Gobierno extiende validez de permisos de trabajo a 5 años y lanza nuevo plan fronterizo
La Casa Blanca anunció un paquete de nuevas medidas en respuesta al aumento en el número de inmigrantes que se están entregando o siendo detenidos en la frontera con México, situación que preocupa tanto a las autoridades estatales como federales.
El incremento en el tráfico de migrantes reportado desde México, así como el aumento en el número de arrestos en puertos fronterizos y entre puertos fronterizos autorizados, además de un incremento que bordea el 30% en el número de casos de asilo en la Corte de Inmigración (EOIR), amenazan con poner en serios aprietos la capacidad de respuesta del gobierno de Biden para lidiar con el problema.
La nueva estrategia publicada el jueves incluye nuevas medidas que van desde un aumento de la vigilancia en la frontera hasta la creación de nuevos espacios de detención de indocumentados, acelerar las deportaciones de extranjeros que no tienen una causa legal para permanecer en el país y acelerar los procesamientos de permisos de trabajo de aquellos a quienes se les ha permitido entrar y califican para programas legales vigentes.
Estas son las claves del nuevo plan
El nuevo programa de la Casa Blanca se basa en tres áreas:
- Aumentar la vigilancia en la frontera con México;
- Acelerar el procesamiento de autorizaciones de empleo o permisos de trabajo (EAD); y
- Mover la fecha de registro (re-designar) y extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela.
En cuanto al TPS de Venezuela, el plan indica que fue modificado en “consideración de las condiciones, y debido a las condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela que impiden que las personas regresen de manera segura” a su país.
Por qué el nuevo plan
El gobierno reconoce que la promesa de una reforma migratoria en el primer año de mandato de Biden fracasó y culpa al Congreso, instancia que no actúa para llevar a cabo un cambio en las leyes de inmigración que solucionen el problema de los indocumentados y modernice el sistema de inmigración legal.
El estancamiento legislativo, que impacta en los planea para incrementar la seguridad fronteriza y aumentar la capacidad de respuesta para hacer frente a las oleadas migratorias, “la Administración ha estado utilizando las limitadas herramientas que tiene disponibles para asegurar la frontera y construir un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano, mientras lidera la mayor expansión de vías legales para la inmigración en décadas”, se lee en el documento.
Cuánto pide Biden para la seguridad fronteriza
El plan de vigilancia fronteriza insta al Congreso a aprobar con urgencia una solicitud de financiación suplementaria de $4,000 millones. Los recursos serán utilizados para “aborda las necesidades inmediatas del DHS para administrar de manera segura y humana la frontera suroeste y continuar implementando nuestras leyes de inmigración a través de la expansión de vías legales y haciendo cumplir las consecuencias para quienes no las usan”.
Eso significa seguir adelante con los planes de expulsar (deportar) de manera expedita a todos aquellos extranjeros que no tienen una vía legal para permanecer en Estados Unidos, al tiempo de seguir implementando los programas de parole humanitario, reunificación familias por medio del formulario I-130 y citas a través de la aplicación CBP One.
El gobierno también defiende el programa de centros regionales de procesamiento anunciados en abril para quitar la presión en la frontera con México y trasladarla al sur de México.
Apoyo a ONG’s que atienden inmigrantes
El documento revela que el DHS ha asignado a la fecha “más de $770 millones a 69 organizaciones asociadas en el Año Fiscal 2023 para apoyar a las comunidades que reciben migrantes, tanto en la región fronteriza suroeste como en el interior del país, a través del Programa de Refugio y Servicios (SSP) y el Programa de Refugio y Alimentos de Emergencia–Humanitario (EFSP-H).
El gobierno también pide al Congreso considerar en el presupuesto fondos para mantener esta ayuda.
Combate al tráfico de indocumentado
La Casa Blanca menciona como pieza esencial en el manejo de la emergencia la lucha “contra los contrabandistas” de personas. Y señala que el DHS continúa intensificando las tareas para identificar y detener el contrabando de personas y narcóticos, y “procesando a un número cada vez mayor de coyotes, así como de extranjeros que violan nuestras leyes”.
El balance hasta ahora señala que, desde abril de 2022 hasta el 12 de septiembre de 2023:
- La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (CBP) y la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) arrestaron a casi 17,000 presuntos traficantes de personas;
- Confiscaron más de $51 millones en propiedades y casi $13 millones en dinero efectivo;
- Se han presentado más de 2,000 acusaciones y dictado más de 1,500 condenas en colaboración con los fiscales estadounidenses;
- La Patrulla Fronteriza ha remitido a 9,904 personas para su procesamiento entre el 12 de mayo y el 14 de septiembre de 2023.
Otras acciones judiciales
El plan agrega:
- El Departamento de Justicia (DOJ) está procesando a quienes traen, albergan o transportan inmigrantes ilegalmente;
- También se están procesando miles de casos de reingreso por delitos graves;
- Se trabaja para destinar recursos procesales adicionales a delitos de inmigración.
Asimismo, la Casa Blanca anunció:
- Despliegue de personal militar adicional (800 efectivos de la Guardia Nacional) para apoyar los esfuerzos fronterizos, quienes se suman a los 2,500 efectivos ya estacionados en la zona fronteriza.
- El DHS cuenta con 24,000 agentes y oficiales a lo largo de la frontera sur y a más de 2,600 personas adicionales no uniformadas contratadas para ayudar en el procesamiento.
