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Inmigrantes indocumentados

Alarma por incremento de casos de COVID en centro de detención de ICE en Washington

El inmigrante indocumentado Israel Arrascue (44) lleva más de dos años privado de libertad en el Centro de Detención del Noroeste (NWDC) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Tacoma, Washington. En agosto del año pasado se contagió de COVID-19 y sobrevivió. Pero ahora teme que con la nueva variante de ómicron vuelva a enfermarse y perder la vida. Su caso no es el único.
Publicado 7 Ene 2022 – 03:13 PM EST | Actualizado 7 Ene 2022 – 03:44 PM EST
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El inmigrante indocumentado Israel Arrascue (44) lleva más de dos años (26 meses) privado de libertad en el Centro de Detención del Noroeste (NWDC) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Tacoma, Washington. En agosto del año pasado se contagió de COVID-19 y sobrevivió. Pero ahora teme que con la nueva variante de ómicron vuelva a enfermarse y perder la vida.

“Él no está vacunado porque todo eso le parece una farsa”, dice su exesposa, Liliana, quien a pesar de la separación sigue brindándole apoyo. “No quiere hacerlo y asegura que, si mejora la higiene en el centro, así como la alimentación y cumplen con las reglas de distanciamiento social, no estaría expuesto. Pero la realidad en esa cárcel es otra”, indica.

A la pregunta si hay miedo entre los demás internos, ella dice que sí. “Todos están expuestos al virus, personas vacunadas y no vacunadas. El problema es que después de infectarse, las autoridades dicen que la protección dura seis meses. Israel cumplirá ese período de protección en febrero y nadie sabe si se infectará nuevamente”.

Arrascue quedó con algunas secuelas de la enfermedad causada por el covid-19. “Todavía tiene dificultades para respirar, se cansa y se le olvidan algunas cosas”, cuenta su exesposa. “Lo ayudo porque sigue siendo parte de mi familia”.

Aumento de contagios en centro de ICE

El temor al contagio no es infundado en medio de la ola por ómicron. Entre finales de diciembre y el 5 de enero en el centro de detención de ICE en Tacoma se han registrado “21 casos entre empleados e internos”, dice Maru Mora Villapando, de la organización La Resistencia, un grupo que ayuda a proteger los derechos de los inmigrantes en la costa oeste de Estados Unidos.

“Los contagios confirman nuestros temores y las advertencias que durante meses venimos haciéndole a las autoridades”, agrega.

Mora dice que la mayoría de los infectados corresponden a trabajadores del centro pertenecientes a la compañía privada de prisiones GEO Group, “encargada de manejar el centro de detención, y también de ICE Health Services Corps (IHSC), que se encarga de proveer servicios de salud en el centro”.

Los datos respecto al número de contagios fueron proporcionados por ICE como parte de un arreglo judicial de transparencia alcanzado en 2020 tras una demanda interpuesta por La Resistencia. La agencia federal entrega a una corte federal del estado de Washington información actualizada sobre casos de COVID-19 hallados en el centro.

Que paren los encierros

La Resistencia demanda al gobierno lo mismo que viene haciendo desde marzo de 2020 durante el gobierno anterior, que ponga en libertad a los internos y evite la propagación de la pandemia en el centro de detención de ICE.

“La taza de COVID-19 dentro del centro de detención confirma las advertencias de los mismos inmigrantes detenidos, quienes han dicho que el tránsito del personal presenta el mayor riesgo a su salud”, dice la organización.

Advierte que los datos de ICE “no revelan información de vacunación sobre individuos con COVID-19, por lo cual no se sabe si estos nuevos casos están emergiendo entre una población no vacunada del personal de NWDC”.

El grupo de asistencia indica además que “está en constante comunicación con inmigrantes detenidos en el centro de detención, y en base a la información proveída por gente detenida, hay cuatro unidades con al menos 90 personas en cuarentena esta semana”.

“Dados varios problemas de comunicación, La Resistencia cree que el número de unidades en cuarentena es mayor al provisto por las personas con las que La Resistencia mantiene comunicación”, señala.

Sin distanciamiento social en el centro de inmigrantes

En septiembre del año pasado, tras infectarse con COVID-19, Arrascue dijo a Univision Noticias que “aquí (en el Centro de Tacoma de ICE) no existe el distanciamiento social” y que “los dormitorios están llenos. Si alguien se enferma acude a la enfermería y recién ahí le hacen una prueba de COVID-19”.

“Yo lo que pido es que me dejen salir y esperar en libertad la resolución de mi caso. Sufrí de asma y soy pre-diabético. Tengo miedo de volver a infectarme y perder la vida en este lugar”, agregó.

El inmigrante, pese a reconocer el error cometido y por el cual está detenido, dice que “por un error uno es considerado como que no tiene chance de pelear su caso afuera y huir del COVID-19. Pero muchos de los que estamos aquí no somos personas de alto riesgo y tenemos miedo de morirnos aquí”.

“Sólo pedimos que mientras revisan nuestros expedientes nos dejen salir. Aquí hay gente mayor de 70 años y otros que llevan más tiempo que yo encerrados, hasta cinco años. Y ni la edad no el tiempo los protege del coronavirus. Esto es una situación terrible”.

Pecado capital

A pesar de los ruegos y las insistencias de Arracue y su exesposa, las probabilidades de liberación del inmigrante son inciertas y también escasas.

“El cargo por crimen contra la moralidad de la sociedad (solicitar prostitución) es un delito que tiene consecuencias migratorias serias”, advierte Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Antes no era penalizado. Pero después de los cambios a la ley de inmigración de 1996, este delito puede causar la deportación y la pérdida del derecho de permanencia en Estados Unidos”, indicó.

Gálvez dijo además que el solicitar prostitución “es uno de los cinco pecados capitales”, una falta “frecuente” entre muchos indocumentados. Los otros cuatro pecados capitales que abren la puerta de la deportación son: violencia doméstica, posesión de drogas para uso personal, robo y manejas borracho o bajo los efectos de drogas (DUI).

Mora dice que “muchos detenidos ya cumplieron sus penas y fueron liberados porque no constituyen una amenaza a la seguridad pública. Pero el gobierno los detuvo y están en proceso de deportación. Algunos son adultos con problemas médicos, con enfermedades preexistentes que, si les da COVID-19, sus vidas están en peligro”.

Agregó que bajo las prioridades de Biden anunciadas al comienzo de su mandato, “estas personas no deberían estar detenidas”. Y que muchos que permanecen detenidos, incluso desde antes del inicio de la pandemia, están expuestos a contraer la enfermedad y colocar sus vidas en riesgo. Estamos preocupados por todos ellos”.

El último reporte

De acuerdo con el último reporte de ICE, fechado el 5 de enero, la agencia federal ha llevado a cabo desde abril del 2020 un total de 487,587 pruebas de COVID-19 en sus instalaciones y se registraron 32,771 casos positivos. De ellos, hay 938 casos activos y se reportan 11 fallecimientos.

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