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Inmigrantes indocumentados

Cuestionan leyes santuario: indocumentado liberado en California vuelve a ser arrestado por ataque con machete

La agencia federal ICE confirmó a Noticias Univision 14 que Marco Antonio Ayapan-jocop, quien fue detenido esta semana por amenazar de muerte al nuevo novio de su expareja, es un indocumentado de origen guatemalteco que había sido arrestado en el pasado por un delito sexual. En ese entonces, las autoridades del condado de San Mateo rechazaron una petición de ICE para retener al sospechoso debido a las leyes santuario de California.
18 Abr 2019 – 7:35 PM EDT

En medio del álgido debate sobre las políticas santuario en California la historia se repite: un indocumentado con antecedentes penales en la bahía de San Francisco es devuelto a las calles tras ser arrestado; meses más tarde, termina de nuevo en prisión por un crimen violento. Los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) aseguran que estos casos siguen ocurriendo debido a las leyes estatales que “protegen a criminales convictos” y "ponen en riesgo a la comunidad".

En esta ocasión ICE se refiere al caso de un hombre hispano al que el Sheriff del condado de San Mateo identificó como Marco Antonio Ayapan-Jocop, de 40 años, quien este jueves en una corte local se declaró no culpable de cuatro cargos por crímenes violentos y de otro más por un delito menor: las autoridades lo acusan de asalto con un arma letal, agresión física y realizar amenazas de muerte, así como poner en peligro la integridad de un menor de edad. Los fiscales del condado dijeron que el lunes pasado el sospechoso blandió un machete contra su exnovia y la nueva pareja de la mujer, en un complejo de departamentos de Redwood City. Cuando arremetió contra ellos, amenazando de muerte a una de las víctimas, su hijo de 7 años estaba presente.

Incidentes como éste traen a la mente casos como el de 2017 en San Francisco que involucró al indocumentado mexicano Juan Francisco López Sánchez, quien tras un juicio que generó gran cobertura mediática a nivel nacional, finalmente fue absuelto por la muerte de Kate Steinle. También está el ocurrido en marzo de este año en San José con el inmigrante salvadoreño Carlos Eduardo Arévalo Carranza, a quien las autoridades locales acusan de apuñalar hasta la muerte a Bambi Larson en la recámara de su casa.

La agencia de inmigración ICE le confirmó a Noticias Univision 14 que Marco Antonio Ayapan-Jocop es un indocumentado guatemalteco que tiene una orden de deportación en su contra, además de contar con un historial delictivo que incluyó un caso de agresión sexual que fue tratado como delito menor. El primer encuentro del sospechoso con ICE se remonta al 27 de febrero de 2013. En ese entonces, bajo la política conocida como 'catch and release', fue arrestado por agentes federales y luego puesto en libertad con una notificación para presentarse ante un juez de inmigración.

En agosto de 2014, luego de no presentarse a su audiencia migratoria, un juez federal ordenó que fuera expulsado de Estados Unidos a su natal Guatemala, algo que nunca ocurrió. Ayapan-Jocop volvió a aparecer en el radar de ICE en septiembre del año pasado, cuando los agentes migratorios presentaron una orden para su retención en la cárcel del condado de San Mateo, donde el indocumentado había caído preso bajo cargos de agresión sexual, sin embargo, esa petición fue rechazada.

“Las leyes santuario de California impiden que las agencias del orden locales contacten a ICE cuando están por liberar a extranjeros deportables. La reaprehensión de Ayapan-Jocop es otro ejemplo desafortunado de cómo el público resulta afectado de manera negativa por las leyes estatales que protegen a criminales convictos sin darle importancia a las víctimas”, señaló ICE a través de un comunicado.

Steve Wagstaffe, fiscal de distrito del condado San Mateo, le confirmó a Noticias Univision 14 que Ayapan-Jocop sí cuenta con antecedentes penales, pero que en su mayoría son delitos menores relacionados con el consumo de alcohol y que nunca tuvieron indicios de que el guatemalteco tuviera el perfil de un criminal violento. “En el condado de San Mateo nos apegamos a la ley estatal SB 54, que indica que nuestro alguacil no puede contactar de manera directa a ICE o apoyarlos en ninguno de sus esfuerzos. Sin embargo, a diferencia de otros condados, sí le permitimos a ICE saber a quiénes tenemos en custodia en nuestras cárceles para que les presenten órdenes de retención”, señaló.

