Gobierno alista centros de inmigración familiares para procesamientos acelerados
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se prepara para convertir los centros de detención de inmigrantes ubicados en el sur de Texas en centros de procesamiento rápido. De esa forma, el gobierno de Joe Biden cumplirá con mandatos judiciales y legales que regulan la detención de menores no acompañados en la frontera y también de grupos familiares.
El diario The Washington Post reportó este jueves haber visto planos en un borrador del DHS. Indicó que la estrategia es convertir los actuales centros de detención en lugares al estilo de Ellis Island, en Nueva York, donde se procesarán a padres e hijos migrantes con el objetivo de liberarlos en Estados Unidos dentro de un plazo de 72 horas.
Los plazos para la detención, procesamiento y liberación de menores y/o familias se encuentran estipulados en el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008 (Ley de Prevención sobre Tráfico Humano), que durante el gobierno de Trump fueron desplazadas con la implementación de la política de ‘tolerancia cero’.
El Acuerdo Judicial Flores estipula que el gobierno debe procurar el respeto de la dignidad y los derechos humanos de los niños migrantes, informarles de sus derechos, brindarles atención y cuidados adecuados, y permitir que naveguen por el debido proceso migratorio.
El acuerdo señala, además, plazos para avanzar en el proceso, entre ellos no más de 72 horas en manos de la Patrulla Fronteriza (tanto a menores como familias) y no más de 20 días cuando son enviados al cuidado de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) o liberados con familiares para que continúen con sus procesos migratorios en los tribunales de inmigración.
Crisis versus desafío
Tras la llegada a la Casa Blanca el 20 de enero, Biden enfrenta un duro reto en la frontera luego de revertir ciertas políticas dictadas por Trump, la promesa de una reforma migratoria y la apertura de la primera fase de unos 25,000 casos activos de inmigrantes que pidieron asilo y fueron regresados a México bajo el Programa de Protección del Migrante (MPP).
Los principales problemas detectados hasta ahora son la falta de infraestructura para procesar y conducir dentro del debido proceso migratorio a los centenares de inmigrantes que siguen llegando, aquellos que esperaban en la cola para una audiencia en los tribunales y quienes permanecen detenidos en centros de detención.
A su vez, el gobierno enfrenta un atasco histórico en la Corte de Inmigración (EOIR) con más de 1.3 millones de casos acumulados que manejan alrededor de 500 jueces. Un reciente informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, indica que en promedio cada caso puede demorar hasta 2.3 años en ser resuelto sin agregar casos nuevos al sistema.
La administración de Biden enfrenta un "desafío" en la frontera, no una crisis, ha dicho el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, de acuerdo con el Post. A su vez, el presidente Biden escribió en junio en su cuenta de la red social Twitter en junio
Que “los niños deben ser liberados de la detención de ICE con sus padres de inmediato. Esto es bastante simple, y no puedo creer que tenga que decirlo: las familias pertenecen juntas".
La postura de Biden el año pasado forma parte de una de sus promesas ce campaña dentro del plan de revertir la política migratoria de Trump.
La crisis nunca terminó
Abogados consultados por Univision Noticias advierten que la crisis que se vive en la frontera no es nueva ni tampoco de desató con la llegada de Biden a la Casa Blanca.
“Es una pregunta difícil. Pero lo cierto es que la crisis en la frontera sur de nuestro país nunca se terminó, siempre ha existido, por lo menos desde 2013. No se habló mucho de eso en los últimos cuatro años porque la frontera estaba cerrada por las políticas de Trump”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.
“Ya uno no se acuerda de los problemas que había a principios de 2017. Esos problemas han existido antes. La diferencia está que con este nuevo gobierno hay esperanza de que la gente va a poder entrar. Hay mucho entusiasmo, pero también muchos piensan que encendieron la luz y que quienes vengan van a lograr el asilo. Pero no es así. Es una ilusión entre el entusiasmo de muchos y la burocracia, que es muy lenta para actuar en el marco del debido proceso”, agrega.
Velásquez explica además que “el gobierno no tiene la capacidad de respuesta para responder a la crisis y al debido proceso. Y a esto se agrega el problema de las 11 millones de personas indocumentadas que están aquí y la pandemia del coronavirus.
El sistema no puede responder tan rápido como muchos esperan”.
Cuestión de tiempo
Aunque en las primeras seis semanas Biden ha revertido una gran parte de las políticas migratorias de Trump en la frontera, todavía falta la emisión de reglamentos que normarán la participación de las diversas agencias que participan en el debido proceso migratorio.
“Aunque ya se hayan restaurado los derechos que tenían los asilados, que databan de hace muchos años, el daño hecho por Trump es bastante grande, pero no es posible actuar con rapidez porque se desarmó la estructura que existía hasta (Barack) Obama, la que permitía cumplir con el Acuerdo Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008”, dice Velásquez.
La abogada dijo además que “hay criticas y habrá más en los días venideros. Biden se metió en una ‘camisa de 11 varas’ para llevar todo hacia la normalidad, pero eso requerirá de tiempo. No se puede hacer todo tan rápido. Y también debemos considerar que primero están los asuntos de casa y luego los que están fuera”.
“El presidente heredó un escenario de pesadilla. Esto no se va a reparar tan pronto, pero comenzó a hacerlo”, indicó.
Para Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California), la reversión de la política migratoria de Trump es “aplaudible” y al hacerlo recupera su lugar el Acuerdo Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008.
“Al hacerlo vemos que en los últimos cuatro años la estructura de inmigración se preparó para negar servicios y deportar. Ahora hay que hacerla de nuevo para seguir las indicaciones de la ley y respetar el debido proceso”, apuntó.
“Tengo varios clientes que han sido liberados y siguen sus procesos con familiares. La principal diferencia es que ahora hay proceso, antes había detención y deportación. Y si hay demoras, las entendemos. Han aumentado los números, no existe suficiente capacidad para procesarlos y el covid-19. Pero estamos viendo que el debido proceso está funcionando. Eso es lo más importante”, puntualizó.
La postura de Trump
El domingo, en el cierre de la Conferencia Conservadora de Acción Política (CPAC), el expresidente Trump reapareció para dar un discurso en el que defendió su política migratoria y cuestionó la de Biden.
“Le tomó a la nueva administración solo unas pocas semanas para convertir este logro sin precedentes (sus reformas restrictivas en la frontera que atacaron tanto la inmigración legal como indocumentada) en un desastre humanitario y de seguridad nacional autoinfligido al eliminar imprudentemente de nuestra frontera las medidas de seguridad, los controles, todas las cosas que implementamos”.
Trump señaló además que “Biden ha provocado una avalancha masiva de inmigración ilegal en nuestro país como nunca antes habíamos visto. Están subiendo por decenas de miles. Todos vienen para aprovechar las cosas que él dijo y que están atrayendo a todos a venir a Estados Unidos”.
Lo que no dijo Trump fue que en sus cuatro años en la Casa Blanca se emitieron más de 4,000 ordenes y memorandos que cambiaron la interpretación de las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso acomodando el sistema imperante a su política antinmigrante.
Abogados consultados por Univision Noticias coindicen en que bajo Trump se bloqueó el debido proceso y se ocultó la vigencia del Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008, causando daños severos al debido proceso migratorio.
Para Trump ambas regulaciones fueron consideradas como “lagunas” o “vacíos” que se anteponían a su política en la frontera, pero el Congreso se resistió a eliminarlas, incluso cuando ambas cámaras estaban bajo control republicano.
“Ahora recobraron su valor y su peso”, dice Gálvez. “Vamos en la dirección de respetar los derechos de los inmigrantes”, concluyó.
