El Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) retiró el viernes de la lista de casos pendientes un proceso iniciado en 2019 por el entonces gobierno de Donald Trump, dirigido a poner fin al Acuerdo Judicial Flores de 1997, política que protege y regula el trato que el gobierno federal debe dar a los niños migrantes detenidos en la frontera.
Gobierno retira proceso iniciado por Trump para eliminar protección a niños migrantes
El Departamento de Salud y Recursos Humanos retiró el viernes de la lista de casos pendientes un proceso iniciado en 2019 por el entonces gobierno de Donald Trump dirigido a eliminar el Acuerdo Judicial Flores de 1997, política que protege y regula el trato que el gobierno federal debe dar a los niños migrantes detenidos en la frontera.
Por:Jorge Cancino
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Un reporte de la cadena de noticias CBS publicado el sábado detalló que la decisión fue tomada en respuesta a múltiples presiones por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, quienes exigieron el término de los intentos por desaparecer unilateralmente el Acuerdo.
El sitio de CBS indicó que el gobierno eliminó de la lista de regulaciones ( Office of Information and regulatory Affairs, Office of Management and Budget) pautada para el otoño de la regla elaborada por el gobierno anterior y de esa forma mantener vigente el Acuerdo Flores.
Trump, bajo el marco de su política migratoria de 'tolerancia cero', intentó en vano deshacerse del Acuerdo y tener manos libres para deportar aceleradamente a menores de edad detenidos cuando llegaban en busca de asilo.
Para el exmandatario, el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley de Prevención de Tráfico Humano (TVPRA) se trataban de “vacíos legales” que los inmigrantes utilizaban para burlar el sistema de asilo, postura que fue rechazada tanto por los tribunales de justicia como por defensores de los derechos de los inmigrantes.
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Nueva regla en camino
Fuentes familiarizadas con el tema y que hablaron con CBS, dijeron que la decisión de abandonar el esfuerzo de cancelación “se produjo después de meses de debate interno”. Y que el gobierno trabaja sus propias reglas para aprobar una nueva política acorde con los principios estipulados por Biden en cuando tomó posesión de la Casa Blanca en enero, de respetar el debido proceso y tratar a los inmigrates de manera humana y digna.
Una estrategia similar está utilizando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el Programa de Protección del Migrante (MPP), también conocido como ‘Quédate en México’. En febrero el gobierno lo canceló, pero en agosto un juez federal de Texas ordenó que sea reinstalado en respuesta a una demanda presentada por los estados de Texas y Missouri.
El programa fue restablecido la semana pasada luego que los gobiernos de Estados Unidos y México alcanzaran un acuerdo. Pero el DHS reiteró que seguirá trabajando en un nuevo reglamento para cancelarlo una vez logre poner fin a la demanda que lo mantiene vivo por el momento.
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Batalla jurídica
El 2019 el gobierno de Trump anunció que podría fin al Acuerdo Judicial Flores de 1997 y publicó dos regulaciones para reemplazar los protocolos existentes y que norman el trato que deben recibir los inmigrantes menores de edad.
Las cortes inferiores detuvieron los planes del exmandatario y en diciembre del año pasado un panel de la Corte de Apelaciones del 9 Circuito confirmo la sentencia en contra de las nuevas regulaciones, que entre otras medidas habría permitido la detención indefinida de familias mientras se procesaban sus casos de asilo en la Corte de Inmigración, una espera que puede tardar años.
Sin embargo, el fallo dio vía libre para que el gobierno implementar las regulaciones publicadas por el Departamento de Salud y Recursos Humanos, encargado de operar los centros donde son enviados los Menores No Acompañados (UAC) detenidos en la frontera.
A mediados de año el gobierno dijo que tenía la intención de seguir implementando las reglas del HHS, pero ahora que dispuso eliminar el proceso iniciado por el gobierno anterior, cobre plena vigencia el Acuerdo Judicial Flores.