El fiscal agregó que el rechazo a la petición para retener a Ayapan-Jocop que las autoridades de Inmigración presentaron el año pasado, se debió a que el sospechoso estaba bajo custodia por un cargo relacionado con un delito menor.

“Si se hubiera tratado de una felonía, sería otra historia, pero no fue así (…) Para nosotros la seguridad pública es una prioridad y nos aseguramos de que los criminales violentos no sean puestos de vuelta en las comunidades sin que ICE tenga la oportunidad de arrestarlos. Esa creemos que es la interpretación correcta de la ley SB 54”, indicó el fiscal.

El debate sobre las políticas santuario

El fiscal Wagstaffe es enfático al diferenciar al condado de San Mateo de sus vecinos. “No somos como el condado de Santa Clara ni como el condado de San Francisco, nosotros tenemos una política que es distinta. Se que San José y Santa Clara tienen que revisar sus políticas (santuario)”, dijo en referencia al debate que está abierto en el condado de Santa Clara luego del homicidio de Bambi Larson a manos de un inmigrante indocumentado. Y es que las medidas santuario vigentes en ese condado, son aún más limitantes que la ley estatal SB 54.

Pero gracias a casos como el de Ayapan-Jocop y al de Arévalo Carranza, estas medidas pronto podrían cambiar. La semana pasada los supervisores del condado de Santa Clara abrieron la posibilidad de relajar las políticas santuario que impiden la colaboración entre las agencias del orden locales y ICE. En una maratónica reunión, que se extendió por siete horas y en la que hablaron casi 200 personas, los supervisores votaron 4-1 en favor de explorar una posible enmienda que les permita a los departamentos de Policía y a la oficina del Sheriff informar a los Servicios de Imigración y Aduanas (ICE) sobre la liberación inminente de indocumentados que hayan cometido crímenes violentos.

El resultado de la votación no significa que habrá cambios inmediatos a las políticas vigentes en el condado, sino que abre la oportunidad para que las autoridades exploren potenciales modificaciones para una cooperación limitada entre autoridades locales y federales. Un comité del condado, en conjunto con los supervisores y las agencias del orden, tendrán 60 días para analizar el método más efectivo que les permita a las agencias del orden entrar en contacto con ICE en casos específicos que involucren a inmigrantes indocumentados que representen un riesgo latente para la comunidad si vuelven a las calles.

La propuesta fue presentada por los supervisores Dave Cortese y Mike Wasserman tras el asesinato de Bambi Larson, una mujer de San José que presuntamente fue apuñalada en repetidas ocasiones por Carlos Eduardo Arévalo Carranza, un inmigrante salvadoreño que ya había sido deportado de Estados Unidos y que contaba con un amplio historial delictivo, además de ser un pandillero confeso. A esta iniciativa de modificar las políticas santuario del condado se sumaron más de una decena de jefes policíacos, quienes en el mes pasado enviaron una carta a la Junta de Supervisores explicando que la prohibición de cooperar con ICE a la que las agencias del orden están sujetas pone en riesgo a la población.

Pero entre los activistas y organizaciones defensoras de los inmigrantes la propuesta generó indignación y de inmediato fue calificada como una maniobra que busca demonizar a los inmigrantes, además de politizar una tragedia.

“No existe ninguna necesidad imperiosa de hacer el trabajo de ICE por ellos. Su moneda de cambio son el miedo y la intimidación. Estamos hablando del mismo ICE que ha mostrado cero remordimiento al separar a niños pequeños de sus padres en la frontera y que forma parte de una administración federal determinada en promover el odio y el racismo. Les imploramos mantener a ICE fuera de nuestras cárceles”, dijo durante esa reunión Molly O’Neal, defensora pública del condado de Santa Clara.

En fotos: el paso a paso de una detención de ICE en el estado con más indocumentados de EEUU

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