posición de los jueces de inmigración era importante, pero que este hecho no significaba que éramos funcionarios administrativos que establecieron políticas para el Departamento de Justicia”.

“La decisión enfatizó el papel judicial tradicional que desempeñamos, lo que significa que aplicamos la ley existente a los casos que se nos presentan y no tomamos decisiones políticas”, precisó.

La jueza indicó además que “esta distinción es crucial porque nos permite existir como sindicato en lugar de que se nos impida hacerlo, como argumentó el Gobierno. Estamos muy satisfechos con el análisis cuidadoso y bien razonado utilizado para llegar a esta conclusión. Sin embargo, el Departamento de Justicia tiene 60 días para presentar una apelación y creemos que lo harán, a pesar de que esta es la segunda vez que sus argumentos a este respecto han fallado”, indicó.

"Otro ataque del gobierno"

En agosto del año pasado, el Departamento de Justicia presentó una petición a la FLRA solicitando que determine si se debería revocar la certificación del sindicato porque sus miembros son considerados "funcionarios administrativos" no elegibles para organizarse colectivamente.

A diferencia de otros jueces federales que forman parte de la rama judicial, los jueces de inmigración son nombrados por el fiscal general y son empleados del Departamento de Justicia.

Pero el esfuerzo emprendido por el gobierno para dejar sin voz a los jueces de inmigración de inmediato fue cuestionado por abogados del gremio.

“Este es otro ataque del gobierno contra la independencia del tribunal de inmigración”, dijo en esa ocasión Víctor Nieblas, un expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “El gobierno está tratando de silenciar las voces sindicales de los jueces de inmigración, entidad que expresa las preocupaciones de ellos para promover una operación más eficiente del sistema judicial”.

En octubre, dos meses después del pedido para desbaratar el sindicado, un grupo de 80 congresistas, todos demócratas, pidieron al fiscal general, William Bar, que suspendiera las acciones emprendidas por el DOJ con el propósito de descertificar la NAIJ.

“Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación y oposición a la petición que presentó el 19 de agosto, tratando de descertificar el trabajo de la NAIJ”, dijo el grupo en una carta.

El pedido de cancelación del sindicato buscó aplastar los derechos de negociación colectiva de los jueces de inmigración y formó parte de “una de las muchas acciones que ha tomado el DOJ para socavar sistemáticamente la independencia de los jueces de inmigración y la integridad del sistema judicial”, indicó la misiva.


Piden crear un tribunal independiente

Tras la decisión de la FLRA, el sindicato de jueces de inmigración insistió en el pedido de un tribunal independiente y no que opere bajo lineamientos y presiones del gobierno.

“Al defender el derecho de los jueces a formar un sindicato, la FLRA examinó a fondo los deberes y responsabilidades de los jueces de inmigración y encontró que los deberes diarios y el trabajo de los jueces de inmigración no ha cambiado desde la fallida petición del EOIR hecha en el año 2000”, dijo la presidenta de la NAIJ.

Según Tabaddor, "los esfuerzos del Departamento de Justicia para descertificar al sindicato demuestran, una vez más, la falla estructural de tener al tribunal de inmigración alojado en una agencia de aplicación de la ley como el Departamento de Justicia” y que la única solución duradera “es la creación de un tribunal de inmigración independiente".

Para preservar la independencia judicial y proporcionar justicia a todos los litigantes, la NAIJ aboga por el establecimiento de tribunales de inmigración en virtud del artículo 1 de la Constitución. Es decir, una corte similar a los tribunales de bancarrota y los tribunales fiscales.

En enero, la mayoría de los 471 miembros de la NAIJ había señalado que los planes del gobierno para descertificar el sindicato eran “desalentadores”.

“Esta acción emprendida por el Departamento de Justicia es un intento equivocado de silenciar a los jueces de Inmigración que han criticado las prácticas de gestión y las invasiones en la independencia judicial que han aumentado dramáticamente en los últimos años”, dijo Marks.

De acuerdo con datos de la EOIR a los cuales Univision Noticias tuvo acceso, al término del tercer cuarto del año fiscal 2020, la Corte de Inmigración tenía acumulados 1,206,369 casos.

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