Denuncian "terribles" condiciones en centros de detención de niños no acompañados

“Las denuncias de malos tratos son similares a las registradas durante el gobierno anterior” en centros de detención de menores no acompañados, revela un informe del Proyecto de Responsabilidad del Gobierno (GAP) publicado el martes en momentos que la Casa Blanca se prepara para el retiro del Título 42 del Código de Estados Unidos en la frontera con México, previsto para el 23 de mayo.

Basado en denuncias hechas por exempleados de al menos tres centros de admisión de emergencia (EIS) bajo el mando del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) y operados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), el GAP pidió al Congreso y a las agencias federales de supervisión “que investiguen y evalúen si se han abordado y remediado las terribles condiciones en las que se encuentran Menores No Acompañados en Fort Bliss y otras instalaciones”.

El reporte agrega que las denuncias de malos tratos “son similares a las registradas durante el gobierno anterior, cuya política migratoria de ‘tolerancia cero’ fue severamente cuestionada dentro y fuera de Estados Unidos.

Temores fundados

El GAP teme que después del 23 de mayo, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) levante la restricción impuesta en marzo de 2020 por el Título 42, que ha permitido en 25 meses la deportación acelerada de unos 2 millones de inmigrantes por razones de seguridad sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus.

“Hasta la fecha, se han presentado y publicado tres revelaciones de denunciantes”, indica el reporte. “Revelan una grave mala gestión, caos y condiciones negligentes perjudiciales para la salud y la seguridad de los niños en Fort Bliss y otros EIS administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos a través de su Oficina de Reasentamiento de Refugiados”.

La semana pasada los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron el fin de la implementación del Título 42 y el DHS dijo que la controversial política será suspendida el 23 de mayo.

Poco antes, fuentes de ese departamento anticiparon que elaboraba estrategias para atender un flujo masivo de migrantes en la frontera que van desde los 6,000 a los 18,000 extranjeros diarios en busca de asilo.

Las denuncias

Entre las denuncias, el reporte cita el testimonio de Kaitlin Hess, una funcionaria federal de carrera quien fue voluntaria en el centro de admisión de emergencia de Fort Bliss entre mayo y junio del año pasado.

La revelación de Hess denuncia el uso de un software de gestión de casos defectuoso, “que dio lugar a que 700 niños separados forzosamente tuvieran que esperar durante períodos de tiempo desconocidos sin haber visto nunca a un administrador de casos para facilitar la reunificación con su familia”.

Hess también denunció “errores flagrantes en los procedimientos de alta”, donde algunos niños figuraban como dados de alta, “pero todavía estaban bajo la custodia del HHS en el sitio”.

El reporte también incluye “errores de gestión de procesos que resultaron en al menos un caso de casi separación familiar, con un miembro menor de la familia siendo despedido mientras que otro se vio obligado a quedarse”.

Falta de coordinación

Los denunciantes también mencionan la “incompetencia alarmante de los contratistas que no podían completar las tareas básicas sin el apoyo de los funcionarios federales”.

“De hecho, cuando un administrador federal impidió que los empleados llenaran manifiestos de transporte, los contratistas no podían completarlos” y también citan riesgos de seguridad, “incluidos niños que usan sandalias cerca de maquinaria pesada en una zona de construcción”.

El GAP dijo que el HHS “no ha proporcionado ninguna respuesta que indique una mejora significativa de las condiciones en los EIS. “No nos queda claro si el HHS y la ORR han aprendido mucho o algo de las debacles del año pasado. Le instamos a que investigue más a fondo y evalúe si ha habido un progreso significativo. El bienestar de miles de niños sigue en juego”, concluye el reporte.

“El año pasado, los niños se perdieron en sistemas de gestión de casos defectuosos, los contratistas que no tenían experiencia trabajando con niños administraron la operación y los niños fueron encerrados durante meses en tiendas de campaña gigantes sin satisfacer sus necesidades básicas”, dijo Dana Gold, abogado principal del Proyecto de Responsabilidad Gubernamental.

Cuestionan a Becerra

Simultáneamente a la publicación de la denuncia del GAP, el senador Bob Menéndez /demócrata por Nueva Jersey), miembro principal del Comité de Finanzas de la Cámara Alta, cuestionó al gobierno sobre los planes para poner fin al Título 42 en la frontera sur el 23 de mayo.

Menéndez también le preguntó al secretario del HHS, Xavier Becerra, qué está haciendo ese departamento “para cerrar los sitios de admisión de emergencia que albergan a menores no acompañados”, previendo el levantamiento de las restricciones en la frontera con México.

El senador por Nueva Jersey dijo que estaba “particularmente” preocupado por el papel del HHS para asegurarse de que los migrantes y los niños no acompañados bajo su cuidado sean tratados con dignidad y justicia.

“El Título 42 se está utilizando para evadir nuestras leyes de asilo. Tenemos una ley en papel. Es nuestra obligación internacional, no sólo nacional. Fue abominable con el presidente Trump y es abominable con el presidente Biden”, dijo Menéndez al interrogar a Becerra durante la audiencia del Comité de Finanzas.

Hasta ahora el HHS no ha revelado un protocolo de trabajo a implementarse después del 23 de mayo y agregarlo a los planes de contingencia que elabora el DHS para atender la llegada de miles de migrantes en busca de asilo, entre ellos Menores No Acompañados.

Los EIS de Biden

Los Centros de Admisión de Emergencia (EIS) para menores no acompañados fueron anunciados en marzo del año pasado por el gobierno de Biden para acomodar a niños que cruzan solos la frontera con México y vienen en busca de asilo en Estadios Unidos.

Se trató de una estrategia aliviar el hacinamiento en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza y transferir a los menores al cuidado del HHS en cumplimiento a lo dispuestos tanto en el Acuerdo Flores de 1997 como en la ley de prevención de tráfico humano de 2008.

Debido al alto número de menores que estaban llegando, con la errónea ilusión de que el nuevo gobierno abriría las fronteras, pronto las instalaciones disponibles se vieron sobrepasadas en su capacidad y la Casa Blanca pidió ayuda al Departamento de Defensa.

Las instalaciones de Fort Bliss, ubicadas cerca de El Paso, Texas, así como la Base de la Fuerza Aérea Lackland, en San Antonio, acomodaron sus instalaciones para albergar hasta 5,300 camas.

Por ley el gobierno no pude privar de libertad a menores en centros de detención federales y un juez de inmigración debe decidir sus futuros en Estados Unidos.

A su vez, solo deben permanecer hasta 72 horas en instalaciones de la Patrulla Fronteriza y luego ser trasladados al cuidado del HHS quien, si no haya familiares para entregarlos a su custodia, los envía al cuidado de la ORR.

Univision Noticias pidió a la Casa Blanca una reacción al informe del GAP. Al cierre de esta nota no había respuesta.