El último fallo
A finales de junio la corte de Distrito para el Distrito Central de California ordenó al DHS que “aplique” el Acuerdo Judicial Flores de 1997 a los menores detenidos en hoteles durante unos días a la espera de ser deportados bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos.
El Acuerdo fue alcanzado hace 24 años y norma el trato que las autoridades federales deben darle a los menores de edad detenidos en las fronteras.
La orden judicial fue desafiada durante el gobierno de Barack Obama durante el comienzo de la crisis fronteriza de 2014 y atacada frontalmente durante los cuatro años del gobierno de Trump, pero a pesar de ello no ha perdido su fuerza.
En el fallo de 27 páginas, la corte del Distrito Central de California aclaró el alcance del Acuerdo y los procedimientos llevados a cabo por el gobierno durante la detención, procesamiento y deportación de ciertos inmigrantes menores de edad.
La duda judicial asomó durante la pandemia. El gobierno argumentó que debido a la emergencia de salud pública que llevó al cierre de las fronteras y la implantación del Título 42 del Código de Estados Unidos, la autoridad que determina el futuro de los menores detenidos son los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC).
La Corte rechazó este argumento indicando que el Acuerdo Flores determina que la autoridad de su aplicación descansa en el DHS y que, a pesar de la pandemia, el Acuerdo no ha sido modificado. Por lo tanto, es el DHS quien debe aplicarlo y cumplirlo.
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El Acuerdo Flores de 1997
El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos.
La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del INS) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.
La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia, bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a "terceros”.
Tras conocerse el caso, el Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL) presentó ese mismo año una demanda para evitar que Flores y otros menores como ella fueran privados de libertad y que el gobierno abusara de su autoridad. Además, exigía que se respetaran sus derechos considerando además que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil no criminal.
La demanda
La demanda cuestionó la política que implementaba el INS en la frontera “para condicionar la liberación de menores” a sus padres o tutores legales, los interrogatorios, los procedimientos de deportación empleados en aquellos años, el sistema de fianzas y la entrega de los menores arrestados a padres o tutores que se encuentran en Estados Unidos.
La querella también argumentó que el INS colocaba regularmente a personas menores de edad bajo arresto administrativo y eran encarcelados hasta que los procedimientos judiciales concluyeran, un proceso que podía tomar varios años.
El grupo de derechos civiles pidió a la corte otorgar a los menores migrantes derecho a libertad bajo fianza mientras se llevan a cabo los procedimientos de deportación.
El CHRCL, además, alegó que el gobierno había implementado una política para encarcelar indefinidamente a menores que nunca se publicó en el Registro Federal de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, y que los menores que estaban siendo detenidos indefinidamente eran acusados o condenados sin que hallan cometido delito alguno.
Indicó también que el objetivo de la demanda era garantizar el bienestar de los menores detenidos, independientemente de qué tan calificados estuvieran sus padres, familiares o amigos que puedan hacerse cargo de sus custodias.
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El acuerdo
En 1997 y tras 12 años de litigios, incluida la Corte Suprema de Justicia, se alcanzó la resolución final que obligó al gobierno federal a revisar sus políticas de detención de menores en la frontera, crear entornos menos restrictivos e implementar estándares apropiados.
Informes del Inspector General del Departamento de Justicia denunciaron posteriormente que el INS no cumplió de inmediato los términos del acuerdo.
Diecisiete años más tarde, en junio de 2014, Obama reconoció la existencia de una crisis en la frontera tras la llegada, en lo que iba del año fiscal, de más de 40,000 menores no acompañados y un número similar de unidades familiares, quienes habían sido detenidos por la Patrulla Fronteriza cuando intentaban ingresar ilegalmente al país.
La mayoría de los migrantes, originarios del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) huían de sus países a causa de la violencia y la pobreza para buscar asilo en Estados Unidos.
La oleada, que había sido advertida un año antes por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mostró la escasa capacidad de respuesta del gobierno federal para encarar la crisis y procesar a los migrantes, sobre todo a menores de edad.
El mal manejo de los procesos obligó a la ACLU a demandar al gobierno por violar los términos del Acuerdo.
