Florida endurece su política migratoria y busca criminalizar y castigar ingreso indocumentado

Nueve meses después de firmar una orden ejecutiva que endureció la política migratoria para perseguir la inmigración indocumentada, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio un paso más y solicitó el nombramiento de un jurado estatal para investigar y castigar el tráfico de personas, sea este personal o a través de organizaciones criminales.
De conformarse, la instancia podría colocar en el banquillo de los acusados a padres que traen a sus hijos de manera indocumentada al país a efecto de reunificar la familia. “Todo dependerá de lo que ese jurado especial investigue y recomiende. Y es posible que ese padre sea acusado criminalmente”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
Sin embargo, Guerrero recordó que el ingreso indocumentado constituye una falta de carácter civil no criminal “e incluso contempla un perdón si se comete esta violación”.
Para algunos activistas, el tema es un asunto político faltando unos cuántos meses para las elecciones de medio término y DeSantis busca un segundo mandato como gobernador de Florida.
“Es pura demagogia”, dice María Bilbao, coordinadora de campañas del American Friends Service Committee. “Lo hace para agitar a la base más extremista de su partido (republicano) y ganar la elección” (del primer martes de noviembre).
Bilbao dijo además que “todo esto al final del día se peleará en las cortes, es una pérdida de dinero para los contribuyentes. Pura demagogia. Es la tolerancia cero del expresidente Donald Trump. Lo malo es el peligro y el daño que todo esto causa. Es terrible”.
La solicitud para crear un jurado estatal de instrucción se basa en la orden ejecutiva 21-223 que DeSantis promulgó a finales de septiembre del año pasado, decreto que según el gobernador tiene como objetivo hacer frente a la crisis fronteriza desatada por el presidente Joe Biden en la frontera con México.
Lo que no dice DeSantis es que Biden, desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, ha ido desarmando la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Trump que afectó severamente el debido proceso y la política de asilo. Y que lo actuado por el gobierno de Biden es en base a lo que dicta la Ley de Inmigración vigente.
Estas son las claves de las instrucciones adicionales tomadas por DeSantis el 17 de junio.