- Desde el 12 de mayo se cuenta con el apoyo de 500 voluntarios para complementar las operaciones de seguridad fronteriza de la CBP.
Deportaciones aceleradas de indocumentados
El gobierno reitera la vigencia y aplicación del Título 8 de la ley de Inmigración que permite la deportación acelerada o expedita de extranjeros indocumentados que no tienen una razón legal para permanecer en el país. Bajo esta herramienta, el gobierno también anunció la ampliación a nivel nacional del Programa de Gestión de Deportación Acelerada de Familias (FERM), para que las familias inmigrates que no tienen una base legal para permanecer “sean expulsadas rápidamente”.
“Según este proceso, las familias son sometidas a procedimientos de expulsión acelerados que se llevarán a cabo dentro de los 30 días. Este programa se lanzó en mayo y ha procesado a más de 1,600 familias y seguirá ampliándose significativamente”, puntualiza el plan.
Más cárceles para indocumentados
Además de aumentar la vigilancia en la frontera y acelerar las deportaciones, incluso de familias, la estrategia agrega el aumento de la capacidad del DHS para “retener y procesar” a extranjeros indocumentados.
Explica que el ministerio “ha ampliado su capacidad para albergar a 3,250 personas adicionales en sus instalaciones, para una capacidad de CBP de casi 23.000” diarios.
El DHS confirma que desde el 12 de mayo “hemos procesado a 110,000 personas para su deportación acelerada y hemos completado un promedio de 4,000 casos de miedo creíble cada semana, el doble del máximo anterior”.
También, desde el 12 de mayo, tras la cancelación del Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC), el gobierno:
- Ha deportado o devuelto a más de 253,000 extranjeros a 152 países;
- Durante el mismo período en 2019 fueron deportados 180,000.
- Entre los deportados se incluye 36,000 familiares encontrados en la frontera suroeste.
Acelerar proceso de permisos de trabajo
En cuanto a los permisos de trabajo (EAD) por parte de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), la Casa Blanca dijo que se estaban acelerando los procesos, pero advirtió que “sólo el Congreso puede cambiar la ley para permitir que los solicitantes de asilo obtengan autorización de trabajo antes de seis meses después de presentar su solicitud. Ahora mismo, seis meses es la ley”, apuntó.
Sin embargo, indicó que a partir del 1 de octubre de este año:
- USCIS acelerará el procesamiento de solicitudes de Documento de Autorización de Empleo (EAD) presentadas por personas en libertad condicional que programaron una cita a través de CBP One, quienes, a diferencia de los solicitantes de asilo, pueden solicitar autorización de trabajo de inmediato;
- El servicio de inmigración asignará personal adicional e implementará mejoras para reducir el tiempo medio de procesamiento de estas solicitudes de 90 días a 30 días;
- La agencia federal también trabajará para reducir a 30 días los tiempos medios de procesamiento para las solicitudes de EAD asociadas con los procesos de libertad condicional de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Extiende validez de permisos de trabajo
Además de reducir el tiempo de procesamiento de los permisos de trabajo, la Casa Blanca anunció que USCIS “aumentará el período máximo de validez de los EAD iniciales y de renovación a 5 años para ciertos no ciudadanos, entre ellos:
- Aquellos admitidos como refugiados o a los que se les ha concedido asilo;
- Destinatarios de retención de expulsión; y
- Solicitantes de asilo, ajuste de estatus o cancelación de expulsión (deportación).
“El aumento del período de validez reducirá la frecuencia con la que los no ciudadanos deben solicitar la renovación de su autorización de trabajo”, precisa el plan. Y agrega que “se prevé que esto también reducirá la carga de trabajo asociada y los tiempos de procesamiento, lo que permitirá a USCIS concentrar esfuerzos en el número de casos de autorización de trabajo inicial”.
En cuanto a aquellos extranjeros que ya son elegibles para trabajar, “estamos tomando medidas para acelerar el procesamiento de la autorización de empleo”, señala la estrategia.
Son elegibles para un permiso de trabajo:
- Las personas que obtienen permiso para ingresar los Estados Unidos después de hacer una cita a través de la aplicación móvil CBP One;
- Los procesos de permiso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos por hasta dos años (parole humanitario); y
- Aquellos que han solicitado el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Llamado de atención
Si bien la mayoría de los inmigrantes que ingresan a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One o bajo los recientes programas humanitarios anunciados en enero y abril por la Casa Blanca, el gobierno advierte que “solo un pequeño porcentaje de personas en edad de trabajar que recibieron libertad condicional han solicitado autorizaciones de empleo”.
“Para crear conciencia, el gobierno ha estado enviando notificaciones por correo electrónico y SMS a ciertas personas en libertad condicional, incluidos aquellos que han obtenido la libertad condicional en Estados Unidos después del uso de la aplicación CBP One, informándoles en todo el país de su elegibilidad para solicitar autorización de empleo”, indica.
La Casa Blanca agregó que el servicio de inmigración “está reforzando ese esfuerzo con personal en el terreno” y que hasta la fecha la USCIS ha enviado más de 1,4 millones de notificaciones por correo electrónico y mensajes de texto en inglés, español, criollo haitiano, ucraniano y ruso.
El plan también incluye el envío de 50 personas a Nueva York este mes “para educar a los inmigrantes recién llegados sobre el sistema de inmigración y cómo solicitar documentos de autorización de empleo”.