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Asilo Político

Abogados advierten que deportaciones bajo el Título 42 son una sentencia de muerte para migrantes

En una carta enviada al presidente Joe Biden, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración dice que cualquier extranjero que llegue a la frontera Estados Unidos-México, a un puerto de entrada o entre puertos de entrada, con o sin papeles, tiene derecho a pedir asilo.
Publicado 18 Ene 2023 – 01:56 PM EST | Actualizado 18 Ene 2023 – 02:24 PM EST
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Los planes para prohibir el tránsito de inmigrantes que huyen de sus países en busca de asilo y la decisión de expandir el uso del Título 42, “que no tiene absolutamente ninguna base en la ciencia médica o de la salud y socava gravemente la ley de Estados Unidos”, constituye una “inadmisible y potencialmente mortal” política fronteriza, dice la asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en una carta enviada al presidente Joe Biden.

La entidad, que agrupa a unos 17,000 miembros a nivel nacional, dijo que había decidido enviar la misiva “para expresar grave preocupaciones sobre el plan de su administración para emitir una nueva prohibición” en la frontera con México.

“Le instamos a que reconsidere y dé marcha atrás a esta decisión”, precisa el documento, enviado una semana después del anuncio hecho por el gobierno para regular la entrada de ciertos extranjeros al país al tiempo de prohibir la llegada de otros que ya se encontraban en camino o que tienen planes de hacerlo sin restricción alguna, como señala la ley vigente.

Recordatorio de promesas

En la misiva AILA le recuerda a Biden que durante su campaña en 2020 se pronunció “en contra de las políticas de su predecesor declarando que “los desafíos que enfrentamos no se resolverán con una 'emergencia nacional' constitucionalmente dudosa para construir un muro, separando familias o negando asilo a personas que huyen de la persecución y la violencia”.

Añade que, “desde que asumió el cargo, su Administración ha implementado reformas necesarias con urgencia para abordar la situación migratoria en frontera sur”. Entre las medidas se incluye la expansión de vías legales para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos “utilizando su autorización de libertad condicional establecida por el Congreso”.

Los ciudadanos de esos cuatro países podrán entrar a Estados Unidos si tienen un patrocinador que los pida o se encontraban en territorio mexicano al 6 de enero (día del anuncio) y soliciten una audiencia en la frontera a través de una aplicación móvil conocida como CBP One. Quienes no lo hagan de cualquiera de las dos formas, serán deportados de manera expedita bajo el Título 42, advierte el programa.

AILA considera el programa patrocinado y la aplicación como “inteligente”, pero advierte que, “con base en información preliminar”, el gobierno se dispone a no permitir a inmigrantes que vienen en busca de asilo si antes de llegar a la frontera cruzaron por un tercer país, una medida similar a la barajada en su momento por el gobierno anterior.

El plan de asilo para este grupo de inmigrantes “constituye un inadmisible y potencialmente mortal prohibición bajo la ley de Estados Unidos”, precisaron los abogados.

Qué dice la ley

La carta recuerda al presidente que “cualquier extranjero que esté físicamente presente en Estados Unidos o que llegue a Estados Unidos (por o entre puertos de entrada) puede solicitar asilo”.

“Esto es cierto independientemente de si su entrada es en un lugar puerto de entrada designado o no, así como el estatus que tiene el solicitante de asilo”, en referencia a los indocumentados. Y añade que la ley federal solo permite circunstancias muy limitadas cuándo el gobierno puede limitar este derecho de acceso al asilo”.

Los abogados argumentan además que, una de esas circunstancias señala que “la excepción de tercer país seguro no puede aplicarse sin un importante mejoramiento de las condiciones de los países de la región (México y Centroamérica)”. Y que, entre otros factores, “esta excepción exige que el tercer país seguro sea uno en el que el solicitante de asilo tenga acceso a un derecho pleno y justo procedimiento para determinar una solicitud de asilo o protección temporal equivalente, y que el solicitante de asilo no verá amenazada su vida o su libertad a causa de un motivo protegido”.

Ante este panorama, AILA puntualiza que, en estos momentos, “las condiciones en México, Guatemala, Honduras y El Salvador siguen siendo muy peligrosas y sus sistemas de asilo no logran proporcionar una revisión justa y significativa de las peticiones de protección que reciben”.

Razones de peso

En la carta dirigida a Biden los abogados mencionan que informes recientes del Departamento de Estado de México sobre prácticas de derechos humanos, “documentan informes del ataque y victimización de migrantes por parte de grupos criminales y en algunos casos por parte de la policía, oficiales de inmigración y funcionarios de aduanas, incluso en las fronteras terrestres y aeropuertos”, situación que pone en riesgo la vida y la seguridad de personas que huyeron de sus países y se dirigen hacia la frontera sur de Estados Unidos.

“Además, nuestros miembros informan casos en los que los solicitantes de asilo permanecieron temerosos en México y Centroamérica”, agrega. “Por ejemplo, una víctima de violencia doméstica guatemalteca temía que su pareja abusiva todavía podría llegar a ellos en México. En otro caso, una mujer transgénero permaneció en grave riesgo de peligro en
los países por los que pasó hasta que llegó a Estados Unidos”, se lee en el documento.

AILA dice que en ambos casos a estos inmigrantes se les concedió asilo en Estados Unidos y ambos tenían razones válidas por las que no podían permanecer en sus países de tránsito. “Una prohibición de tránsito probablemente les habría impedido obtener la protección legal que necesitaban desesperadamente y que finalmente recibieron bajo la ley estadounidense”, anotaron.

“Nos preocupa que cualquier excepción incorporada en la regla de prohibición de tránsito propuesta no ser legal o prácticamente suficiente para garantizar un acceso adecuado y significativo a inmigrantes adultos, familias y niños que solicitan protección en Estados Unidos”.

“Le instamos a usted y a su gobierno detener esta regulación propuesta”, concluye la misiva.


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